Leticia Núñez (ALN).- Seis meses después de que el procurador mexicano asegurara que las investigaciones sobre la trama de sobornos ya estaban concluidas, el caso está reservado. Prevalece la opacidad sobre los 10 millones de dólares en sobornos que habría recibido el exdirector de la estatal Pemex. Donde el caso Odebrecht sí ha dado resultados de impacto es en Perú, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y en Ecuador, con la condena al exvicepresidente Jorge Glas, entre otros. La situación de México guarda ciertas similitudes con el régimen de Nicolás Maduro, salpicado por el caso pero sin investigaciones.
La lucha contra la corrupción en América Latina avanza a distintas velocidades. Así queda de manifiesto con el caso Odebrecht, el mayor escándalo de sobornos en la región. Desde que en diciembre de 2016 salió a la luz la trama que ha hecho temblar a la clase política y empresarial de Latinoamérica, los países afectados iniciaron investigaciones. Se acusó y sancionó a importantes figuras políticas y de los negocios.
En Perú, por ejemplo, la trama forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y el exmandatario Ollanta Humala está en prisión preventiva. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel. Al exviceministro de Colombia Gabriel García Morales se le impuso una pena de cinco años. Asimismo, en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer están bajo la lupa. En Argentina, Julio de Vido, hombre fuerte del kirchnerismo, se convirtió a principios de abril en el primer procesado por Odebrecht en el país. Y el propio Marcelo Odebrecht, exdirector de la firma, fue condenado a 19 años de arresto domiciliario. ¿Y en México?
México, por ahora, no suma ejemplos a esta lista. Precisamente este miércoles se cumplieron seis meses desde que el exprocurador Raúl Cervantes Andrade y el actual responsable de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguraron que las investigaciones sobre el caso Odebrecht ya estaban concluidas, tal como recuerda el periódico 24 Horas. Sin embargo, seis meses después el caso está reservado.
“La Procuraduría se encuentra legalmente imposibilitada para proporcionar la información aludida en el exhorto”
En este país, los pagos en sobornos de Odebrecht ascienden a 10,5 millones de dólares. Tres exdirectivos de la constructora brasileña aseguraron que ésta pagó “propinas” por dicha cantidad a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, a cambio de una licitación para una refinería, tal como desveló el periódico brasileño O Globo.
Pero prevalece la opacidad. La Procuraduría General de la República notificó este miércoles al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Ricardo Salgado, que está impedida legalmente para detallar el contenido de la investigación.
En un comunicado publicado por el SNA, se expuso: “La Procuraduría señaló que la información y actuaciones que integran la investigación solicitada son de carácter estrictamente reservado, por lo que únicamente la víctima u ofendido y su asesor jurídico pueden tener acceso a ello. En virtud de lo anterior se encuentra legalmente imposibilitada para proporcionar la información aludida en el exhorto”.
El pasado 15 de enero, el Comité Coordinador del SNA aprobó emitir un exhorto a la Procuraduría para que informara sobre el estado de las investigaciones, si éstas se encuentran abiertas o ya concluyeron, y en caso de que ocurriese lo primero, cuánto tiempo estimaba que pudiera tomar el trámite.
Este miércoles, la Procuraduría informó a Salgado que el tiempo para cerrar la investigación no es estimable porque aún faltan actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público sino que dependen de otras autoridades nacionales e internacionales, como detalla en el comunicado.
“Ha decidido no tocar el tema”
Según informa el periodista mexicano Omar Sánchez de Tagle, el caso en México está en dos instancias “que pertenecen a un mismo jefe”. Por un lado, la Procuraduría investiga la parte penal y los presuntos sobornos que pudieron recibir los empleados de Pemex por parte de Odebrecht. Y, por otro, el caso también lo tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría. “Esta dependencia ha decidido no tocar el tema, no hablar de él y, por supuesto, esperar a que termine el sexenio para no tener que resolver el caso”, asegura Sánchez de Tagle en una columna publicada este jueves en el periódico 24 Horas.
Esta situación sólo es comparable a la que vive el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a falta de avances. Hasta ahora, en Venezuela no se investigan los posibles sobornos de Odebrecht vinculados con funcionarios del Gobierno. Y eso que no faltan acusaciones. Según el relato de Euzenando Acevedo, presidente de Odebrecht Venezuela, Maduro recibió 35 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña electoral de 2013 (Ver más: Maduro rompe récord en millones dentro del escándalo Odebrecht). Fue Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, quien hizo pública la cifra el pasado octubre.
“Venezuela es el único sitio donde no se investiga. Hay méritos suficientes para comenzar una investigación a todos los funcionarios, incluyendo a Nicolás Maduro”, aseguró este miércoles el diputado opositor Stalin González, tal como recoge la Agencia Carabobeña de Noticias.
El Gobierno mexicano prohibió a la administración pública hacer negocios con dos filiales de Odebrecht
Asimismo, este martes los diputados opositores de la Asamblea Nacional venezolana autorizaron un antejuicio de mérito contra Maduro, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, por posible participación en la trama de sobornos de Odebrecht. Se trata de un acto simbólico porque el sistema judicial venezolano está controlado por el oficialismo. Es una actuación promovida por Ortega Díaz, junto a un grupo de magistrados elegidos por el Parlamento.
Sanciones a dos filiales de Odebrecht
A la espera de avances en materia judicial, el Gobierno mexicano prohibió esta semana a todas las dependencias y entidades de la administración pública realizar contratos con dos filiales de Odebrecht, a las que inhabilitó por dos años y seis meses e impuso multas de 1.000 millones de pesos mexicanos (unos 55,4 millones de dólares).
La Secretaría de la Función Pública indicó en dos circulares internas, recogidas por Europa Press, que las dependencias, entidades y empresas estatales “deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno” con las compañías Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería y Construcción.
