Pedro Benítez (ALN).- La participación del denominado Foro Cívico, una plataforma independiente no vinculada a partidos políticos que congrega a un grupo de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, grupos religiosos, académicos, líderes empresariales y sindicatos en el reciente proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la de Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, ha tenido, como no podía ser de otra manera, su buena dosis de controversia en ese escenario de la diatriba política venezolana que son la redes sociales.
Las críticas a su actuación se dividieron en dos tandas. La primera cuando varios de sus miembros se presentaron el pasado 5 de abril en una reunión con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, encuentro que como suele ocurrir fue transmitido por la televisión oficial. El objetivo de este grupo, según explicaron fue el de: “…incidir para que el nuevo TSJ esté compuesto, en alguna medida al menos, por magistrados honorables a los que se les pueda pedir responsabilidad y rendición en la gestión”.
En ese sentido el Foro Cívico (FC) había postulado a 11 candidatos en el marco del proceso de selección del Comité de Postulaciones Judiciales, tal como lo indica el procedimiento establecido por la Constitución vigente. Esa participación ya había tenido un precedente en la conformación del actual Consejo Nacional Electoral (CNE), que tuvo como resultado la designación de dos de sus cinco rectores con trayectorias previas vinculadas a la oposición venezolana.
Difícil estrategia
Según entendemos, la visión de los participantes del FC en esos procesos ha consistido en lo que podemos llamar como la estrategia de comerse el elefante por pedacitos. Es decir, intentar modificar o influir en la conducta del régimen autoritario (esta expresión es nuestra, no de ellos) por medio de la negociación política y de esa manera ir “conquistando” espacios en las instituciones en un proceso que llevaría de manera paulatina al ejercicio pleno de la democracia y las libertades públicas en Venezuela, y no apostar a su derrumbe, o esperar por el acuerdo global que ha venido promoviendo el Gobierno Interino/Plataforma Unitaria desde 2019 en el marco de la negociación auspiciada por el Gobierno de Noruega.
Una estrategia muy difícil (hay que decirlo), puesto que implica sostener demandas de carácter social, civil y político en un tono de colaboración constructiva sin dejar de ser crítico con el Gobierno de Maduro (en lo que de crítico se puede ser viviendo en la Venezuela de hoy), y sin que eso se confunda con la actitud de los factores que participaron en las elecciones parlamentarias del diciembre de 2020, pero que desde entonces a esta parte por sus declaraciones públicas y posiciones no se pueden diferenciar de la línea oficialista.
Lluvia de críticas
La segunda andanada de críticas le llovió al consumarse la renovación parcial del TSJ. Éste pasó de 32 a 20 magistrados, doce de los cuales repitieron, incluyendo aquellos cinco que en las navidades de 2015 la Asamblea de mayoría oficialista designó a la carrera violando los lapsos constitucionales, pero con lo que preservaba su control del máximo tribunal e impedía que los designara (como correspondía) el recién electo parlamento. Ese TSJ se pagó y se dio el vuelto bloqueando a la nueva AN e impidiendo que hiciera uso de su mayoría calificada para renovarlo.
Ese enredo típicamente chavista nos indica la importancia que para Maduro siempre ha tenido el control del TSJ. Tanto así, que fue ante esa instancia donde prestó el juramento de su cargo en enero de 2019 y no ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Significativamente la AN, donde sus partidarios y aliados tienen el control absoluto, efectuó en esta oportunidad las mencionadas designaciones luego de culminar el V Congreso del PSUV. Una señal bastante clara que esos movimientos de piezas fueron parte del mismo proceso de administración de las cuotas internas de poder, siempre con el objetivo de mantener y reforzar su control sobre el Estado/Partido. En función de esto, una vez más, el chavismo ignora su propia Constitución. Nada nuevo bajo el Sol.
Así que dos preguntas pueden hacerse desde el punto de vista de las críticas formuladas: ¿Cometieron un error los miembros del Foro Cívico al participar en ese proceso? ¿Con su presencia legitimaron la renovación parcial del TSJ?
¿Oxígeno a Maduro con nuevo TSJ?
Empecemos por esto último. Cada vez que algún factor opositor, por lo general uno o varios partidos políticos han participado en alguna reunión, encuentro, proceso de diálogo, acuerdo o negociación con el Gobierno de Maduro salta la misma acusación, lo están “legitimando” u “oxigenando”.
