Antonio José Chinchetru (ALN).- La expropiación de General Motors en Venezuela, que se ha saldado con 2.700 despidos, no es más que la punta del iceberg. El chavismo ha destruido en una década el antaño pujante mercado de automóviles venezolano. El despido de 2.700 trabajadores de la filial venezolana de General Motors tras la expropiación de su planta de ensamblaje no es un hecho aislado. Se trata del triste “réquiem” de un sector, el automovilístico, antaño pujante en el país y reducido prácticamente a la nada por el régimen chavista.
En 2007 se vendió en Venezuela más de medio millón de automóviles y furgonetas, la mayor parte ensamblados en factorías instaladas en el país. En 2016 las ventas totales fueron de tan solo 3.008 vehículos en total, de los cuales 139 fueron de importación. Dicho de otro modo, en la nación caribeña se vendieron menos automóviles en 12 meses que los que se fabrican en España en ocho horas. La respuesta del chavismo a esta situación crítica, generada por el propio gobierno, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, ha sido doble. Por una parte ha impuesto una “cartilla de racionamiento” de automóviles y por otra ha lanzado una ofensiva contra las empresas privadas.
El Gobierno ha lanzado una ofensiva contra las empresas privadas
Ofensiva expropiadora
La expropiación a General Motors afecta tanto a su planta de ensamblaje en Valencia, en el estado Carabobo, como al resto de propiedades de la empresa en el país. Oficialmente se trata de una medida ordenada por un juzgado como condena en un juico que mantenía contra un concesionario de Maracaibo, en el estado Zulia. La firma estadounidense había rescindido el contrato aduciendo el “ineficiente desempeño” del distribuidor, por lo que éste la llevó ante los tribunales. Dada la inexistencia de una Justicia independiente, no resulta descabellado pensar que los jueces actuaban al dictado del Ejecutivo.
Maduro no ha hecho sino seguir la política de expropiaciones que inició Hugo Chávez / Wikimedia Commons
El embargo dictaminado por los jueces es de 476 millones de bolívares (4.760 millones de dólares al cambio oficial y 103 millones en el mercado paralelo, 4.427 millones y 95,8 millones de euros respectivamente). Esta medida puede espantar sin duda alguna a los otros seis fabricantes extranjeros de autos o de camiones que todavía están presentes en el país. Uno de ellos, Ford, ya decidió en 2015 anular cualquier nueva inversión en la nación caribeña.
Poco antes se había producido otra expropiación mediante decreto presidencial. El 22 de marzo, Maduro ordenaba que pasara a manos del Estado la totalidad de la propiedad de Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi). Su fábrica, que teóricamente produce vehículos de cinco marcas extranjeras, está situada en Valencia. Poco antes se había detenido al director general de la firma por presuntas irregularidades en la venta de 98 vehículos, pero se da la circunstancia de que la mayor parte del capital era ya propiedad del Estado. La china Dongfeng ya había aceptado entregar al Gobierno el 51% de las acciones para poder iniciar su actividad en 2012.
“Cartilla de racionamiento” de automóviles
El Gobierno ha establecido que Civetchi pasará a formar parte del programa “Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo”. El objetivo de este último es, en teoría, reactivar la industria y facilitar que los venezolanos puedan adquirir vehículos nuevos. Sin embargo, en la práctica se trata de una suerte de “cartilla de racionamiento”, puesto que establece que solo se puede comprar un automóvil cada tres años y que las empresas solo pueden adquirirlo si no hay particulares en la lista de espera para adquirir uno.
El socialismo del siglo XXI ha decretado la muerte del mercado automovilístico
Otra vez en teoría, estas restricciones solo afectan a los automóviles producidos dentro de este programa. Pero dado que el resto de las fábricas están paralizadas total o parcialmente, en la práctica todos los venezolanos están sometidos a esta “cartilla de racionamiento”.
Antonio José Chinchetru es periodista en Madrid.
Estas medidas no harán sino empeorar una situación dramática creada por el propio régimen. Si las fábricas están paralizadas es debido a que en muchos casos no se les permite acceder a dólares para importar las piezas que se necesitan para ensamblar y el Gobierno incentiva la conflictividad laboral. El socialismo del siglo XXI ha decretado la muerte del que fuera uno de los mercados automovilísticos más pujantes de América Latina.
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