(EFE).- El Tribunal Supremo británico dijo este miércoles que fallará «cuanto antes» sobre el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en Inglaterra, cuya autoridad reclaman tanto la Administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el equipo paralelo del líder opositor Juan Guaidó.
Al término de un proceso de tres días en Londres, los cinco jueces de la más alta instancia judicial del Reino Unido admitieron que llevará «un tiempo» examinar los complejos argumentos planteados por los respectivos abogados, que hoy concluyeron sus alegatos.
El Supremo, que analizó un recurso de la parte de Guaidó contra un dictamen anterior desfavorable, debe determinar a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela -cuya junta del Banco Central de Venezuela (BCV) tendría en principio potestad sobre el oro-.
Si finalmente concluye, en base a la jurisprudencia inglesa -y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres-, que el líder es Guaidó, tendrá que aclarar si la Justicia británica debe dar por buenos sus nombramientos políticos (entre ellos a la junta), pese a que han sido invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
El fallo del máximo tribunal del Reino Unido servirá para que, eventualmente, la División Comercial del Tribunal Superior determine a qué junta autoriza para gestionar el oro, que la de Maduro reclama con el argumento de transferir fondos a la ONU para adquirir equipamiento y medicinas contra la pandemia.
EL GOBIERNO CONSERVADOR RECONOCE A GUAIDÓ
A quién reconoce el Gobierno británico como gobernante de facto en Venezuela es un elemento importante para que la Justicia inglesa resuelva cuál de los dos bandos puede acceder a las reservas de oro valoradas en casi 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra, así como a 120 millones de dólares de una permuta ejecutada por Deutsche Bank.
James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, confirmó la posición «clara y sin ambigüedades» de que el Ejecutivo de Boris Johnson reconoce solo a Guaidó como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.
En contra de lo que pide el bando de Maduro, Eadie instó al Supremo a no cuestionar este reconocimiento examinando, por ejemplo, «el contexto» de quién ejerce realmente el poder sobre el terreno en Venezuela, en virtud, dijo, de la doctrina inglesa de «una sola voz» -que conmina a los poderes del Estado a actuar unificados en política exterior-.
El abogado de la junta «ad hoc» del BCV nombrada por Guaidó, Andrew Fulton, apuntó además que, dado que Londres le reconoce como presidente de Venezuela, la doctrina de Actos de un Estado foráneo obligaría al tribunal a dar por «válidos y efectivos», «sean o no legales», los nombramientos del líder opositor en territorio venezolano.
SIN PODER SOBRE EL TERRENO
Por su parte, el representante legal de la junta del BCV designada por Maduro -presidida por Calixto Ortega-, Nick Vineall, argumentó hoy que la junta «ad hoc» de Guaidó no tiene legitimidad para reclamar el oro porque el dirigente opositor no ejerce ningún poder ejecutivo en el país latinoamericano.
Vineall alertó al tribunal de que esa junta es «inválida» según la legislación venezolana e indicó que «no se reúne ni gestiona las labores diarias» del banco emisor caraqueño, lo que significa que no tiene los mecanismos necesarios para efectuar transacciones conforme a la ley.
Por tanto -añadió-, si eventualmente la Justicia británica le da acceso a las reservas de oro, equivaldría a «una expropiación de recursos del Estado», pues esa transacción no constaría en los registros de la junta del BCV legalmente constituida.
Vineall sostiene que, en línea con los Estados Unidos, el Ejecutivo británico reconoció a Guaidó en febrero de 2019 como presidente interino «hasta que se celebren elecciones creíbles» en Venezuela no como un reflejo de su poder real sino como «una manera de promover el cambio» de régimen en el país.
El abogado advirtió de que, si la Justicia británica ignora la opinión de la Justicia venezolana y tampoco investiga por su cuenta la legalidad de los actos y nombramientos de Guaidó, en la práctica el líder opositor podría acabar recibiendo los activos nacionales sin escrutinio, ni en Venezuela ni en Inglaterra.
