Daniel Gómez (ALN).- Para este año en Venezuela, la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos esperan “que los niveles de inseguridad alimentaria aumenten significativamente más allá de los de 2019”. Entonces alrededor de 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria.
“La situación de la seguridad alimentaria en Venezuela es probable que se deteriore aún más como resultado de la hiperinflación y el endurecimiento de las sanciones internacionales. Esto se ve agravado por el impacto de las restricciones relacionadas con el covid-19 y la escasez de combustible, que han afectado las actividades logísticas y agrícolas en todo el país”.
Lo afirma el informe Hunger Hotspots que acaba de publicar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, el cual no tiene presencia física en Venezuela, tal como recuerda el documento. Un documento que señala a la hiperinflación y las sanciones comerciales como los principales problemas humanitarios de Venezuela. A lo cual hay que sumarle el agravamiento de la situación humanitaria por culpa del coronavirus.
La hiperinflación en los alimentos
Según el informe, la inflación de los alimentos se situó en “un asombroso 1.700% de 2020” como consecuencia de “la constante depreciación del bolívar”.
La inestabilidad de la moneda, agregó, ha llevado a una dolarización parcial de la economía que acentúa la desigualdad.
El documento explica que la dolarización “ha aumentado las disparidades entre las personas que tienen acceso a dólares estadounidenses -a través de remesas e ingresos por exportaciones- y la mayoría de las personas que no tienen ese acceso. Es probable que el gobierno continúe facilitando la dolarización de la economía y el uso de monedas alternativas para estabilizar la economía”.
Las sanciones internacionales
La FAO y el PMA dice que las “sanciones comerciales y financieras han provocado la suspensión casi total de las exportaciones de petróleo, que representan la principal fuente de ingresos externos del país”.
El problema principal lo encuentran en las restricciones a las importaciones de combustible. “Han provocado una escasez dramática” y, agregan, “un aumento de los costos de energía y transporte, y la consiguiente subida de los precios de los alimentos”.
El documento explica que el impacto de las sanciones, y los bajos precios del petróleo, provocarán una mayor contracción económica de Venezuela, desde 2013 en recesión. Para 2021 concretamente estiman una caída del PIB del 10% y una hiperinflación prevista en 6.500%.
“Esto provocará una pérdida de ingresos y empleo, además de los altos precios de los alimentos. Es probable que el deterioro económico provoque una mayor migración a otros países”. Y lo más dramático: “Se espera que los niveles de inseguridad alimentaria aumenten significativamente más allá de los de 2019, cuando alrededor de 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria”.
Qué puede hacer Venezuela y la comunidad internacional
Con el fin de aliviar la situación, la FAO y el PMA hablan de medidas de prevención y respuesta como las siguientes:
– Programas de trabajo por dinero. Estas iniciativas irían destinadas a trabajadores sin ingresos con el fin de “apoyar la preparación de la tierra para las temporadas principales de cultivo de maíz y arroz secundario”.
– Entregar recursos agrícolas. Proporcionar insumos agrícolas a agricultores vulnerables con poder adquisitivo reducido, antes de la siembra de arroz y maíz en abril y mayo.
– Promover la producción local de semillas. La idea es “garantizar la autosuficiencia y promover el fortalecimiento de las asociaciones rurales y de mujeres para diversificar y acumular activos financieros, técnicos y sociales”.
– Apoyar al éxodo venezolano y las comunidades de acogida. Esto se podría hacer, dice el informe, “mejorando el acceso a las necesidades esenciales, como el agua, la alimentación y la nutrición básicas, y la producción local de alimentos, y aumentando las oportunidades de ingresos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en vista de posibles recién llegados”.
– Recaudar 226,4 millones de dólares. En concreto, el documento pide 193,7 millones de dólares para apoyar “la seguridad alimentaria y los medios de vida” en Venezuela, y los 32,7 millones restantes para “intervenciones nutricionales”.
