Pedro Benítez (ALN).- El desconocimiento por parte de Maduro de las atribuciones de la Asamblea Nacional venezolana, por medio del TSJ, comenzó tras la elección parlamentaria de 2015. ¿Lo nuevo? Que desafía a la comunidad interamericana y hace muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general. En Venezuela se tiende a pensar que todas las estrategias de poder del régimen chavista siempre son milimétricamente pensadas. “Puntadas sin dedal” es la expresión que se suele usar para ilustrar sus procedimientos. ¿Pero realmente es así?
Bajo el largo predominio del presidente Hugo Chávez en Venezuela se instauró una autocracia, se manipuló el Estado de Derecho y se destruyeron los cimientos del Estado republicano, pero todo eso se hizo sobre una sucesión de victorias electorales. Cuando desde la oposición venezolana se acusaba al anterior mandatario de dictador, sus apologistas respondían: “Pero ganó unas elecciones”.
La popularidad presidencial era la excusa para acabar con la democracia.
En el maremágnum de acontecimientos venezolanos se solía pasar por alto que las más significativas, y contadas, victorias electorales opositoras (que las hubo) fueron desconocidas en la práctica por el oficialismo haciendo uso, por lo general, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha controlado férreamente todos estos años. Los casos más notables: la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez en 2007, que sometida a consulta popular perdió, y sin embargo sus fundamentos fueron hechos ley posteriormente; y los dos triunfos opositores en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en la persona de Antonio Ledezma, cuyas atribuciones fueron anuladas, y luego de su reelección el alcalde fue privado de libertad.
Sin embargo, pese a su retórica incendiaria y sus cuestionables procedimientos democráticos, el chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal, burguesa en su lenguaje, de cara a la galería internacional. No requería sacar los tanques a la calle para cerrar el Parlamento, como hizo en su momento Alberto Fujimori en abril de 1992 en Perú. No le hacía falta, controlaba todas las instituciones del Estado.
La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto?
Esta táctica se acabó la madrugada del jueves pasado, cuando una sentencia del TSJ anuló explícitamente todas las atribuciones del Poder Legislativo venezolano y le entregó el poder absoluto a Nicolás Maduro.
Los opositores venezolanos ya no necesitan explicarle a la comunidad democrática internacional que en Venezuela se ha instalado un régimen de facto, al margen del Estado de Derecho, es decir, una dictadura. Basta con exhibir esa decisión del máximo tribunal del país. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Un conflicto pospuesto
Pero en la práctica, nada de esto es nuevo. En los hechos Maduro y el TSJ vienen desconociendo a la Asamblea Nacional con mayoría opositora desde incluso antes de su instalación el 5 de enero de 2016.
Luego del espectacular, y para muchos inesperado vuelco electoral de diciembre de 2015 que le otorgó a la alianza opositora dos tercios de las bancas del Parlamento venezolano, la todavía mayoría chavista aprovechó los días 22 y 23 de diciembre de 2015, para “blindarse” con magistrados designados de manera exprés. Allí comenzó la operación política dirigida a anular a la nueva Asamblea y hacer con ella exactamente lo mismo que años antes se hiciera con la Alcaldía Metropolitana de Caracas, transformándola en un jarrón chino.
La decisión del TSJ luce como un desafío a la OEA / Foto: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
De modo que la actual crisis política venezolana pudo haber ocurrido a principios del año pasado, pero los dirigentes de la oposición prefirieron posponer el conflicto.
A este relato hay que agregarle la erosión en el apoyo internacional al gobierno de Maduro desde la represión a las manifestaciones estudiantiles de 2014, a lo que se han añadido los cambios políticos ocurridos en Argentina y Brasil, así como el inesperado activismo del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Todo esto ocurre justo cuando el gobierno venezolano necesita con urgencia financiamiento externo, pues su apuesta por un salvador incremento de los precios internacionales del petróleo no se ha dado. Y aquí es donde está la piedra de tranca del proyecto de poder absoluto de Nicolás Maduro: Los gobiernos y entidades extranjeras, empezando por la República Popular China, se niegan a darle préstamos a su gobierno si éstos no son aprobados… por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
La misma Asamblea a la que el TSJ controlado por partidarios de Maduro ha declarado en desacato. El Parlamento venezolano por su parte, está negado a facilitarle las cosas al gobierno hasta tanto se levante el bloqueo político y judicial en su contra.
Nicolás Maduro, que aspira a la reelección presidencial en diciembre de 2018, ha estado todo este tiempo dedicado a ganar tiempo, suspendiendo los procesos electorales pendientes, esperando que la subida de los precios del barril de petróleo alivie la economía venezolana y que sus programas de abastecimiento de alimentos le ayuden a mejorar en las encuestas.
No obstante, esta decisión del TSJ que luce como un desafío a los 20 gobiernos que en la OEA están presionando a Maduro para que ceda en sus posiciones, conspira contra esa estrategia. La reacción internacional a la decisión del máximo tribunal venezolano no se ha hecho esperar: uno tras otro gobierno la han criticado y cuestionado.
El chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal
La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto ahora?
Que expulsen al gobierno venezolano de la OEA (o que se vaya por sus propios pasos) para reeditar la experiencia cubana de 1962 tiene un precio: agravar el aislamiento internacional en un momento de mucha vulnerabilidad económica para Venezuela. Cuando Cuba fue expulsada de la OEA tenía quien la recibiera, el bloque soviético enviándole petróleo subsidiado y comprándole su azúcar. ¿Dónde está la Unión Soviética de Nicolás Maduro?
Pedro Benítez es historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Sin un oxígeno financiero externo a Maduro se le va a hacer muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general de la República.
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