Zenaida Amador (ALN).- Nicolás Maduro acaba de formalizar una denuncia contra el gobierno de Donald Trump en la Corte Penal Internacional, argumentando que comete crímenes de lesa humanidad al aplicar sanciones contra su régimen. La medida es una más de las muchas acciones que ha intentado, de manera directa e indirecta, para que se flexibilicen las sanciones que le roban el oxígeno al régimen. Pero no es una campaña en la que está solo, sus aliados también lo acompañan en esto.
“Es una guerra económica y criminal. Prohibir a un país importar sus alimentos y medicinas, como principal elemento para la vida, es un crimen de lesa humanidad (…) El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aspira a que haya justicia”, aseguró Nicolás Maduro al respecto al cierre de la semana pasada.
Las sanciones contra su régimen, que arreciaron luego de imponer un segundo mandato de forma ilegítima en enero de 2019, no sólo provienen de Estados Unidos. Varias naciones han aplicado medidas diplomáticas y sanciones individuales contra funcionarios del chavismo y sus relacionados. No obstante, son las medidas económicas aplicadas por Washington las que más le pesan a Nicolás Maduro en su empeño por sostenerse en el poder.
Hasta ahora ha encontrado vías para tratar de evadirlas o minimizar su impacto. La semana pasada, por ejemplo, se conoció que el régimen de Maduro forzó la descarga de 960.000 barriles de crudo que permanecían en un buque fondeado frente a las costas venezolanas por casi un año debido a las sanciones internacionales. La operación se registró sin que exista claridad sobre quién asumirá la responsabilidad por daños o pérdidas en una acción de esta naturaleza.
Pero no es lo único que ha hecho Maduro.
Rusia ya se no se toma en serio las AMENAZAS de Trump contra la petrolera Rosneft por los negocios con Maduro
Las vías
El régimen venezolano lleva meses utilizando a la rusa Rosneft como su operadora internacional, que usa el crudo entregado por Venezuela -que mantiene amplias deudas acumuladas- para colocarlo en mercados como el asiático, lo que le ha ayudado a sobrevivir.
Un caso clave es el de Chevron, que sigue operando en Venezuela gracias a las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de EEUU en medio de las sanciones, y que ha implicado una ardua labor de lobby en Washington.
Más allá de estas gestiones operativas también ha adelantado otras aproximaciones negociadas para intentar una flexibilización de las sanciones. El llamado Grupo de Boston es uno de los que ha tenido un rol clave en este sentido, así como otros grupos de empresarios que hacen vida en Venezuela y que han tratado de exponer ante varias instancias de la administración Trump las lesiones causadas por las sanciones.
Rusia, China, India y España, entre otros, cuidan sus intereses políticos y económicos. Quizá esto explique el renovado empeño de algunos de estos actores por promover nuevamente el diálogo en Venezuela y bajar la presión que puede generarles impactos de consideración.
Lo cierto es que mientras se aplican las medidas y se desarrolla todo el entramado político, que busca acelerar la salida de Maduro del poder para abrir espacio a la restitución de la democracia en Venezuela, el régimen venezolano ha podido sostenerse. Incluso, dentro de la crítica situación de deterioro de la industria petrolera nacional, ha logrado ralentizar la contracción de la producción, que se encuentra por debajo del millón de barriles diarios.
En paralelo, Maduro está negociando con sus socios y aliados para abrirle espacios a una mayor participación en los proyectos petroleros conjuntos, en lo que algunos identifican como el desmontaje del estatismo impulsado por Hugo Chávez.
Peso en el ala
No obstante, el yugo del cerco internacional está allí. Un despacho de Platts indica que existen 677.000 barriles diarios de crudo disponibles para la venta en febrero, pero Venezuela no encuentra compradores debido a las sanciones de Estados Unidos.
Según este reporte, las sanciones han disuadido “a los pocos clientes que aún se atrevían a ingresar a los puertos venezolanos” aun cuando el país ofrece pagar deudas con crudo a sus acreedores. Se calcula que esos barriles sin vender representan un ingreso mensual aproximado de 800 millones de dólares, algo vital para el régimen de Maduro.
Aun con las gestiones que adelantan las autoridades venezolanas para revertir el curso de las medidas, la postura del gobierno de EEUU es otra. De hecho, tras la reciente gira internacional del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ratificó la disposición para adoptar nuevas y más duras sanciones contra Maduro.
Incluso Washington estudia sanciones que toquen a las petroleras que de alguna manera le permiten oxigenarse, como Repsol y Reliance, pasando por la propia Chevron e incluso Rosneft.
Maduro, por su parte, aseguró que Juan Guaidó debe ser castigado por promover la aplicación de las sanciones y volvió a poner sobre el tapete que podría ir preso. En el ínterin mantiene detenido a un tío de Guaidó por presuntamente intentar ingresar material explosivo al territorio, lo que para muchos es una forma de presionar al líder opositor. En paralelo Guaidó sostiene que la presión contra Maduro seguirá y escalará hasta donde sea necesario.
Por eso Maduro juega en un doble plano.
Ayuda de los amigos
Rusia, China, India y España, entre otros, cuidan sus intereses políticos y económicos. Quizá esto explique el renovado empeño de algunos de estos actores por promover nuevamente el diálogo en Venezuela y bajar la presión que puede generarles impactos de consideración.
Así, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en su visita a Caracas a inicios de febrero, dijo que Rusia apoya la promoción del diálogo en Venezuela. Y este lunes 17 la Unión Europea tiene en agenda debatir la reactivación del proceso de diálogo en Venezuela según lo planteado por el llamado Grupo de Contacto meses atrás.
Maduro dice que está en contacto con los gobiernos de España, Argentina, México, Panamá y Rusia para un diálogo
En este contexto Maduro ha dejado claro que está buscando crear un “grupo de países amigos” para facilitar el diálogo inclusivo y soberano y “fortalecer la democracia”, donde incluyó a España, Rusia, México, Panamá, Argentina y la Unión Europea.
Es una puja donde entran en juego muchos intereses internacionales, y que parece ser el verdadero tablero donde se está definiendo el futuro de Venezuela.
