(EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional española acordó procesar al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a un hijo suyo y a su nuera por supuesto fraude fiscal en relación a un presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
En un auto conocido este lunes, el juez Alejandro Abascal propone juzgar a Raúl Morodo, que tiene 88 años y fue embajador en Venezuela entre 2004 y 2007, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catalina Varandas de Loureiro por defraudar supuestamente a la Hacienda española en 2013, 2014 y 2017 por ganancias obtenidas de sus negocios con la petrolera.
En esta causa se investiga el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos, uno de los cuales, Juan Carlos Márquez, se suicidó poco después de prestar declaración.
Abascal atribuye a los investigados un delito agravado contra Hacienda pública, a Raúl Morodo por el ejercicio de 2014, a su hijo por los de 2013 y 2014 y a su nuera por los de 2013, 2014 y 2017.
El juez explica en su escrito que Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y para defraudar a Hacienda decidió interponer tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a título personal.
De esta manera, tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor, y parte de las ganancias obtenidas mediante esas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del exembajador, que las ocultó a la Hacienda, según el auto.
El juez indica que «estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros», de los que Alejo Morodo dispuso supuestamente para su consumo personal y familiar de 4.105.862,56 euros, que con el fin de reducir fraudulentamente su carga fiscal tributó por el impuesto de sociedades.
El auto detalla que de los ingresos percibidos a través de estas sociedades instrumentales también se benefició supuestamente su padre, que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio, ocultándolos a Hacienda.
También precisa que los hechos investigados por los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 estarían prescritos, a la vez que acuerda el sobreseimiento para la esposa de Raúl Morodo y su empresa MS TRADING S.L. al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito.
El juez da veinte días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado español y a la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, un sindicato conocido en España por sus numerosas denuncias contra políticos, jueces y empresarios, entre otros, y que ha sido denunciado en varias ocasiones, para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los escritos de acusación.
