Pedro Benítez (ALN).- Con el arribo de los gobiernos populistas del siglo XXI, los manejos corruptos de los recursos públicos en Latinoamérica se transformaron en un fenómeno transnacional al servicio de un proyecto político en todo el continente. Lula fue parte de la “internacional de la corrupción latinoamericana”, un grupo de presidentes entre los que destacaban el venezolano Hugo Chávez y el argentino Néstor Kirchner.
Los partidarios del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva se sienten agraviados por la manera en que su líder ha sido tratado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país, que ha rechazado el habeas corpus en su favor y autorizado la reclusión luego de la sentencia condenatoria por corrupción, confirmada en dos instancias, que pesa en su contra. La actitud de los medios de comunicación brasileños, de la clase media de ciudades como Sao Paulo e incluso declaraciones del jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, en horas previas al fallo han sido interpretadas como presiones indebidas a la justicia.
Lula ha sido condenado por aceptar que una constructora le reformase un apartamento de lujo, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecerla en negocios con la petrolera estatal Petrobras. Él ha negado enfáticamente el hecho y los seguidores denuncian la condena como una persecución en su contra para cerrarle el paso a una eventual reelección presidencial.
No obstante, siete de los 11 miembros del Supremo Tribunal de Brasil fueron nominados por Lula y su sucesora Dilma Rousseff, y luego ratificados por el Senado de ese país. Recordemos que el mandato de los dos se prolongó de 2002 a 2016. Así por ejemplo, la presidenta de la máxima instancia de la justicia brasileña Carmen Lucía, que con su voto definió el futuro de Lula da Silva, fue postulada al cargo por el expresidente en 2006.
Los partidarios del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva se sienten agraviados por la manera en que su líder ha sido tratado por el Supremo Tribunal Federal
Por otra parte, el caso contra el expresidente Lula no es aislado, sino que forma parte de la operación anticorrupción Lava Jato, liderada por el juez Sergio Moro, que ha develado una gigantesca trama de corrupción que ha implicado a políticos de todos los partidos y tendencias políticas en Brasil.
Incluso, puede que Lula esté siendo condenado por un delito menor en comparación con otros muchos en los que sin duda incurrió. Porque es público y notorio que él se valió de su influencia como presidente para promover dentro y fuera de Brasil los intereses de la megaconstructora Odebrecht, que fue sólo una parte de los tentáculos de intereses políticos y económicos corruptos que el Partido de los Trabajadores (PT) fue creando desde que el exsindicalista llegó al poder en 2002, que además incluyó la red de soborno en torno a Petrobras.
Desde una perspectiva más amplia que Brasil, en Latinoamérica está ocurriendo una sacudida en contra de los negociados turbios por parte de la clase política.
Lula es otro mandatario más, de un grupo de acusados, investigados, solicitados, en presidio y/condenados por hechos de corrupción. Una ola que no ha distinguido entre ideologías o simpatías políticas.
El país que encabeza esa sacudida es Perú, donde hay tres expresidentes sometidos a algún tipo de proceso judicial por las tramas de corrupción vinculadas a Brasil: Alejandro Toledo, sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte de la justicia peruana, acusado de lavado de activos; Ollanta Humala, recluido de forma preventiva, acusado de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir en el caso Lava Jato; y Alan García, acusado también en el caso Odebrecht.
Y por último Pedro Pablo Kuczynski, sometido a investigación desde diciembre de 2016, por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú, por haber favorecido en 2006 a la firma brasileña para ganar una concesión cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Las revelaciones de su caso llevaron al pedido de vacancia presidencial que culminó en una crisis política y en la renuncia al cargo.
Populismo y corrupción
Pero la onda expansiva de los diversos casos de corrupción, los más notorios vinculados a Odebrecht, no se detendrá, pues ya hay investigaciones abiertas en otros países.
Por lo tanto esta no es sólo una persecución política contra Lula, quien probablemente no sea el político más corrompido de Brasil, aunque sí el más emblemático. Lo que hay en Brasil es una reacción contra todo el esquema de patrimonialismo corrupto que ha dominado la vida de ese país desde que Juan I de Branganza trasladara la capital del imperio portugués de Lisboa a Río de Janeiro en 1808.
Esa concepción patrimonialista según la cual cada grupo que llegaba al poder se consideraba dueño del país, no ha sido exclusiva de Brasil, sino que ha sido una lamentable tradición compartida en Latinoamérica. Lo novedoso de los últimos años es que con el arribo de los gobiernos populistas del siglo XXI, autodenominados de “izquierda progresista”, los manejos corruptos de los recursos públicos se transformaron en un fenómeno transnacional al servicio de un proyecto político en el continente.
Lula ha sido condenado por aceptar que una constructora le reformase un apartamento de lujo, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecerla en negocios con la petrolera estatal Petrobras
Lula fue desde su llegada al poder en 2002 parte de la “internacional de la corrupción latinoamericana”, un sindicato de presidentes interesados más que nada en mantener la estabilidad laboral y los negocios a buen resguardo, haciendo uso de una buena coartada: la lucha contra la pobreza, por la justicia social y por un mundo más justo.
De ese grupo de mandatarios, entre los que destacaban el venezolano Hugo Chávez y el argentino Néstor Kirchner, Lula da Silva siempre fue el de lenguaje más moderado, el que expresaba más sensatez. En sus acciones no pretendía acabar con los ricos, sino con los pobres. Durante dos administraciones la economía brasileña evolucionó de manera bastante aceptable, principalmente por continuar las políticas de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso.
