Leticia Núñez (ALN).- Gas Natural no es la única. La demanda presentada por la multinacional española contra el país latinoamericano ante un tribunal de arbitraje europeo por liquidar su filial se suma a las interpuestas por América Móvil (la empresa telefónica de Slim), Glencore, Eco Oro Minerals y Cosigo. Colombia sigue escalando posiciones en el ranking de las denuncias internacionales ante distintos tribunales de arbitraje. La española Gas Natural Fenosa interpuso el pasado miércoles la última demanda contra el país latinoamericano por la liquidación de su filial Electricaribe. Un cese que hizo saltar todas las alarmas sobre la lotería de la seguridad jurídica en América Latina y la protección a las inversiones extranjeras.
Sin embargo, la multinacional española no es la única que se ha visto obligada a llevar a Colombia ante un organismo de arbitraje. La minera suiza Glencore tuvo el infortunado honor de inaugurar el historial de reclamaciones jurídicas internacionales de 2016 por presunto incumplimiento de las cláusulas pactadas en los acuerdos de inversión. Fue el 16 de marzo y lo hizo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo con sede en Washington que depende del Banco Mundial. Poco después, el contralor general de la República, Edgardo Maya, llegó a decir que la multinacional quería “poner de rodillas al Estado”. Desde entonces, el país ha recibido otras cuatro demandas.
Contamos con el acompañamiento de abogados de un grupo internacional que ha manejado controversias internacionales”, asegura la ministra colombiana de Comercio
En agosto le llegó la de Claro, de América Móvil, la empresa telefónica de Carlos Slim. La compañía también recurrió al Ciadi. Acusó a Colombia de violar las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con México para favorecer a otras firmas frente a Claro: “El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue inconsistente con la sentencia C-555 de la Corte Constitucional que ordena excluir de la reversión los activos incorporados voluntariamente por Comcel, Occel y Celcaribe [empresas que ahora prestan sus servicios bajo la marca Claro]”.
Además, América Móvil, con 282 millones de clientes en todo el mundo, culpó a Colombia de no cumplir con la obligación de otorgar a las inversiones y los activos que tenía un “tratamiento justo y equitativo”. Tras afirmar que realizaron “ingentes esfuerzos” por negociar amistosamente la disputa, la compañía exigió una indemnización equivalente al valor justo de mercado que tendría la inversión en el momento de la “expropiación”, más los intereses correspondientes. Un monto que estaría por definirse. Aún no se ha resuelto este conflicto.
En diciembre, Eco Oro Minerals solicitó arbitraje contra Colombia tras sustentar su pleito en la demora del Gobierno para definir los límites del Páramo de Santurbán (una región natural ubicada en los departamentos colombianos de Norte de Santander y Santander) y las zonas a las que afectaba el proyecto de minería Angostura, así como la falta de claridad sobre el derecho que tenía a continuar explorando el área. La minera fundamentó la demanda en el incumplimiento de los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, que incluyen un capítulo de protección a la inversión. Hasta aquí las demandas que el país latinoamericano tiene pendientes ante el Ciadi.
Colombia dice estar preparada para afrontar la demanda de Gas Natural Fenosa / Flickr: Ministerio de Trabajo de Colombia
En el caso de Gas Natural, el conflicto se solucionará en el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI). Al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España. Las ventajas de presentar la demanda en un organismo con sede en Europa para una empresa europea son importantes desde el punto de vista logístico, tal como señaló una información del periódico Expansión.
El Estado colombiano ya tiene un conflicto abierto ante la CNUDMI, el que le presentó la minera canadiense Cosigo en marzo. Reclaman 16.500 millones de dólares (aproximadamente 15.201 millones de euros) porque, según la firma, no pudieron explotar la concesión de la minería de oro en el departamento de Vaupés, en la frontera con Brasil, puesto que la zona se convirtió en parque natural.
Expropiación sin indemnización
En el caso de la multinacional española, el objetivo de la demanda es que se le devuelva Electricaribe, en la que tiene una participación del 85%, o que se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, según valoraciones preliminares de Gas Natural, superará los 1.000 millones de euros (1.064 millones de dólares). Como el resto de las empresas, la española se alza contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica, contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización y contra el “hostigamiento” sobre un inversor internacional y las personas a su servicio.
Pese al paso dado con el inicio del procedimiento arbitral, Gas Natural mantiene la voluntad de continuar dialogando con Colombia para alcanzar un acuerdo que establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe y “llevar a cabo las inversiones convenientes”. Así lo manifestó el embajador de España en el país latinoamericano, Pablo Gómez de Olea, quien en declaraciones a la agencia EFE se mostró confiado en encontrar una “solución satisfactoria, sea por la vía del diálogo o por la arbitral”.
“Defender a Colombia de forma contundente”
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia intervino Electricaribe en noviembre de 2016 y la liquidó el 14 de este mes por “no estar en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”. Sin embargo, Electricaribe argumenta que parte de los problemas se deben a la alta tasa de impago de sus usuarios y al robo de electricidad. A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que la filial acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros (1.338 millones de dólares).
Colombia ya tiene un conflicto abierto ante la CNUDMI, el que le presentó la minera canadiense Cosigo
La ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, afirmó que su país está preparado para afrontar la demanda de Gas Natural desde hace ocho meses. “Contamos con el acompañamiento de abogados de un grupo internacional que ha manejado controversias internacionales”, manifestó a Blu Radio, para rematar: “El Gobierno está tomando todas las medidas para defender a Colombia de forma contundente”.
