María Rodríguez (ALN).- Estados Unidos tiene que decidir si renueva o no la participación de Ecuador en el sistema de exención de aranceles que expira el 31 de diciembre. En contra de Ecuador juegan las presiones de la petrolera Chevron, que busca cuestionar la elección de este país por un litigio que se remonta a 2011. Sin este sistema arancelario, 300 productos ecuatorianos serían gravados con 80 millones de dólares.
Se le acumulan los retos al gobierno de Lenín Moreno. Al de enderezar una economía en rojo se suma la incertidumbre sobre la decisión de Estados Unidos de renovar o no la participación de Ecuador en el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que expira el 31 de diciembre. “Este sistema [de EEUU] funciona como una exención unilateral de los aranceles a la importación de determinados productos que proceden de ciertos países en desarrollo”, explica en un informe el banco de inversiones Torino Capital.
Según el reporte del banco, a pesar de que Ecuador ha estado ejerciendo presión para mantenerse en el tratado -como la visita del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, a EEUU en su gira mundial en busca de inversión-, hay una iniciativa liderada por Chevron Corporation que busca cuestionar la continuidad basándose en asuntos legales.
En 2017 las exportaciones promedio mensuales de Ecuador a Estados Unidos fueron el 32,9% del total
En 2017 las exportaciones promedio mensuales de Ecuador a Estados Unidos fueron de 514 millones de dólares, es decir, el 32,9% del total. El GSP se aplica actualmente a más de 300 productos ecuatorianos, cuyo valor representa 400 millones de dólares al año en exportaciones. De no ser incluido Ecuador en el sistema, estos productos serían gravados con 80 millones de dólares en impuestos, de acuerdo a datos de la Federación de Exportadores Ecuatorianos recogidos por Torino Capital.
“El GSP tiene que ser periódicamente reautorizado por el Congreso de Estados Unidos para todos los participantes designados”, explica el reporte del banco, firmado por el economista jefe Francisco Rodríguez. En este sentido, el gobierno de Donald Trump expresó su apoyo a la renovación, lo cual, para Torino Capital, “hace probable una aprobación definitiva por parte del Congreso”. Ahora bien, el Ejecutivo estadounidense también señaló que piensa “revisar de forma más exhaustiva la elección de los países participantes en el programa, lo cual pudiera afectar a Ecuador”, avanza el informe y aquí entra en juego el litigio de Ecuador con la petrolera estadounidense Chevron.
En febrero de 2011, un tribunal de la región de Lago Agrio, en Ecuador, dictó una sentencia contra Chevron de 18.000 millones de dólares (que posteriormente se redujo a 9.500 millones de dólares) por supuesta contaminación resultante de la producción de petróleo crudo en la zona.
Chevron alegó en un comunicado que nunca ha operado directamente en Ecuador, sino a través de Texaco Petroleum (TexPet), filial de la estadounidense desde 2001. Esta subsidiaria fue socia minoritaria en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador junto a la estatal Petroecuador desde 1964 hasta 1992.
Al finalizar la alianza, “TexPet llevó a cabo una remediación [saneamiento] de los sitios de producción seleccionados y Petroecuador se comprometió a realizar cualquier limpieza restante”, explica Chevron y añade que el Gobierno de Ecuador lo supervisó, certificó que el saneamiento de la zona se realizó con éxito por parte de TexPet y que ya no tendría ninguna responsabilidad ambiental adicional. “Sin embargo, Petroecuador no realizó la limpieza que prometió y continuó operando y expandiendo las operaciones petroleras en la antigua concesión en los últimos 20 años”, insiste Chevron.
Una iniciativa liderada por Chevron busca cuestionar la elección de Ecuador basándose en asuntos legales
Asimismo, y según explica la compañía estadounidense, “en marzo de 2014 el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la sentencia ecuatoriana fue producto de fraude y actividades de extorsión, y consideró que no se podía hacer cumplir”. En agosto de 2016, la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de EEUU.
En julio de 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el abogado neoyorquino Steven Donziger, según publicó el diario peruano Gestión. El rotativo añade que este letrado lleva más de dos décadas intentando que Chevron pague los 9.500 millones de dólares por supuesta contaminación.
Para la petrolera, este litigio convertiría a Ecuador en un país no elegible bajo la legislación estadounidense. Y es que para que un Estado se beneficie del GSP debe cumplir con 15 criterios, entre ellos respetar los laudos arbitrales a favor de ciudadanos o corporaciones estadounidenses, tal como informa la web del Gobierno de EEUU sobre GSP.
Además, existe un precedente de este asunto, del que se hace eco Torino Capital: “En 2012, Estados Unidos excluyó a Argentina del GSP debido al incumplimiento de decisiones de arbitraje internacional”.
Para el banco de inversiones, otro factor importante que dificulta las negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos es el hecho de que el país latinoamericano no tiene embajador en Estados Unidos desde que a mediados de agosto Moreno destituyó a Francisco Borja y presentó la nominación de Alexis Mera en su lugar. “El Gobierno de Estados Unidos no ha aceptado todavía a este candidato, y como resultado de esto, el país va a un período crucial de negociación sin una adecuada representación”, constata Torino Capital.
