Pedro Benítez (ALN).- El proceso de repartir a girones pedazos del territorio nacional para mantener cohesionados a los dirigentes regionales del chavismo es una de las tácticas que Nicolás Maduro sigue para aferrarse al poder en Venezuela. Con lo que la promesa del socialismo del siglo XXI ha devenido en la instauración de una especie de feudalismo en pleno siglo XXI. Para esto Maduro paga con oro.
La convulsión en Latinoamérica que Nicolás Maduro intenta aprovechar como un viento de cola, no debe hacer perder de vista que al mismo tiempo él prosigue en lucha diaria por no perder el poder en Venezuela.
Un ejemplo claro de esto lo ha dado al ofrecer la entrega de minas de oro a cada uno de los gobernadores de estado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Una mina de oro por cada uno de los 19 gobernadores chavistas. Habrá que ver el criterio para escoger y asignar esas minas y en particular cómo harán esos gobernadores para tomar el control efectivo de las mismas, que desde hace años están en manos de grupos violentos, bien de la delincuencia común o bien de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), al que Maduro también ha permitido tomar una parte de esa torta.
En una alocución realizada la semana pasada afirmó: “Procederé a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo a cada gobernación de estados bolivarianos para la producción de recursos en divisas convertibles. El oro llega a las regiones directamente. El que lo haga mejor, recibirá su premio de nuevas minas y áreas productivas”.
Una mina de oro por cada uno de los 19 gobernadores chavistas. Habrá que ver el criterio para escoger y asignar esas minas y en particular cómo harán esos gobernadores para tomar el control efectivo de las mismas, que desde hace años están en manos de grupos violentos, bien de la delincuencia común o bien de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), al que Maduro también ha permitido tomar una parte de esa torta.
Lo que vemos es otra iniciativa por parte de Maduro para mantener unida a la coalición de intereses chavistas bajo la lógica del reparto del botín, cual conquistador del siglo XVI ofreciendo incentivos a sus capitanes.
Esto va muy en línea con la concepción económica primitiva que caracteriza al chavismo y a cierta izquierda mundial, que confunden riqueza material con recursos naturales.
De modo que, así como en 2017 se inventó lo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para recoger a todos los grupos descontentos del chavismo, y hacerles creer que los empoderaba, ahora Maduro hace creer a su propia gente que se va a sacar otro conejo de la chistera. En este caso una zanahoria de oro, explotando el mito venezolano de las infinitas riquezas naturales del país.
Pero dado el deterioro real de la economía venezolana, Maduro no puede, como haría cualquier otro gobernante, en cualquier otra parte del mundo, ofrecer, por ejemplo, compartir los ingresos fiscales del país con las regiones, o dar más recursos o competencias a sus gobernadores. Como no está en condiciones de dar nada de eso, puesto que no tiene dólares y los bolívares son inservibles, ofrece minas de oro para su explotación directa. De manera cruda y desnuda.
No es una práctica novedosa. En 2016, a raíz de su derrota en las elecciones parlamentarias del año anterior, Maduro creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), con el fin de “amarrar” la lealtad de la Fuerza Armada Nacional (FAN) permitiéndole explotar directamente los codiciados recursos del territorio nacional.
El turbio negocio minero que crece a la sombra del gobierno de Maduro
Ese fue otro paso en el proceso de devastación ecológica al que han venido siendo sometidas extensas áreas del país desde que el expresidente Hugo Chávez instituyó el denominado Arco Minero del Orinoco en 2011, según ha sido profusamente denunciado por periodistas, ecologistas y en particular el diputado opositor Américo De Grazia, hoy asilado en una embajada en Caracas.
Ahora Maduro replica la práctica, pero con el estamento civil de su partido. Una señal de las debilidades de su base de sustentación política, pero también de que él es consciente (como en 2017) de las mismas y por tanto corre a prevenir cualquier posible defección.
Pero como todo, esto tiene un precio: comenzar a instaurar una especie de feudalismo en pleno siglo XXI. Algo de eso ya ha venido ocurriendo en la práctica. El reparto a girones del país, entregando parcelas de poder, negocios, puertos, aduanas y, de un tiempo a esta parte, incluso espacios del territorio como ha hecho con el ELN.
Ahora les toca a los gobernadores chavistas. Esto implica el retroceso de Venezuela (como en tantos otros aspectos) a la Venezuela de mediados del siglo XIX cuando no existía un Estado nacional.
Una situación de la cual el país empezó a salir con muchas dificultades desde 1870 con la llegada a la presidencia del general Antonio Guzmán Blanco, quien para pacificar el país se vio obligado a compartir el poder con los caudillos regionales. Ese proceso de centralización política no se completaría hasta varias décadas después con otro general dictador, Juan Vicente Gómez (1908-1935), conocido por su crueldad y codicia personal, pero que al menos legó lo más parecido a un Estado que centralizaba el poder público nacional.
Esto, tanto con Chávez primero como ahora con Maduro, se ha venido destruyendo en la práctica. Ya hay gobernadores chavistas que ejercen un poder personal casi sin límites, arbitrario e impune en sus respectivas entidades, como es el caso de Omar Prieto, del estado Zulia.
Para que no quede duda alguna de su intención política, en la misma alocución Maduro excluyó del reparto minero a los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, gobernados por dirigentes opositores. Para esas entidades reservó la figura de unas Corporaciones de Protección Social y Económica dirigidas por “protectores” designados por él y quienes recibieran la supuesta parte del botín.
Así, el socialismo del siglo XXI ha devenido en la instauración de un feudalismo en pleno siglo XXI.
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