Juan Carlos Zapata (ALN).- La solución a la crisis la tiene en sus manos el Gobierno. Pero la decisión no es sencilla, pues si retrocede, envía un mensaje de debilidad a los núcleos de poder, tanto militares como civiles. Mientras la presión internacional aumenta y la oposición se fortalece, el Gobierno luce más débil comparado con el cierre de 2016. En solo un trimestre, el escenario le cambió. El Gobierno de Venezuela tiene en sus manos cómo deshacer el autogolpe de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Con tan solo admitir la decisión de finales del año pasado de la Asamblea Nacional que anula el acto de juramentación de cuatro diputados -del estado Amazonas- de los que el chavismo ha dicho que fueron electos de manera fraudulenta, ya no habría más argumento sobre el desacato del Parlamento. El problema es que, de hacerlo, el Gobierno enviaría una pésima señal a los núcleos de poder, tanto civiles como militares. Sería una señal de debilidad extrema, y no habría otro significado más que éste: hemos reculado.
Cuando se dan estas operaciones -la sentencia del TSJ-, se tiende a pensar que todo está fríamente calculado y que el poder no tiene fisuras en las intenciones. Sin embargo, las próximas horas confirmarán esta hipótesis, pues desde antes se hablaba de factores internos inclinados a la celebración de elecciones. Elementos cercanos al alto poder chavista, manifiestan en privado su deseo de rescatar la alternabilidad democrática como fórmula para recuperar la convivencia política. De hecho, la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, no aparece firmando las dos últimas sentencias contra el Parlamento; lo hace el suplente.
Al Gobierno se le han acumulado todas las crisis en un trimestre, a la que suma esta otra
El otro problema para el Gobierno es que si da marcha atrás, fortalece a la oposición. Esta ayer se había confirmado en el diagnóstico del régimen. Que Nicolás Maduro no gobierna en democracia sino en dictadura. Animados los partidos políticos con las validaciones -legalizarse otra vez- a las que fueron obligados por el Consejo Nacional Electoral, ahora cuentan con un relato de peso, tanto en lo interno como en el ámbito internacional. Golpe judicial, han dicho unos. Madurazo, dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles. Golpe de Estado, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. La oposición no ha tardado en anunciar acciones de calle.
El impacto de retroceder
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rompió la sentencia del TSJ / EFE: Cristian Hernández
¿Podrán el Gobierno y el TSJ recoger velas? Si lo hacen, el impacto hacia adentro del chavismo y la Fuerza Armada es de pronóstico reservado. Por lo tanto, en teoría, se puede afirmar: No lo van a hacer. Y no lo van a hacer pese a que desde anoche mismo, las fuerzas de la mediación internacional comenzaron a moverse en la única ruta posible, hasta ahora: que se reconozca el gesto de la Asamblea de desincorporar a los cuatro diputados de Amazonas para que cese el llamado desacato. Una fuente dijo: “El ambiente internacional está muy volátil. Si los mediadores -los de antes y los que se incorporen próximamente-, el Gobierno y la comunidad internacional pretenden una salida ahí la tienen. Esa es una fórmula para terminar con el desacato y destrabar la situación”.
Cierto, a todas luces, la presión internacional irá en aumento. Y la presión internacional ya no tiene que ver solamente con reacciones diplomáticas ni que se convoquen en el corto plazo elecciones. La presión se manifiesta también en el ámbito de los recursos, préstamos, proveedores de alimentos y medicinas, etc. Empresas multinacionales del petróleo, países, inclusive China y Rusia, organismos multilaterales y la banca, se abstienen de pactar asociaciones y préstamos si tales operaciones no cuentan con el visto bueno de la Asamblea Nacional. La sentencia del TSJ no allanará este camino. Por el contrario, lo hará más tortuoso. Y es que la apreciación global sobre lo que acaba de ocurrir es ya una sola: Maduro ha aplicado un autogolpe. El Gobierno ha roto con la Constitución. Entonces, como no hay duda de que la presión internacional se va a intensificar, ¿reaccionará el Gobierno? ¿Dará marcha atrás?
¿Es este el evento sobrevenido que hará estallar las costuras de la poca estabilidad que queda en Venezuela?
La verdad es que si el Gobierno cede, o retrocede, la oposición seguirá activando la calle hasta conseguir el cronograma electoral. Y es que la sentencia 156 del TSJ, puede observarse como una jugada de doble filo. Es la afirmación de un poder, y al mismo tiempo es el argumento para que la oposición se fortalezca y si se fortalece la oposición se debilita el Gobierno. De hecho, el Gobierno y Maduro han desbaratado lo alcanzado al cierre de 2016. A comienzos de 2017, lo que se veía era un poder fortalecido porque había sorteado la celebración de elecciones, la crisis económica, el impago de la deuda externa, la presión internacional y había sometido a la oposición, nucleada en la Mesa de Unidad Democrática, MUD. Hoy el panorama luce distinto. Al Gobierno se le han acumulado todas las crisis en un trimestre, a la que suma esta otra.
Juan Carlos Zapata es periodista y escritor
Se han escuchado diversos puntos para explicar el porqué de la sentencia. Que si una respuesta ante la presión de la OEA y su secretario general, Luis Almagro. Que anticipándose al caso Odebrecht que salpicará a altos cargos del poder. Que una manera de responder al llamado de la Asamblea a la CAF para que no preste 400 millones de dólares al Gobierno. Lo cierto es que esta operación parece más bien el punto final de un golpe continuado al que preceden 52 sentencias del TSJ contra el Parlamento. Ahora, y tal vez, el Gobierno ha jugado al punto de quiebre. Si es así, el escenario cambiará. ¿Es este el evento sobrevenido que hará estallar las costuras de la poca estabilidad que queda en Venezuela?
