El caso Odebrecht marcará un antes y un después para la justicia en América Latina

Es muy probable que cuando pasen los años y se vea hacia atrás el megaescándalo Odebrecht termine siendo muy positivo para Latinoamérica. Las revelaciones públicas del fenomenal entramado de sobornos y favores de la constructora brasilera están destruyendo reputaciones, carreras y proyectos políticos; sembrando más indignación y descreimiento de los ciudadanos hacia sus gobernantes; pero al mismo tiempo está fortaleciendo a ese pariente pobre de las instituciones públicas del subcontinente: el Poder Judicial.

Gracias a Odebrecht los jueces y fiscales son los protagonistas de la vida pública de varios países de la región. Tienen que hacer, o intentar hacer, bien su trabajo, y ésta es una buena novedad.

El caso Odebrecht no tiene el mismo trato en todos los países

Por supuesto, no es así en todas partes, porque frente a las revelaciones hay dos grupos de países. Aquellos donde las denuncias están teniendo consecuencias concretas porque hay investigaciones oficiales en curso, con acusaciones ante los tribunales, e incluso ordenes de arresto que incluyen a ex altos funcionarios, y aquellos otros países donde los órganos jurisdiccionales correspondientes no se han hecho eco de las denuncias o abiertamente las han rechazado.

La increíble red internacional de sobornos de Odebrecht fue posible porque había un campo propicio

En el primero grupo destacan Brasil, Perú, Colombia, Panamá y México. En el segundo Venezuela, Bolivia y Ecuador.

La diferencia de trato del caso Odebrecht en estos países estriba en que mientras en los últimos, en algún momento más o menos reciente de su vida democrática, los gobernantes actuales tomaron el control del sistema judicial por la vía del procedimiento constituyente, en los primeros no fue así.

De modo que, por ejemplo, mientras en Venezuela los tribunales y la Fiscalía no han iniciado indagatorias ante la lluvia de revelaciones, en Brasil todo el sistema político se está estremeciendo.

Flickr: Wikimedia

Según los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015, lo que haría de este país el segundo mercado latinoamericano de la constructora después de Brasil. Por otra parte, es más que conocida la estrecha relación política entre los exmandatarios Hugo Chávez y Lula da Silva. Sobre este último pesan en su país acusaciones de haber utilizado su cargo de presidente para hacer de promotor de negocios del conglomerado brasilero.

En Perú un juez que investiga al expresidente Alejandro Toledo por supuestamente haber recibido sobornos de 20 millones de dólares por parte de la constructora, ha ordenado prisión preventiva en contra de éste. Por su parte el Gobierno de Colombia afirma que está tratando de sacar del país a la empresa brasilera y la Cámara Colombiana de Infraestructura, el mayor grupo de empresas de infraestructura del país, la expulsó de su organización. Por lo pronto las acusaciones salpican al excandidato presidencial del uribismo y exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. 

Odebrecht sobornó en un terreno fértil

Pero más allá de esto, lo cierto es que la increíble red internacional de sobornos de Odebrecht fue posible porque había un campo propicio.

Con instituciones muy débiles desde los tiempos de la Independencia, el Poder Judicial siempre ha sido el lado más frágil de las repúblicas latinoamericanas. Las guerras civiles, los golpes de Estado, los frecuentes cambios de las Constituciones, los gobiernos autoritarios y las dictaduras crearon las condiciones para el establecimiento de una concepción patrimonialista del poder político, según la cual los bienes públicos pasan a ser considerados como propios por parte del gobernante de turno con total impunidad.

Cuando un nuevo grupo de poder sustituía a otro, por la vía violenta o electoral, lo desplazaba no solo del poder político, también del poder económico. Ocurrió así con la Revolución Mexicana, con la Revolución Sandinista, con el peronismo en Argentina cuando llegó y cuando lo sacaron de la Casa Rosada. Y también cuando los militares brasileros derrocaron a João Goulart en 1964.

Gracias a Odebrecht los jueces y fiscales son los protagonistas de la vida pública de varios países de la región

El asentamiento de la democracia desde los años 80 del siglo pasado en la mayoría de los países de la región creó expectativas de que la era de los regímenes arbitrarios y corruptos terminaría. Pero como sabemos, la democracia no evita la corrupción, simplemente permite a la opinión publica denunciarla, y si hay jueces que se atreven, sancionarla.

Justamente es eso lo que ha venido pasando en Brasil y Perú, y podría acontecer próximamente en Colombia.

El auge económico latinoamericano de los últimos 15 años abrió enormes oportunidades de negocios para empresas como Odebrecht; pero también fueron los años de la caída más importante de la pobreza en la historia de esas sociedades, y del auge de una clase media que se ha hecho más exigente y menos tolerante a los abusos de los mandatarios de turno.

Pedro Benítez es historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Hoy se sabe que el gigante brasilero de la construcción tenía casi tres décadas de prácticas corruptas para obtener beneficios en contrataciones públicas. La extensión del caso es asombrosa e incluye países de dos continentes: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador. No guardó distinciones ideológicas o políticas. Odebrecht sobornó a políticos en el gobierno y en la oposición. A los que estaban y a los que venían, sin importar si eran de centro, izquierda o derecha.

La empresa incluso tenía una división dedicada a pagar sobornos. Así sería la sensación de impunidad que su red de contactos políticos le brindaba. Pero la parte positiva de esta historia es que es impunidad se acabó.

@PedroBenitezF