Zenaida Amador (ALN).- En su urgencia por sostenerse en el poder a cualquier precio Nicolás Maduro lleva meses alejándose de la línea ideológica del chavismo. Esa también es sacrificable. Sin recursos y con un modelo económico fracasado, le ha coqueteado a cualquier opción, incluyendo desandar el camino estatista de la industria petrolera. La PDVSA roja rojita de Chávez parece que pasará a la historia como el registro de un desatino.
Recién se formalizaron algunos cambios en la línea de mando del sector petrolero venezolano que, aunque desvencijado y venido a menos, sigue siendo la principal fuente de ingresos de la nación. De esta manera Nicolás Maduro concretó el nombramiento de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo, y de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez, como presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en reemplazo del general Manuel Quevedo.
El Aissami y Asdrúbal Chávez llevaban años en la estructura de PDVSA y eran parte de la llamada comisión reestructuradora de la industria petrolera que Maduro designó a inicios de 2020, y que debía buscar una vía para revertir el desplome productivo.
Las designaciones, que implican a su vez un reacomodo de los grupos de poder que acompañan a Maduro, constituyen una vía para terminar de materializar un cambio de dirección en el manejo de la política petrolera, consolidando el apetito privatizador del sector, aunque esto vaya en contravía con el espíritu ideológico de Hugo Chávez.
El nuevo capítulo, del que se ha conocido gracias a la filtración de unos documentos internos de la industria, implica que los actores privados tendrán un rol operativo de mayor preponderancia y que el Estado disminuye su papel en áreas como exploración, producción, refinación, transporte y comercialización.
Maduro no entra en pánico y mueve la ficha de Tareck El Aissami
Este desandar no podía llegar en un momento más emblemático. Fue el 1º de mayo de 2007 cuando Hugo Chávez decidió nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco y los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas existentes, dando paso a empresas mixtas, donde 60% de los proyectos debía estar en manos del Estado venezolano.
Un proceso costoso, no solo por los litigios internacionales que desató el desconocimiento de los términos de los contratos ya suscritos con empresas transnacionales, sino porque puso los recursos energéticos al servicio del Gobierno y convirtió a PDVSA en su brazo auxiliar, financiando sus políticas y programas de toda índole, mientras se alejaba del negocio petrolero y descuidaba las inversiones necesarias para garantizar las finanzas de la nación.
De hecho, aunque los precios del petróleo llegaron a colocarse por encima de los 100 dólares por barril, desde 2007 PDVSA aceleró su endeudamiento precisamente para costear todas las iniciativas del Gobierno, que incluían desde la importación de alimentos hasta planes agrícolas.
PDVSA pasó de un pico de extracción de 3,27 millones de barriles diarios en 2005 a 2,97 millones de barriles en 2010, para continuar de forma errática en una línea descendente de producción hasta caer por debajo del millón de barriles diarios. En consecuencia, también se contrajo el volumen de barriles disponibles para exportar, disminuyendo los ingresos. Luego, vinieron las sanciones internacionales y el colapso de un modelo inviable quedó totalmente al descubierto.
La mano en el bolsillo privado
Para un régimen con un ingreso petrolero promedio anual de 56.000 millones de dólares era muy simple tomar el control del sector hidrocarburos y ponerlo en función de su agenda política, pero hoy, cuando se calcula que las exportaciones petroleras anuales a duras penas rondarán los 4.000 millones de dólares al año, se busca con urgencia que otros inyecten recursos para impedir el desfallecimiento total de la industria.
Los documentos internos de PDVSA que han divulgado las agencias internacionales de noticias, hablan de la necesaria reestructuración de la industria si se quiere recuperar la producción petrolera algo que, en términos simbólicos, proponen que se traduzca en el cambio de color de su logo de rojo a negro.
Los documentos que contienen el plan de reestructuración también hablan de que PDVSA debería abandonar los negocios no petroleros, muchos de los cuales surgieron durante la estrategia de control estatal de Hugo Chávez sostenida por la petrochequera del momento.
Anteriormente el logotipo de PDVSA era azul, pero luego del proceso de 2007, con la estatización de actividades y la politización de su gestión, pasó a rojo. Incluso Rafael Ramírez, el entonces hombre fuerte de Chávez que timoneó el proceso, afirmaba que PDVSA era “roja rojita” en alusión a lo socialista que era.
El cambio de color solo muestra la nueva tendencia, pues la reestructuración planteada, y que El Aissami impulsaría, incluye que sean privados quienes operen proyectos productivos bajo nuevos acuerdos de servicios, licencias y empresas mixtas, incluyendo campos con masivas reservas que siempre han sido operados por PDVSA y, además, comercializar ellos mismos el crudo. Para esto PDVSA pagaría una tarifa a otras empresas petroleras por la operación de los campos.
La participación estatal en las empresas mixtas, eso que Hugo Chávez vendía como la muestra de la soberanía petrolera, se reduciría de 60% a 50,1%.
No hay que olvidar que el alto porcentaje de participación además de permitirle a PDVSA el control, igualmente implicaba que en esa proporción debía hacer aportes e inversiones, algo para lo que la petrolera no tiene capacidad porque se encuentra financieramente en rojo.
Ahora se plantea “someter a consideración de los acreedores la posibilidad de convertir la deuda en activos y honrar los compromisos de capital e interés adquiridos por PDVSA. Aquí la explotación de los campos seria 100% realizada y soportada por la empresa seleccionada, la cual levantaría los recursos de inversión requeridos para la explotación de los campos”.
Cierres y subsidios
Los documentos que contienen el plan de reestructuración también hablan de que PDVSA debería abandonar los negocios no petroleros, muchos de los cuales surgieron durante la estrategia de control estatal de Hugo Chávez sostenida por la petrochequera del momento. Chávez llevó a PDVSA a desarrollar líneas de negocio en materia de manufactura y agricultura, así como a extenderse por países aliados a través de una diplomacia petrolera que dio lugar a iniciativas poco rentables financieramente pero que le rindieron mucho rédito político al chavismo.
Es amplio el cementerio de empresas que irán a la venta, liquidación y cierre, sin detalles de lo que ocurrirá con su personal. La idea es ir hacia un esquema simplificado en su estructura accionaria y llegar a 12 filiales de primera línea.
En este proceso sí quedan claros los nuevos intereses internacionales, pues se perfila una filial de PDVSA Rusia, a la que terminarían adscritas empresas que antes reportaban a PDVSA Europa.
Más allá de esto, el cambio de modelo implica asumir algo a lo que tanto Nicolás Maduro como el propio Hugo Chávez le temieron: eliminar el subsidio a la gasolina. Mientras existieron millonarios ingresos era posible asumir los gastos de producción del combustible y usar políticamente este recurso a su favor, pero dado el estado actual de las finanzas públicas y el desmantelamiento de Pdvsa es imposible costear la más mínima operación de refinación petrolera.
El circuito refinador está desmantelado y el poco combustible que surte al mercado proviene de la importación. Así, en la nueva era petrolera, que parece recaerá sobre Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, la máxima será reducir el subsidio a la gasolina y permitir a empresas privadas operar las refinerías.
Las pérdidas anuales por este subsidio se estiman en unos 11.000 millones de dólares. De allí que se plantee reducirlo drásticamente, según los documentos, pasando a un “precio internacional” para la venta de los combustibles a nivel local tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Centra de Venezuela.
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