Leticia Núñez (ALN).- La falta de estabilidad jurídica, la corrupción y las condiciones de la infraestructura nacional convierten a Colombia en un país que “cada vez presenta más dificultades para hacer negocios”, según un informe de FTI Consulting. De hecho, el estudio revela que tres de cada cuatro compañías han sufrido al menos un evento negativo en el último año. Las españolas presentes en Colombia no se libran. Entre ellas, Gas Natural y Telefónica.
La liquidación el pasado marzo de la filial de Gas Natural Fenosa en Colombia hizo saltar todas las alarmas sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el país latinoamericano. Después se supo que Sacyr tenía paralizada una autopista estratégica en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico tras identificar problemas técnicos que generarían sobrecostos. Y para remate, Telefónica estudia demandar a Colombia tras recibir en agosto una sanción de 452 millones de euros (534 millones de dólares). Ahora, un informe de la consultora FTI Consulting revela que invertir tampoco es fácil para las compañías nacionales. Según el estudio, tres de cada cuatro empresas han sufrido al menos un evento negativo en el último año. Las grandes firmas y el sector industrial son los más afectados.
“Los riesgos son cada vez más latentes en las compañías: desde riesgos por temas de fraude y corrupción, hasta riesgos reputacionales. La reputación es un activo que se debe medir y cuidar, como el Ebitda de cualquier empresa”, señala Andrés Gómez, responsable de la consultora en Colombia. Sin embargo, la encuesta revela que seis de cada 10 empresarios dicen que las compañías no saben cómo manejar una crisis reputacional.
De acuerdo con el estudio, realizado entre 100 directivos de grandes, medianas y pequeñas empresas de distintos sectores, Colombia es un país que “cada vez presenta más dificultades para hacer negocios”. Tanto, que ocho de cada 10 empresarios piensan que actualmente en el país hay un ambiente más complejo en cuanto a riesgos que el que se vivía hace cinco años.
Las grandes preocupaciones que enfrenta el sector empresarial son la corrupción, la desaceleración económica y los riesgos jurídicos e impositivos.
El 28% de los encuestados cree que falta planeación y que los estudios previos presentan deficiencias
Una seguridad jurídica que es clave en el mundo de los negocios. Tal como explican al diario ALnavío desde el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, “el primer punto para la prosperidad y estabilidad de una región es tener un sistema de regulación sólido, solvente y transparente, que ofrezca neutralidad en dos ámbitos: en generar las normas de juego y en la supervisión e hipotética sanción”. Trasladando estos conceptos al caso de Electricaribe, la filial de Gas Natural, en el bufete tienen claro que la entidad que la sancionó “no contaba con un nivel de neutralidad homologable en el contexto internacional”.
En lo que respecta a la corrupción, fue señalada como uno de los grandes problemas a la hora de invertir. Una de cada tres empresas afirma que ha sido víctima de un fraude, cuyas consecuencias afectan tanto los ingresos como la reputación. Después, sólo el 40% logra sancionar a los responsables.
El sector de infraestructuras es uno de los que están bajo la sombra de la corrupción. La mitad de las empresas coincide en que “las condiciones de la infraestructura” en Colombia “dificultan la actividad económica” y percibe que el sector de construcción de grandes obras también afronta desafíos importantes, como la corrupción y el impacto de decisiones políticas.
“Procesos de contratación mal hechos”
Además, el 31% de los encuestados dice que los procesos de contratación y/o licitación “están mal hechos y no permiten la participación de las mejores empresas”. Y el 28% considera que falta planeación y que los estudios previos, por lo general, presentan deficiencias.
Aquí se enmarcaría el caso de Telefónica. Un tribunal de arbitraje colombiano determinó en agosto que tanto la multinacional española como América Móvil debían pagar al Estado unos 1.584 millones de dólares (1.350 millones de euros) en concepto de bienes, equipos e infraestructuras previstos en un contrato suscrito en 1994. Las dos operadoras argumentaron que ese contrato se estableció para el servicio de voz, pero que, al incluirse después el servicio de datos, la normativa cambió y ahí la devolución se limitó a las frecuencias. De ahí que Telefónica estudie demandar a Colombia.
Pese a que el estudio concluye que Colombia “es un país donde cada vez es más difícil hacer negocios” respecto al último lustro, el embajador colombiano en España, Alberto Furmanski, envió un mensaje de tranquilidad a las compañías en una entrevista con ALnavío. “Somos un país absolutamente seguro para las inversiones. Tenemos más de 60 años de democracia ininterrumpida y Colombia es reconocida por el nivel de sus instituciones. Somos el país con mayor jurisprudencia del área”, remató.