De modo que era lógico que fuera el modelo político a seguir. Lula era la izquierda vegetariana. Chávez, la izquierda caníbal. No obstante, había algo en él (particularmente para los venezolanos opositores) que nunca terminó de cuadrar.
¿A qué se debía ese compromiso público de Lula con Chávez? ¿Por qué ese empeño en justificar públicamente sus excesos, aunque se sabía que algunas veces en privado se los reprochaba? ¿Por qué un estadista de izquierda, demócrata y moderado, apoyaba a un radical autoritario?
Brasil no es Cuba, ni Nicaragua, es el gigante del vecindario. El único país de la región que puede aspirar a ser una potencia mundial. El gobierno de Lula no necesitaba el subsidio petrolero venezolano para sobrevivir.
Una explicación era que Brasil podía hacer uso de la influencia de Lula sobre Chávez, como parte de la estrategia geopolítica brasileña, de la cual Venezuela sería una pieza. Según esa lógica Chávez era el rottweiler petrolero y Lula su apaciguador. Si los gringos tenían problemas con él, llamarían al despacho presidencial en Brasilia. Pero había algo más.
Los petrodólares venezolanos contribuyeron (directa o indirectamente) a la campaña electoral del Partido de los Trabajadores en 2002, en la que Lula fue elegido presidente en el cuarto intento. Probablemente entonces la operación fuera por intermedio de empresas brasileñas que financiaban al partido de Lula.
El dinero iba y venía
Allí fue donde se estableció la primera conexión entre Chávez y Lula, la estrella política mundial del momento.
En 2005 los medios de Brasil sacaron a la luz pública el primer gran caso de corrupción de su gobierno. Entonces se denunció que él y José Dirceu, su asesor más cercano, habían montado su propia red de corrupción en Brasil.
El Gobierno se tambaleó y perdió a algunos de los principales ministros y jerarcas del PT, acusados de crear una millonaria contabilidad ilegal para pagar a partidos y congresistas a cambio de apoyo político. Fue el denominado “escândalo do mensalão”, donde Dirceu, su jefe de gabinete y mano derecha, se vio obligado a renunciar. En 2012 Dirceu sería condenado a 10 años y 10 meses de prisión por este delito.
Durante una década los escándalos rodearon a Lula pero no lo tocaron hasta el 2016. Los medios y la justicia brasileña fueron más laxos con él que con Fernando Collor de Mello en 1992, cuando otro esquema de tráfico de influencias y sobornos le costó la Presidencia a este último.
Desde una perspectiva más amplia que Brasil, en Latinoamérica está ocurriendo una sacudida en contra de los negociados turbios por parte de la clase política
Por esa época parte del entramado de corrupción montado por Lula y su gente incluye un nombre muy conocido hoy: Odebrecht. Ahora sabemos, por los documentos de la Fiscalía brasileña que se han difundido, que el expresidente brasileño hizo, por ejemplo, tráfico de influencias en Venezuela a favor de esa empresa.
La línea 4 del Metro de Caracas, el II puente sobre el río Orinoco, el puente Orinoquia en Puerto Ordaz, la línea 1 del Metro de Los Teques, la central hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), el metrocable de San Agustín en la ciudad de Caracas, el proyecto de mejoras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (el principal de Venezuela) y la línea 5 del Metro de Caracas, fueron sólo algunos (y más conocidos) de los numerosos contratos que el Estado venezolano entregó a esa empresa en la era Chávez.
Esa fue una vía que el mandatario venezolano usó para contribuir a financiar masivamente (a cuenta del petróleo venezolano) el proyecto de hegemonía política que Lula intentó montar en Brasil. Recordemos, Lula pretende reelegirse en 2018.
¿Cómo se beneficiaba Chávez? Pues como él también pretendía eternizarse en el poder, se estaba asegurando el apoyo diplomático de Brasil.
Por otro lado, el gigante brasileño de la construcción tenía casi tres décadas de prácticas corruptas para obtener beneficios en contrataciones públicas. La extensión de los tentáculos es asombrosa e incluye países de dos continentes: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador. No guardó distinciones ideológicas o políticas. Odebrecht sobornó a políticos en el gobierno y en la oposición. A los que estaban y a los que venían, sin importar si eran de centro, izquierda o derecha.
La empresa incluso tenía una división dedicada a pagar sobornos. Así sería la sensación de impunidad que la red de contactos políticos le brindaba. Pero la parte positiva de esta historia es que esa impunidad se acabó.
A eso se sumó el estilo de Chávez de actuar en política internacional, la ausencia de escrúpulos de gente como Kirchner y Lula y la sensación de poder absoluto. Con todo el dinero que iba y venía era imposible que esa cooperación interregional no terminara en una red de corrupción internacional.
Esta es una de las fuertes razones por las cuales uno de los primeros dirigentes políticos en solidarizarse con Lula este jueves fuera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sucesora y heredera de prácticas políticas y económicas bastante inescrupulosas que su marido, el expresidente Kirchner, fue montando en la década pasada en Argentina en cooperación con sus aliados continentales Lula da Silva y Hugo Chávez.
Hoy en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las elites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción. Todo nuestro afecto para con él.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 5 de abril de 2018
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