Daniel Gómez (ALN).- “Saneamiento de activos”. Así llama Repsol a las acciones que está ejecutando en Venezuela. En 2016, el grupo español tenía en el país una exposición patrimonial de 2.273 millones de euros. Ahora es de apenas 393 millones de euros.
Para Repsol, Venezuela lleva años siendo un mercado “en riesgo geopolítico”. La crisis económica y el deterioro de la industria petrolera han llevado a la compañía a tomar “precauciones”. Estas precauciones, como dicen los directivos, se traducen en que la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela, a 30 de junio de 2019, sea de apenas 393 millones de euros, según el informe del segundo trimestre.
Cuando Repsol habla de exposición patrimonial, se refiere a “los activos netos consolidados expuestos a los riesgos propios del país”. En este caso de Venezuela.
Para el grupo español, algunos de estos son riesgos son que “continúa el contexto de crisis económica y social”. Que en los seis primeros meses del año el bolívar ha sufrido “una devaluación importante”, aunque “sin impacto significativo” en las cuentas.
Otro riesgo, apunta, son las sanciones aplicadas este ejercicio por el gobierno de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. En particular destaca la del 28 de enero de 2019, cuando el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó a PDVSA -petrolera estatal de Venezuela y socia de Repsol en todos su proyectos- en la lista de “nacionales especialmente designados”, también conocida como SDN List, y la sanción del 17 de abril, en la que incluyó en esa misma lista al banco Central de Venezuela.
Lo anterior supone que cualquier persona o persona jurídica que paga impuestos en EEUU, como Repsol, no puede operar con PDVSA, el Banco Central de Venezuela y cualquiera de las sociedades controladas en una participación mayor o igual al 50%. No obstante, el grupo español se ha cubierto las espaldas.
“Repsol ha adoptado las medidas necesarias para continuar su actividad en Venezuela, incluyendo la recepción periódica de crudo en pago de deudas, con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones y está haciendo un seguimiento constante de su evolución y, por tanto, de los eventuales efectos que pudieran tener sobre las señaladas actividades”, explica el grupo en el informe semestral.
En ese mismo documento, dice que las nuevas medidas “han agravado la situación de crisis del país”. Crisis, que como el propio Repsol ha venido reconociendo años, ha supuesto un riesgo geopolítico para su negocio. Crisis que como dicen los números, ha llevado a la compañía a retirar 1.880 millones de euros de Venezuela tres años.
En el informe anual de 2016, la exposición patrimonial de Repsol era de 2.273 millones de euros. En 2017 se redujo a 1.480 millones. En 2018 cayó hasta 456 millones. Ahora es de apenas 393 millones. Estas son las “precauciones” de las que habló Josu Jon Imaz, consejero delegado del grupo, hace un año, y que en el informe de cuentas más reciente también se expresan como “saneamiento de activos”.
El caso es que la exposición de Repsol en Venezuela es mínima. ¿Tanto como para abandonar su negocio? No, les dijo recientemente Josu Jon Imaz a los accionistas.
“Reafirmo, nuevamente, nuestra voluntad de continuar con nuestros negocios en el país, donde. Como saben, nos hemos quedado allí por más de 25 años. Y nuestra principal prioridad, nuestro principal objetivo es proteger a 150 trabajadores que tenemos actualmente en el país. Y, por supuesto, garantizar la seguridad de nuestras operaciones en el país. Por supuesto, en esta situación compleja, donde estamos operando con pleno cumplimiento de las leyes y políticas locales e internacionales vigentes en los diferentes países donde operamos. Y estamos analizando continuamente y monitorear cambios potenciales que podrían cambiar nuestras actividades. Quiero decir, es cierto que hoy no es un negocio fácil, un entorno empresarial fácil, pero durante la primera mitad del año, hemos recibido cargas de petróleo crudo razonablemente regulares en pago de la deuda”, declaró el directivo en una conferencia con inversores y analistas.
