Leticia Núñez (ALN).- La enorme trama corrupta de Odebrecht ha sacudido a la clase política latinoamericana. Sin embargo, solo es el último ejemplo de corrupción. La lista de expresidentes en el punto de mira por malversación de fondos públicos es un pesado lastre tanto en América Latina como en España. Ninguno se libra. De México DF a Tierra de Fuego. De Barcelona a Sevilla. En el último año y medio, América Latina ha visto a un presidente obligado a dimitir, a una jefa de Estado apartada de sus funciones y a una exmandataria cada vez más cerca de un proceso judicial. En España, la situación no varía demasiado. El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está siendo investigado por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Mientras, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, y sus siete hijos también están imputados por un delito continuado de blanqueo.
El último caso de corrupción tiene como protagonista al gigante de la construcción Odebrecht. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga los sobornos que la empresa brasileña habría realizado a funcionarios públicos del gobierno de 12 países durante los últimos 20 años para obtener contrataciones públicas a cambio. La inmensa trama sacudió rápidamente la política brasileña al más alto nivel ya que tanto el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, sus antecesores, se han visto implicados en el escándalo.
El ‘caso Odebrecht’ ha salpicado a importantes figuras de la política latinoamericana, como Juan Manuel Santos o Alejandro Toledo
La onda expansiva, lejos de limitarse a las fronteras brasileñas, ha alcanzado al resto de la región. Importantes figuras de la política latinoamericana, entre las que se incluyen el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos o el exmandatario de Perú Alejandro Toledo, también están en el punto de mira. Es el último ejemplo de macrocorrupción, un lastre muy pesado a ambos lados del Atlántico.
Al margen del ‘caso Odebrecht’, ocho expresidentes latinoamericanos están contra las cuerdas. Entre ellos, los ya citados Rousseff y Lula da Silva. La primera fue destituida por el Senado de Brasil el pasado 1º de septiembre. La expulsaron del cargo por maquillar las cuentas públicas. Al segundo le denunció la Fiscalía de Sao Paulo por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Una acusación que supuso un golpe más para un exmandatario que también está bajo investigación por la supuesta posesión de un lujoso apartamento en el puerto turístico de Guaruja (estado de Sao Paulo). El piso pertenecería a una compañía constructora envuelta en un escándalo de corrupción por ser beneficiaria de contratos con Petrobras a cambio de favores políticos.
Además, y según El País, diversas filtraciones (las confesiones de los más de 70 altos cargos están bajo secreto de sumario) apuntan que el actual presidente, Michel Temer, habría aceptado en la terraza de su palacio más de tres millones de euros para su campaña electoral. Para remate, el exministro de Economía de Lula y Rousseff, Guido Mantega, fue detenido el pasado septiembre acusado de hacer de intermediario para el pago de sobornos en la petrolera estatal.
Asedio a Cristina Fernández de Kirchner
El expresidente Pérez Molina fue acusado de manejar una red corrupta en las aduanas de Guatemala / Flickr: OEA-OAS
Los tribunales argentinos, por su parte, cercaron en diciembre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez Ercolini la procesó por la presunta formación de una asociación ilícita que, según la resolución a la que tuvo acceso The New York Times, “operó entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 y fue creada para cometer crímenes como apropiarse ilegal y deliberadamente de los fondos asignados a obras viales”. El fallo incluyó un embargo de 666 millones de dólares (aproximadamente 624 millones de euros) contra la exmandataria. Fernández de Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, rechazó cualquier irregularidad y calificó sus problemas legales como una persecución política emprendida por su sucesor y rival, Mauricio Macri. Es el segundo procesamiento judicial contra la expresidenta desde que abandonó el poder.
En Guatemala, una ola de indignación popular forzó la caída de Otto Pérez Molina. El general tuvo que dejar la presidencia en septiembre de 2015 acosado por un “imparable” escándalo de corrupción, según informó el periódico El País. El Congreso de su país aprobó, con 130 de 158 votos posibles, que se le llevara a juicio tras ser acusado de manejar una red corrupta en las aduanas guatemaltecas. Habría más de 200 particulares y funcionarios implicados.
¿Dos expresidentes en la cárcel?
Perú tampoco se libra de este mal endémico. Si a Alan García todavía se le investiga por supuesta corrupción en su administración (su Gabinete renunció en bloque por el escándalo del ‘Petrogate’), el expresidente Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo exmandatario peruano preso, tras Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía Anticorrupción de Perú ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Toledo, presidente entre 2001 y 2006. Se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares (aproximadamente 18,7 millones de euros) en sobornos de Odebrecht, empresa a la que habría favorecido para las obras de una carretera que une el país con Brasil.
