Rafael Alba (ALN).- Unidas Podemos y el PSOE necesitan los votos del PNV para mantener a flote el gobierno de coalición. Las compañías del Ibex 35 siempre se han entendido bien con las grandes familias de la burguesía vasca, impulsoras de la industrialización de Euskadi y defensoras del nacionalismo moderado.
Ya es real. El temido gobierno de coalición impulsado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias existe, ha tomado sus primeras decisiones y se dispone a poner en marcha un programa económico de izquierdas orientado hacia las iniciativas sociales. Un plan que ha llenado de dudas e incertidumbres a algunos líderes empresariales hispanos que, sin embargo, son conscientes de que la buena marcha de sus negocios depende, y mucho, de su capacidad para convivir con los poseedores del poder político. Una necesidad que es todavía más acuciante en el caso de los principales responsables de las multinacionales españolas, las empresas del Ibex 35, el índice selectivo de la bolsa española, que se juegan mucho en este envite. Por suerte, algunos de ellos han encontrado una fórmula para parar (o atenuar) los posibles golpes: consolidar sus relaciones, habitualmente buenas, con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una formación moderada y decididamente pro-negocios, sin cuyos votos el nuevo Ejecutivo no podría contar con la mayoría que necesita.
Para algunas grandes compañías españolas esta relación es algo natural y se remonta a los inicios de la transición democrática. La eléctrica Iberdrola, por ejemplo, tiene su sede en Bilbao y allí celebra cada año su Junta de Accionistas. Además, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha mantenido desde el inicio de su mandato en 2006 una perfecta relación con la aristocracia empresarial vasca, muy ligada al PNV. Galán quizá lo haya conseguido porque antes de ocupar su puesto actual llevaba casi un lustro en la empresa, como número dos de Iñigo de Oriol Ybarra. Ese conocimiento de los entresijos del verdadero poder en Euskadi ha sido de vital importancia para una empresa que ha mantenido siempre su sede social en ese territorio y que también tiene allí buena parte de sus áreas estratégicas y de sus centros de decisión. En los ambientes bursátiles se asegura también que la buena sintonía que mantiene el presidente de la eléctrica con Iñigo Urkullu, actual lehendakarri y jefe supremo del nacionalismo vasco moderado, le ha resultado muy útil a Iberdrola en algunos momentos difíciles.
Y, por lo visto, aún funciona. El hombre del PNV en Madrid, Aitor Esteban, que se ha encargado de las negociaciones entre su partido, el PSOE y Unidas Podemos, ha sido muy explícito sobre las consecuencias no deseables que podría tener en el sector eléctrico el Plan de Transición Energética que el nuevo gobierno quiere poner en pie de la mano de Teresa Ribera, su flamante vicepresidenta verde. Advertencias que el político vasco ha realizado tanto en público como en privado. Esteban ya manifestó su preocupación sobre el asunto en el discurso que pronunció en el debate de la fallida investidura de Sánchez en julio de 2019. Lo cierto es que la contribución de Iberdrola a la Hacienda vasca es vital y que cualquier ataque regulatorio que ponga en peligro los beneficios de la eléctrica puede resultar perjudicial para las cuentas de la autonomía. Por eso en el Parlamento madrileño algunos diputados maliciosos aseguran, medio en serio y medio en broma, que Esteban es “uno de los mejores abogados de Galán” en las conversaciones privadas que mantienen con los periodistas amigos.
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El BBVA tiende puentes al PNV
Otra gran empresa española que es vasca en su origen, y que todavía mantiene su sede social en Bilbao, es el BBVA, una de las principales entidades financieras españolas. Pero, en este caso, las relaciones entre los máximos ejecutivos de la compañía y el PNV no siempre han sido buenas. De hecho, durante muchos años estuvieron prácticamente congeladas, por decirlo suavemente. Todo por culpa del anterior presidente del banco, el polémico Francisco González, también conocido como FG, que durante su mandato hizo todo lo posible por alejar al banco de su territorio original. De hecho, trasladó los centros de decisión a Madrid e intentó eliminar casi por completo el gen euskaldun del ADN de una entidad que surgió inicialmente de la unión de los dos grandes bancos vascos históricos, el Bilbao y el Vizcaya, cuyos máximos ejecutivos, procedentes de las más selectas familias vascas, siempre se movieron en la órbita peneuvista. La comunión entre el partido nacionalista moderado y el banco era perfecta hasta que FG desalojó del poder a las grandes familias vascas, tras haber realizado con éxito la fusión de esta entidad con Argentaria, el grupo bancario público a cuya presidencia llegó gracias a José María Aznar, poco después de que este se convirtiera en presidente del gobierno.
El hombre del PNV en Madrid, Aitor Esteban, que se ha encargado de las negociaciones entre su partido, el PSOE y Unidas Podemos, ha sido muy explícito sobre las consecuencias no deseables que podría tener en el sector eléctrico el Plan de Transición Energética que el nuevo gobierno quiere poner en pie de la mano de Teresa Ribera, su flamante vicepresidenta verde.
