(EFE).- La oscura figura de Vladimiro Montesinos, el superasesor del expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), responsable de la gigantesca red de corrupción que acaparó el Estado en los años 90, reapareció en medio del intento de Keiko Fujimori por evitar su derrota en las recientes elecciones presidenciales.
En el mismo día que se cumplían veinte años de su detención en Venezuela tras haberse fugado de Perú, salieron a la luz unas grabaciones con la supuesta voz de Montesinos donde se le escucha presuntamente coordinar el soborno de tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Las grabaciones fueron presentadas por el excongresista Fernando Olivera, el mismo que en el año 2000 destapó los famosos ‘Vladivideos’, la serie de filmaciones hechas por Montesinos donde grababa en la sede del servicio de inteligencia (SIN) el momento en que sobornaba a políticos, magistrados y periodistas, entre otros.
En las grabaciones de Olivera, capturados de llamadas telefónicas, Montesinos intenta aparentemente coordinar, desde la cárcel donde cumple una condena de 25 años de prisión, comprar con dinero el favor de la mayoría del pleno del JNE, el máximo órgano electoral de Perú que debe revisar los recursos presentados por Keiko Fujimori.
Su objetivo era supuestamente que el JNE aceptara todos los recursos presentados por Keiko Fujimori para anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde su rival y virtual presidente electo, Pedro Castillo, obtuvo un apoyo abrumador, ya que muchas de estas solicitudes fueron presentadas fuera de plazo.
Para realizar estas coordinaciones, Montesinos utilizaba presuntamente un teléfono fijo de la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao donde se encuentra recluida, algo que hasta el momento no ha sido desmentido por la Armada peruana.
ENLACE CON TRIBUNAL ELECTORAL
Aparentemente, las grabaciones fueron realizadas por el militar en retiro Pedro Rejas Tataje, una persona muy cercana a la familia Fujimori, a quien Montesinos le ordenaba contactarse con Guillermo Sendón para llegar hasta los magistrados del JNE.
En otra grabación hecha con cámara oculta se aprecia a Sendón afirmar que el magistrado Luis Arce le había pedido tres millones de dólares para cada uno de los magistrados que debía votar a favor de aceptar todos los recursos de Keiko Fujimori.
Sendón reconoció el jueves por la noche en un video publicado en sus redes sociales la veracidad de las conversaciones, pero alegó que solo seguía la corriente para saber si realmente había un fraude.
El pleno del JNE intentó dar el viernes pasado un plazo extraordinario al partido fujimorista Fuerza Popular para que presentara todos los recursos para anular votos a petición del magistrado Arce.
Sin embargo, horas más tarde, cuando esa decisión trascendió en los medios de comunicación sin que aún hubiera sido promulgada, el órgano electoral se retractó bajo el argumento de que no habían tenido en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe variar los plazos del proceso electoral.
PRESIDENTE AÚN SIN PROCLAMAR
Arce renunció al pleno del JNE el miércoles último después de que fueran rechazados en segunda y última instancia varios recursos de Fujimori, lo que sienta precedente para las demás apelaciones en las que la candidata derechista alega, sin haber aportado pruebas fehacientes, un “fraude sistemático” en las urnas.
Esa denuncia fue lanzada por Fujimori al día siguiente de los comicios, celebrados el pasado 6 de junio, cuando ya se hacía evidente e irreversible su tercera derrota consecutiva en unas elecciones presidenciales.
La revisión por parte del JNE de las demandas de Fujimori impide aún la proclamación oficial de Castillo como presidente electo, que aventajó a la candidata derechista por unos 44.000 votos.
La existencia de fraude ha sido descartada por las misiones electorales que supervisan el proceso, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), además de organismos nacionales como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han avalado la corrección de las elecciones peruanas, calificadas como justas, libres y transparentes.