(EFE).- España concedió una de cada veinte solicitudes de asilo en 2020, año de la pandemia, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denunció los obstáculos que encuentran los solicitantes y la acumulación de peticiones pendientes de resolver, más de 100.000. Coincidiendo con la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Refugiado, CEAR presentó este viernes su informe anual «Las personas refugiadas en España y en Europa», que, según su directora, Estrella Galán, evidencia que la COVID-19 fue otro lastre para empeorar la situación ya precaria de estas personas.
El número de personas solicitantes de protección internacional en 2020 se redujo un 25 %, al pasar de 118.264 a 88.762, sin embargo, fue «alarmante» el incremento de solicitudes de protección internacional de menores, que supusieron el 4 % del total, según la fuente.
Lo que sí aumentaron fueron los permisos de residencia por razones humanitarias, que se autorizaron a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela, una medida que permite residir y trabajar temporalmente en España, pero que no implica ningún tipo de ayudas.
Respecto a la resolución de los expedientes de asilo, se produjo una «notable» agilización y España fue el tercer país europeo que más peticiones resolvió: 116.614, el doble que en 2019 y casi diez veces más que en 2018, pero, aun así, está en los últimos puestos de Europa en la concesión de asilo, con un 5 % de las solicitudes favorables frente al 33 % de media comunitaria.
La principal vía de entrada de solicitantes de asilo fue la aérea y los principales países de origen fueron Venezuela (28.365), Colombia (27.576) y Honduras (5.536).
Para Galán, la falta de otras alternativas para poder migrar provocó que el sistema de asilo «haya sido una vía para entrar de manera más legal a España».
Por otra parte, pese a la pandemia y el cierre de fronteras, el año pasado arribaron a las costas españolas de manera irregular más de 40.000 inmigrantes -23.000 a través de las Islas Canarias (Atlántico).
La directora de políticas y campañas de CEAR, Paloma Favieres, reprochó el «escaso» reconocimiento a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales o familiares) cuando las personas carecen de protección efectiva por parte de las autoridades de su país de origen.
Desde CEAR también denunciaron que, pese al descenso en 2020 de llegadas a través de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos en el norte de África, las devoluciones inmediatas (en caliente) a ese país se siguen produciendo, sobre todo durante la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de hace un mes, pese a que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Tribunal Constitucional español han fijado las garantías legales que deben exigirse.
