Zenaida Amador (ALN).- En Venezuela la inestabilidad alcanza niveles límite y los brotes de descontento, con protestas y saqueos en varias regiones del país, aumentan a diario ante lo cual Nicolás Maduro, cada vez más alejado de la línea democrática, ha optado por meter directamente la mano en el bolsillo de las empresas privadas con el fin de garantizar sus menguados programas sociales y crear una ilusión de señorío cuando en verdad el país entero parece salirse de control.
Desde inicios de abril quedaba claro que venía una arremetida de las autoridades contra Empresas Polar, la principal compañía privada de Venezuela, que finalmente llegó encubierta bajo el manto de la lucha contra la especulación. La medida también alcanzó a Plumrose de Venezuela y al Consorcio Oleaginoso Portuguesa (COPOSA). Un fuerte golpe del régimen para mostrar control y decirle al país que con sus “medidas drásticas” se evitará que suba la inflación y se garantizará la oferta de alimentos, un discurso hueco que para los venezolanos solo vaticina lo peor: la agudización de la escasez y una carrera alcista de los precios.
De hecho, a pocas horas de que los funcionarios de Nicolás Maduro intervinieran en estas empresas del sector agroalimentario y aseguraran que el Estado comenzará a controlar la venta de sus productos, regresaron las colas de consumidores a las puertas de supermercados y abastos que operan por restricciones por la cuarentena para tratar de comprar los alimentos básicos que temen desaparecerán pronto del mercado. Así también, de inmediato, comenzaron las ventas limitadas por persona.
Para la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), estas recientes acciones de Maduro son “un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos”. La arremetida no augura nada bueno.
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Jugar en contra de la empresa privada
En el inicio de la cuarentena en Venezuela a mediados de marzo, el régimen de Nicolás Maduro dijo que escucharía al sector privado para buscar opciones para compensar el impacto de la crisis y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, las peticiones sustanciales del empresariado fueron desoídas. Al contrario, el sector quedó afectado por la parálisis general de actividades impuesta en el país para contener la expansión del coronavirus, sin acceso al crédito, con las mismas cargas impositivas y sin garantizarle lo mínimo para sostenerse: agua, electricidad y combustibles.
Más allá de estos factores que agravan las condiciones operativas de un sector privado destruido tras seis años de recesión, las autoridades decidieron retomar la práctica de financiarse con emisión monetaria dado el desplome en los ingresos, echando gasolina a la hiperinflación.
El petróleo, que es la principal fuente de ingresos de Venezuela, se vende por debajo de los 10 dólares por barril, lo que no solo no cubre los costos de producción, sino que no da margen para que el régimen de Maduro sostenga su esquema de canje de hidrocarburos por alimentos y gasolina, con el que pudo bandearse durante 2019.
Este elemento, más la escasez de divisas y la incertidumbre añadida por el factor del Covid-19 en un país con el sistema de salud destruido, terminó una escalada del dólar en las últimas semanas. En lo que va de año la paridad oficial del dólar ha experimentado una variación de 252%. La aceleración de los precios se ha dado en simultáneo y se proyecta que la tasa anual será de 15.000%.
El país está paralizado por la cuarentena, con bloqueos territoriales que limitan el libre tránsito y sumido en una aguda escasez de combustible que no solo afecta al ciudadano en su cotidianidad, sino que limita la producción agropecuaria, la movilización de insumos y cosechas, el procesamiento en las pocas industrias nacionales que se mantienen en pie y la distribución a los puntos de venta.
Así, en este contexto, la respuesta de Maduro es intervenir empresas. No hay que olvidar el cementerio de empresas estatizadas e intervenidas durante la gestión de Hugo Chávez, una de las estocadas más severas al aparato productivo nacional.
En guerra hasta en cuarentena
La crisis arrecia y las perspectivas no son alentadoras. Los funcionarios de Maduro dejaron en claro que parte de la producción de las agroindustrias intervenidas pasará a los CLAP, que es el programa de distribución controlada de alimentos que hace el régimen.
En un país sumergido en la recesión y en la hiperinflación este programa había logrado alta importancia. En 2018, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada por las principales universidades del país mostró que en lo segmentos más pobres existía una alta dependencia de los CLAP. De hecho, en la medida en que la crisis económica se acentuaba más aumentaba esa dependencia.
El país está paralizado por la cuarentena, con bloqueos territoriales que limitan el libre tránsito y sumido en una aguda escasez de combustible que no solo afecta al ciudadano en su cotidianidad, sino que limita la producción agropecuaria, la movilización de insumos y cosechas, el procesamiento en las pocas industrias nacionales que se mantienen en pie y la distribución a los puntos de venta.
Esto dio lugar a la creación del llamado Carnet de la Patria, sin el cual no se puedo optar a los alimentos de los CLAP, y que se convirtió en un instrumento de control social del régimen de Maduro a nivel. Pero la escasez de recursos terminó por jugar en contra de su propia estrategia, y cada día se le hacía más cuesta arriba garantizar las “cajas CLAP”.
Evaluaciones focalizadas de Caritas de Venezuela, hechas en zonas populares alcanzadas por esta organización, mostraban que 93% de los hogares llegó a tener acceso a los CLAP hacia fines de 2018, pero un año después esa porción se redujo a 48%.
Según la ONG Ciudadanía en Acción, en enero de 2019 el peso de las cajas CLAP era de 15,5 kilos, pero en el último trimestre del año el peso se acercaba a los 10 kilos, con el agravante de que el aporte nutricional también bajaba. Estima Ciudadanía en Acción que el requerimiento familiar es de 2.500 kilocalorías, pero las cajas pasaron de aportar un 27,79% de dicho requerimiento a solo 10%.
En paralelo, el tiempo promedio de entrega pasó de cada 33 días a cada 48 días y el número de cajas repartidas pasó 6 millones a 2,5 millones mensuales al cierre de 2019.
Para Maduro, aun en tiempos de pandemia, la prioridad es su sostenimiento en el poder y en este momento de agudo descontento social parece haber encontrado en la intervención de la actividad privada una vía para mantener su sistema de control ciudadano y de distribución focalizada de alimentos para su población objetivo.
Vuelta a los controles de precios
Aun en medio de una aguda crisis económica, en 2019 el país tuvo un ligero respiro gracias a la flexibilización en los controles que aplicaba el régimen de Maduro, los cuales implicaban castigos para quienes gestionaban divisas fuera del coto estatal y obligaban a producir a pérdida. Movido por el pragmatismo, Maduro dejó de lado estas prácticas y estimuló una dolarización desordenada de la economía, gracias a la cual disminuyó la escasez, aunque sin resolver el agresivo empobrecimiento del grueso de la población.
Ahora, cuando la crisis global del Covid-19 conduce a uno de los peores ciclos económicos de la historia, Maduro decide regresar a los controles. Reactivó su Ley de Precios Acordados para fijar los importes de venta de 27 rubros básicos, que entrarán en vigor desde este lunes.
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Esta otra decisión de Maduro tampoco permite esperar buenos resultados. La lista de precios no oficial que ha circulado muestra valores referenciales en dólares, que se transarían en bolívares a la tasa cambiaria oficial que referencia el Banco Central de Venezuela. Muchos de los precios están por debajo de los que actualmente tienen esos productos en el mercado, lo que ya enciende señales de alarma.
Además, los 27 rubros, donde hay desde latas de atún de 170 gramos, pasando por un kilo de carne de res, un litro de leche pasteurizada y hasta 500 gramos de mayonesa, tienen un valor conjunto de 32,65 dólares, pero el salario mínimo mensual equivale a 1,4 dólares.
