Leticia Núñez (ALN).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, da por finalizados 16 acuerdos de protección a las inversiones con el argumento de que son inconstitucionales. Expertos señalan que el de España llevaba en entredicho 10 años y que esta decisión “deja la puerta abierta a expropiaciones”.
No hay marcha atrás. Ecuador dio este miércoles por terminados los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que mantenía con 16 países, entre ellos España, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, Francia y Alemania. Así consta en los respectivos decretos firmados apenas una semana antes de que el aún presidente, Rafael Correa, deje el cargo, y publicados en la página web de la Presidencia de la República. ¿Su argumento? Dicen que contradicen la Constitución vigente. Según el Gobierno, los acuerdos por los cuales se protege la inversión de firmas extranjeras en el país resultaban nocivos para los intereses nacionales. La Asamblea Nacional ecuatoriana los había denunciado el pasado 3 de mayo y para que terminara el trámite era necesario que el Ejecutivo se pronunciase.
Lo ha hecho. Y con ello abandona, por ejemplo, el acuerdo con España que entró en vigor en 1997 para minimizar los riesgos políticos y proporcionar una mayor seguridad jurídica al inversor, como recuerda el Ministerio español de Economía. La pregunta resulta inevitable: ¿Y ahora qué? ¿Qué consecuencias podría tener? Según Anna Ayuso, investigadora sobre América Latina del think tank catalán Cidob, “las inversiones quedan más desprotegidas y sometidas a la legislación nacional, sin ninguna protección internacional”. En declaraciones al diario ALnavío, Ayuso advierte que, si el Estado decide cambiar la legislación, “las empresas no tienen amparo”. Algo que, en su opinión, “deja la puerta abierta a que pueda haber expropiaciones”.
Precisamente, una de las cláusulas que habitualmente contienen los TBI, suscritos principalmente con países no OCDE, es que las medidas de expropiación o nacionalización “solo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”. Ahora, este elemento salta por los aires con la denuncia de Correa, por lo que las compañías internacionales “tendrían que acudir a la legislación interna y a los tribunales internos”, que “suelen ser favorables al Estado”, como recuerda Luis Espinosa Goded, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito.
“Los burócratas de izquierdas estatistas latinoamericanos ven el Ciadi como la guarida de Satán”, dice Espinosa
También queda en el aire la posibilidad de acudir al arbitraje internacional para resolver las posibles controversias que pudieran surgir entre una empresa y el Estado. “Casi siempre se suele llevar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, por ser la más eficiente”, dice Espinosa Goded. Y continúa: “Si se quiere atraer la inversión hay que dar seguridad o unas ciertas garantías a aquel que decide invertir. Todo esto, que parece bastante razonable, para el mundo de los burócratas de izquierdas estatistas latinoamericanos les parece que estamos hablando del diablo”. Asimismo, el docente critica que “vean el Ciadi como la guarida de Satán” a pesar de que son acuerdos entre Estados que se remiten al Banco Mundial y recuerda que Ecuador “es el culmen de toda la retórica contra estos tratados”.
En este sentido, apunta que el proceso contra los TBI no es nada nuevo, sino que “tiene una larga data”. De hecho, de los 30 acuerdos que Ecuador suscribió entre 1968 y 2002, 13 ya no están vigentes por causas que incluían la notificación directa de terminación por el gobierno de Rafael Correa a las embajadas, como recoge el periódico ecuatoriano El Comercio. Del 2010 al 2017, la Asamblea Nacional denunció los 17 tratados restantes por “contradecir el artículo 422 de la Carta Magna”, que se refiere a la prohibición de celebrar tratados en los que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
Ecuador ha enfrentado 26 arbitrajes internacionales por unos 12.000 millones de dólares (10.973 millones de euros), y en el último año ha tenido que cancelar más de 1.800 millones de dólares (1.645 millones de euros) por las sentencias adversas en los juicios contra las petroleras Exxon y Chevron, según datos de la Asamblea Nacional. Tras señalar que “no se pueden aceptar las condiciones de las corporaciones”, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, habló incluso de que la abolición además de una cuestión “de soberanía” es también un tema “de dignidad”.