Pero FG ya no está en el BBVA y, además, se enfrenta ahora a serios problemas con la justicia por sus relaciones peligrosas con el malévolo comisario José Luis Villarejo de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en este mismo espacio. Y, según algunas fuentes financieras consultadas, Carlos Torres, el nuevo presidente del banco, intenta ahora a toda prisa restablecer las relaciones entre su compañía y el entorno del PNV. Al parecer lo necesitaría desesperadamente. Al menos si es cierta la historia que se escucha desde hace semanas en los mentideros madrileños y que ha sido publicada ya en unos cuantos confidenciales de internet. Los rumores apuntan hacia la posibilidad de que el lehendakarri Urkullu y su equipo hayan preparado un plan para recuperar el ascendente de las grandes familias vascas sobre el que aún consideran su banco. Una estrategia en la que Torres no tendría sitio. Se trataría de impulsar una fusión entre el BBVA y Bankia que estuviera pilotada por José Ignacio Goirigolzarri, el máximo responsable de la banca pública, que fue durante casi una década el consejero delegado del BBVA hasta que FG le defenestró en otro episodio famoso de sus diferencias con el empresariado vasco.
Goirigolzarri es un ejecutivo formado en la universidad de Deusto y un auténtico pata negra de la aristocracia financiera euskalduna, con lo que si se produjese esta fusión las familias vascas y el propio PNV volverían a mandar en “la empresa” y habrían completado su venganza contra FG. Aunque para lograrlo necesitarían la aquiescencia y el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hay quien dice que en las últimas negociaciones del acuerdo de investidura entre los nacionalistas vascos y el PSOE también se trató este tema, pero ninguna fuente oficial ha confirmado tal extremo. Por si acaso, según cuentan algunos buenos conocedores del asunto, Torres, como decíamos antes, intenta acercarse a los nacionalistas vascos con la mediación de Juan Asúa, un senior advisor de la entidad que se lleva bien con los Ampuero, los Ybarra, los Zubiría y el resto de las familias vascas con peso en el accionariado de la entidad que aún mantienen una participación conjunta en el banco cercana al 4%. Asúa habría intentado convencerles de que Torres quiere cerrar las viejas heridas de una vez por todas y de que está dispuesto volver a darles protagonismo en la gestión. Pero no es una tarea sencilla.
Repsol y la vicepresidenta Teresa Ribera
Quienes piensan que Torres se teme lo peor, llegan incluso a relacionar con esta inquietud el informe positivo sobre las perspectivas económicas españolas que ha presentado recientemente BBVA Research. Se trataría de saludar al nuevo Ejecutivo, y a su vicepresidenta económica Nadia Calviño, con unas cifras que les resultarán favorables al mostrar el relativo fin de la terrible desaceleración. Lo cierto es que los expertos del banco han augurado unas cifras de crecimiento del PIB español del 1,6% y el 1,9% para 2020 y 2021, respectivamente, que harían posible la creación de medio millón de puestos de trabajo en los próximos 365 días. Una cifra que no comparten otros informes recientes, como el publicado por la consultora Manpower. Ellos recortan el guarismo hasta la mitad y aseguran que los próximos dos años serán los peores para el mercado laboral español desde el lejano 2014, cuando el tejido productivo hispano empezó a superar el impacto de la gran crisis y la creación de puestos de trabajo repuntó tímidamente tras una larga secuencia de ejercicios aciagos.
Aunque eso sólo sería posible si Sánchez respeta los puntos esenciales de la reforma laboral que aprobó el PP de Mariano Rajoy y limita los cambios pactados con Iglesias a retoques de poca envergadura. Calviño ha prometido que lo harán así. Pero la desconfianza al respecto es grande, como muestra el último Índice de Confianza Empresarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha registrado un descenso del 0,4% en el último trimestre. Es su segunda bajada consecutiva. Una caída que empezó a apreciarse hace seis meses con las primeras noticias sobre la posibilidad de que PSOE y Unidas Podemos gobernaran en coalición. Y, como ya hemos dicho, en este contexto endiablado conviene protegerse con todos los recursos disponibles. Como habría hecho también Repsol, cuyo presidente Antonio Brufau parece decidido a firmar la paz con la vicepresidenta Ribera tras su encontronazo de la pasada primavera. Entonces, Ribera era sólo una ministra en funciones y Brufau la responsabilizaba de penalizar el negocio de su compañía por culpa de los excesos cometidos en la cruzada contra el cambio climático.
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Ahora, sin embargo, Repsol ha presentado una estrategia que aspira a convertirla en líder mundial en reducción de emisiones: un plan que ha convencido a los gestores del Fondo Soberano de Noruega, que ha tomado un 3% del capital de la compañía. Y el movimiento llega poco después de que este brazo financiero del gobierno del país nórdico haya anunciado que sólo invertiría en empresas cuyo negocio se basará en el crudo y el carbón si tenían una estrategia clara para diversificar. Por lo visto, Repsol la tiene. Pero, por si acaso, Brufau posee otra carta ganadora. Se trata de Josu Jon Imaz, el consejero delegado de la compañía, un antiguo dirigente del PNV que dejó el partido hace unos años porque no compartía la estrategia de los dirigentes radicales como Juan José Ibarretxe que tras tomar el poder se habían escorado hacia el independentismo. Imaz militaba en la facción moderada junto al actual lehendakarri Iñigo Urkullu y Aitor Esteban. Unas buenas amistades que le van a venir muy bien ahora a su empresa para rebajar las tensiones con la ministra. Por lo menos, como decíamos al principio, mientras el gobierno de Sánchez e Iglesias necesite los votos de los parlamentarios del PNV para sobrevivir. Si es que sobrevive.
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