(EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado secreta la investigación sobre la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para evitar «interferencias» que puedan obstaculizarla.
Con el objetivo de «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación», el titular del juzgado central de instrucción número 4 ha acordado el secreto de las actuaciones por un periodo de un mes a petición de la Fiscalía.
La denuncia sobre el espionaje a Pedro Sánchez
El Gobierno español denunció este lunes que los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el programa de ciberespionaje Pegasus en 2021.
Según informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), en las dos intrusiones en el celular de Sánchez, en el mes de mayo del año pasado, se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos; en tanto que fueron 9 megas de información en el caso de Robles, en un solo ataque en junio de 2021.
Sin embargo, el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos.
La portavoz del gabinete, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informaron este lunes sobre esas acciones «ilícitas y externas».
El caso se conoce en plena tormenta política por el espionaje al que supuestamente fueron sometidos dirigentes independentistas catalanes y vascos, también con Pegasus.
El caso se conoce en plena tormenta política por el espionaje al que supuestamente fueron sometidos dirigentes independentistas catalanes y vascos, también con Pegasus.
Inician investigación
El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, anunció el martes una investigación por espionaje contra Sánchez y Robles.
El magistrado dio traslado de la denuncia a la Fiscalía para que informe «sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes».
Además, deberá «determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado».