En El Salvador, Elías Antonio Saca, que gobernó de 2004 a 2009, también está siendo investigado por distintos escándalos de malversación de fondos públicos. De hecho, fue detenido el pasado mes de octubre cuando se encontraba en la boda de uno de sus hijos, acusado de lavado de dinero, tenencia de documentos falsos, encubrimiento, malversación, tráfico de influencias y evasión de impuestos, entre otros. Un cable de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador filtrado por WikiLeaks afirmaba que la corrupción en el gobierno de Saca “se había pasado de los límites”.
Jaume Matas pasará a la historia como el responsable político de mayor rango encarcelado por corrupción en España
Sin embargo, Saca no es el único exmandatario de El Salvador salpicado por la corrupción. Su sucesor, Mauricio Funes, presidente entre 2009 y 2014, también está bajo la lupa de la justicia. Está involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito y se le congelaron algunos activos, incluyendo cuatro cuentas bancarias.
Cerca de El Salvador, en Honduras, Rafael Callejas reconoció haber cometido actos de corrupción en su época como dirigente de la Federación de Fútbol hondureña y también fue señalado por distintas irregularidades cuando ocupó la Presidencia del país entre 1990 y 1994. En la lista infinita de la corrupción tampoco faltan nombres como el de Jean-Claude Duvalier. Con su muerte en 2014, quedó en suspenso el proceso judicial que los tribunales haitianos seguían en su contra por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su gobierno y el desfalco a las arcas del país.
Un último nombre: Carlos Andrés Pérez. Quien ejerciera el cargo de presidente de la República de Venezuela en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993), acabó dimitiendo acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación. Pérez, que falleció en 2010, será recordado como el presidente de la bonanza petrolera, “carismático e influyente” según la revista Semana, pero también como el único mandatario venezolano condenado, hasta ahora, por corrupción.
Tres procesados cada día por corrupción
Rato es investigado delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares / Flickr: FMI
En España, 1.378 personas fueron procesadas por corrupción entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, es decir, 91 personas al mes y tres procesados cada día. Son cifras de la primera base de datos pública sobre los delitos de corrupción en España, presentados por el Consejo General del Poder Judicial. Entre ellos, se encuentra el que fuera vicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI, Rodrigo Rato. El juez de Madrid Serrano-Artal investiga al expolítico del Partido Popular por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Esta misma semana la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria entregó un informe al Juzgado número 31 de Madrid en el que acusan a Rato de no declarar en el IRPF rentas por un importe de unos 14 millones de euros (aproximadamente 14,9 millones de dólares) entre 2004 y 2015. Según el periódico El País, las cuotas presuntamente defraudadas rondan los 6,8 millones.
Sin salir del PP, Jaume Matas pasará a la historia como el responsable político de mayor rango encarcelado por corrupción. Al menos por ahora. El expresidente del Gobierno balear pisó la cárcel por primera vez en julio de 2014 por tráfico de influencias en el ‘caso Palma Arena’, un recinto deportivo que costó más del doble del presupuesto inicial. Esta semana el juez también envió al banquillo de los acusados al que fuera ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por financiar al PP balear con dinero negro. En total, todavía tiene abiertos 10 procesos judiciales por 12 delitos de presunta corrupción.
Una exministra salpicada por la Gürtel
Y de exministro a exministra. Ana Mato terminó dimitiendo en noviembre de 2014. Casi cinco años y medio después de su estallido, el ‘caso Gürtel’ se cobró con la extitular de Sanidad su pieza política de mayor nivel. La red corrupta pagó viajes y fiestas a la familia de Mato, muy cercana a Mariano Rajoy, durante seis años. La exministra declarará este lunes como partícipe a título lucrativo en los beneficios que obtuvo su exmarido de la trama de Francisco Correa.
Cristina Fernández de Kirchner asegura que sus problemas legales son una persecución política emprendida por su sucesor Mauricio Macri
Pero la corrupción en el PP no se ha limitado a algunos de sus cargos. En enero de 2016, se convirtió en el primer partido político imputado de la historia de la democracia en la causa abierta por la destrucción y borrado de los discos duros de los dos portátiles con los que trabajaba su extesorero Luis Bárcenas. Mientras que al PP le pesan los casos Gürtel, Bárcenas, Nóos, Taula, Púnica o Acuamed, la trama con mayor número de políticos implicados es la de los ERE de Andalucía, asociada al PSOE.
La lista de políticos españoles salpicados por escándalos de corrupción guarda un espacio significativo para el clan Pujol. Desde octubre de 2015, toda la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña está imputada. Jordi Pujol, uno de los hombres clave de la política española durante la Transición y los primeros años de la democracia, está siendo investigado por un delito continuado de blanqueo de capitales después de que en julio de 2014 comunicara que había regulado la fortuna que mantuvo oculta en Andorra durante 34 años. Aunque remite el origen del patrimonio a unos bienes en el extranjero que su padre le dejó como herencia, los investigadores estiman en 1.800 millones de euros (aproximadamente 1.910 millones de dólares) la fortuna del clan Pujol, una especie de agujero sin fondo. Es, desgraciadamente, la rutina de la corrupción.
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