“Ecuador ha jugado con dos barajas”
Espinosa Goded recalca que “desde la llegada de Correa, en 2007, empezaron a hacer campaña contra este tipo de tratados” y que en 2013 el Tribunal Constitucional señaló que los TBI no eran constitucionales, al tiempo que incide en que desde esa fecha hasta este miércoles han pasado cuatro años. “Es un tiempo evidentemente político, no jurídico ni de mercado. Es una legislatura. Y Ecuador ha estado todo este tiempo jugando con dos barajas: la de que quería firmar el tratado comercial con la Unión Europea y la de que quería toda la retórica de la soberanía y de denunciar los tratados”.
Precisamente, la UE ya ha manifestado su inquietud y sorpresa por la denuncia de estos pactos: “Quizá no es la mejor señal que puede darse cuando acaba de entrar en vigor [el pasado 1º de enero] el acuerdo comercial de Ecuador con la Unión”. Bruselas destaca que esta decisión podría impactar en las inversiones justo cuando Quito impulsa su apertura al capital exterior. No obstante, la UE destaca que respeta lo acordado y espera que los pactos sean renegociados.
¿Quién sale perdiendo?
El profesor de la Universidad San Francisco de Quito lo tiene claro: los ciudadanos. “La crisis es larga, profunda y grave. El Estado, que ha sido el gran contratador estos años, está quebrado y no puede seguir contratando. Las empresas privadas están despidiendo gente. Quien quedaría por contratar son las empresas internacionales si hubiesen venido al país”, expone, para después rematar: “Evidentemente, si no tenemos inversión extranjera directa es porque se ha espantado en los últimos 10 años. Son años de desarrollo perdidos”. Pero no solo eso. En su opinión, “lo grave es que se sigue generando más inseguridad” fruto de la “retórica que está desplegando el Gobierno”.
“Quizá no es la mejor señal que puede darse cuando acaba de entrar en vigor el acuerdo comercial de Ecuador con la Unión”
En lo que respecta a las empresas, Espinosa Goded señala que “tampoco podían estar confiando en que el TBI realmente fuera a tener eficacia porque llevaba 10 años en entredicho y sin apenas validez”. Por otro lado, destaca que “a pesar de la importancia que tiene América Latina para las compañías españolas, Ecuador no es una inversión clave para prácticamente ninguna. Repsol tiene una pequeña inversión, también Movistar… pero no es la joya de la corona”.
La inversión foránea en Ecuador “es mínima”
Además, dice, Ecuador es un país que recibe una Inversión Extranjera Directa (IED) “mínima”, en torno al 1,5% del PIB. Un argumento que también utilizó Correa. El presidente resaltó que su país se encuentra entre las naciones de la región con más TBI y que, sin embargo, “recibió solo el 0,79% de la inversión foránea que llegó a América”.
Según datos del Banco Central ecuatoriano, publicados a principios de mayo, la IED en Ecuador se redujo más de un 40% en 2016. El país latinoamericano atrajo un total de 682 millones de euros (aproximadamente 744 millones de dólares) el año pasado, un 43,7% menos respecto al ejercicio anterior. La mayor parte de esta inversión llegó de Francia y de cuatro países con los que ahora se ha dejado sin efecto el tratado bilateral como son España, Italia, EEUU y China.
Por si fuera poco, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carlos de la Torre, cita dos factores más: la cautela de los inversores por la contracción económica que el país registra desde 2015, la caída del crudo (principal producto de exportación y que supone el 11,1% del PIB) y el terremoto de 2016, que causó pérdidas por 3.344 millones de dólares (3.006 millones de euros). No se olvida tampoco de la incertidumbre generada por las recientes elecciones presidenciales, en las que se impuso el oficialista Lenín Moreno: “Antes de invertir, muchos esperarán a conocer las medidas económicas que tomará el próximo Gobierno”.
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