Pedro Benítez (ALN).- En el curso de la última semana Nicolás Maduro ha efectuado retrocesos tácticos, en distintos frentes, en lo que ha sido su dura línea política desde que llegó al poder en 2013. Se ha visto obligado a dar concesiones no porque quiera, sino porque las circunstancias se lo imponen. Concesiones que pueden ser una nueva oportunidad para la oposición dentro de Venezuela.
Contra todo pronóstico parece que las estancadas aguas de la política venezolana empiezan a moverse. En el curso de los últimos días funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han dado gestos significativos que hasta hace sólo unas semanas hubieran sido insólitos.
Han aceptado la presencia en Venezuela de un equipo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Con lo cual admiten la crisis humanitaria por la que atraviesa el país.
Se dictó una medida de casa por cárcel a seis ejecutivos de la filial petrolera Citgo (cinco de ellos ciudadanos estadounidenses), privados de libertad en Caracas desde 2017.
Luego, su fiscal general, Tarek William Saab, modificó públicamente la versión oficial sobre tres crímenes políticos que en su momento sacudieron a la opinión pública nacional e internacional, y han sido objeto de serias denuncias en los últimos cuatro años como muestra de la naturaleza represiva del régimen. Saab informó que sus ejecutores materiales, subalternos policiales y militares, están arrestados y sometidos a proceso judicial.
Y el martes pasado, por medio de su Asamblea Nacional (AN) elegida en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, se modificó la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporando como rectores principales a dos figuras políticas que vienen de la oposición. Enrique Márquez, exvicepresidente de la AN de mayoría opositora elegida en 2015, y Roberto Picón, uno de los principales asesores electorales de la antigua alianza opositora congregada en la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Asimismo se seleccionó como suplente de ese organismo a León Arismendi, un dirigente sindical también vinculado a la oposición.
Con esto la correlación de fuerzas en el CNE queda en tres rectores principales de Maduro y dos principales vinculados a la oposición. Este último movimiento va dirigido a atraer a un sector importante de la oposición tradicional y mayoritaria a las elecciones regionales y municipales que deberían efectuarse este año. Un reconocimiento implícito por parte de Maduro, y su principal operador político, Jorge Rodríguez, de su fracaso en diseñar una oposición a su medida, tal como intentaron con los grupos de la denominada Mesa de Dialogo Nacional a lo largo del 2020.
De cara a lo que busca, Maduro necesita que en el juego de la participación electoral entren dirigentes y grupos que la base opositora venezolana, y la comunidad democrática internacional, perciban como opositores reales.
¿Y qué busca? Tres cosas:
1) Profundizar la división de sus adversarios entre los partidarios de participar electoralmente con el madurismo en el poder y los que quieren seguir en la línea de la abstención. Un viejo dilema opositor.
2) Socavar la posición nacional e internacional de Juan Guaidó que a esta hora sigue siendo reconocido como presidente interino de Venezuela por un número importante de países.
3) Enviar un mensaje a la administración de Joe Biden. Un gesto de buena voluntad en su intento por aflojar el cerco de sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto desde 2017.
Esto último parece ser crucial para grupos de poder puertas adentro del régimen. Pero para conseguir todo eso Maduro está dando concesiones. Retrocesos tácticos en lo que ha sido su dura línea política desde que llegó al poder en 2013, no porque quiera, sino porque las circunstancias se lo imponen. Él también tiene su propio dilema interno.
Obviamente está buscando estabilidad, legitimidad, reconocimiento y, de paso, dividir todavía más a sus opositores. Esta es su jugada.
Deslinde de posiciones
Pero resulta que esas concesiones son una nueva oportunidad para la oposición que queda dentro de Venezuela. Una oportunidad, no exenta de riesgos, para reorganizarse por medio de la lucha electoral y movilizar el enorme descontento que en la población hay contra Maduro.
Por supuesto, la oposición puede convertir la designación de este nuevo CNE en un motivo para sumergirse en una guerra civil interna con destrucción mutua asegurada. A esto apuesta Maduro. Es lo que va a alimentar. Pero de ocurrir no podrá imputársele a él la culpa. Su estrategia de dividir a sus adversarios es de librito. Que se dividan es responsabilidad de ellos.
Dicho lo cual, es un hecho que en las filas del campo democrático venezolano hay un proceso de deslinde de posiciones que durante mucho tiempo se eludió, pero que ahora luce inevitable. Incluso sin que Maduro hubiera efectuado estas concesiones. Hay cuatro gobernadores de estado y 28 alcaldes (cuatro de ellos en la Gran Caracas) que se siguen identificando con la oposición. Ellos, más numerosos dirigentes regionales y locales, iban a ir a las elecciones regionales y municipales con o sin condiciones electorales mínimas. Con o sin nuevo CNE. No tenían otra mejor alternativa.
Esta movida los anima más. Pero por delante tendrán que enfrentar enormes dificultades. El descarado ventajismo oficial, los ataques desde las propias filas opositoras, pero por encima de todo, la falta de confianza de los venezolanos en que su voto puede cambiar las cosas. Una tarea nada fácil en una sociedad que ha derrochado sus esperanzas.
Y sin embargo, les toca intentarlo. Porque así como Maduro (por las razones que sea) retrocede también lo debería hacer la oposición venezolana.