Lo cierto del caso es que eso nunca ha sido así por la sencilla razón de que no puede ser. La única manera que un Gobierno de estas características se legitime ante sus propios ciudadanos y el resto del mundo, es procediendo de una manera totalmente distinta a como usualmente es su costumbre. Mientras que en Venezuela haya presos políticos, perseguidos, potenciales candidatos inhabilitados, partidos judicializados, hostigamiento a los medios de comunicación y no se respeten los procedimientos establecidos en la Constitución no hay forma ni manera que el Gobierno obtenga el baño de legitimidad que supuestamente requiere. No importa en cuantas elecciones participen candidatos opositores o que la mismísima Virgen María asista al Palacio de Miraflores.
Sin embargo, queda la anterior pregunta por responder. Ante eso se debe decir que la participación en ese proceso por parte de miembros del FC puede haber sido tan errada como el haber asistido a la elección gobernadores y alcaldes del pasado mes de noviembre, o haber aceptado participar en la repetición de las elecciones del estado Barinas el 9 de enero luego que el TSJ, por cierto, desconociera la voluntad expresada por los electores semanas antes.
Un TSJ más útil al país
Para el que sostenga que a Maduro ni agua, no hay que darle ni una sola concesión, y que cualquier diálogo con él o participación en “sus elecciones” es muestra de inmoralidad, pues evidentemente haberse involucrado en el proceso de postulaciones judiciales, con el propósito de incidir en la designación de un TSJ más útil para el país y no para una parcialidad, es un error o por lo menos una gran ingenuidad.
Pero si la conclusión es que “tumbar” violentamente a Maduro, hacer caída y mesa limpia con todo el chavismo, no solo no es posible, sino que ni siquiera es conveniente para el país, pues la participación de los miembros del FC en ese proceso no fue un error sino todo lo contrario. Hicieron lo correcto, aun cuando sus objetivos no fueron alcanzados.
Otro aspecto de esa misma crítica los señala de “juego adelantado”. Entendemos que esto se refiere a participar en una negociación con el Gobierno de Maduro por fuera de la que se ha intentado en la mesa de México, lo que supuestamente debilitaría a ésta última.
Ese es un argumento que debería ser inquietante desde el punto de vista de esa interrumpida negociación. ¿Un grupo de venezolanos que no dirigen partidos políticos, ni representan a millones de votantes, ni tienen cuotas de poder, son una amenaza para una negociación respaldada por las principales democracias del mundo?
Un fracaso ante Maduro
Por cierto, es evidente que en este round el Foro Cívico fracasó en su propósito previamente expresado de lograr una negociación razonable con Maduro. El Interinato/Plataforma Unitaria, con muchísimos más respaldos y recursos, también ha fracasado en el mismo objetivo en los últimos tres años.
Pero más allá de esto, surgen otras inquietudes que son más de fondo: Si no es lícito desde el punto de vista moral o político que el Foro Cívico o cualquier otro grupo de venezolanos emprenda por su cuenta y riesgo un proceso de diálogo y eventual (y poco probable) negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, ¿por qué sí es lícito que otro grupo lo haga?
Para formularla de otra manera: ¿Tiene acaso el denominado Interinato/Plataforma Unitaria el monopolio de la relación del resto de la sociedad venezolana no chavista con el Gobierno que despacha desde Miraflores?
Ante la inmensa crisis de todo tipo en la que está sumida la sociedad venezolana ¿Se puede criticar que distintos sectores presenten sus demandas a quien tiene el poder efectivo dentro del país o intenten influir en sus decisiones? ¿Luego de tres años se les puede pedir a los venezolanos que sigan esperando por un acuerdo integral que salve a Venezuela?
Venezuela busca una salida
Lo cierto del caso es que hoy se reprocha al Foro Cívico, como se podría hacer contra cualquier otro grupo que emprendiera una iniciativa similar, así como hace dos semanas se hizo con “la carta de los 25” que cuestiona la estrategia de las sanciones comerciales estadounidenses, de la misma manera que a estas alturas del año pasado se cuestionaba con acritud a los que opinaban o promovían el abandono de la abstención en pos de retomar la participación electoral por parte de la oposición, así fuera aceptando dos rectores principales en el CNE. Es decir, contra todos aquellos que no están alineados con la línea oficial opositora.
Hace un año se acusaba a los partidarios de retomar el camino electoral “en estas condiciones” de pretender “legitimar” y “oxigenar” al régimen autoritario. Se decía que solo se podía participar en unas elecciones en Venezuela que fueran producto de un “acuerdo global”. Hoy todos los partidos opositores, dentro y fuera de la Plataforma Unitaria, se preparan para ir a la elección presidencial de 2024 contra Maduro. Incluso aquellos que dicen que con este CNE y estas máquinas no.
La sociedad venezolana en busca de su propia salida, de su cauce hacia el cambio, se ha ido desplazado hacia un nuevo terreno en el campo político teniendo como aliado a la siempre terca realidad. Y además, se ha ido imponiendo a los dirigentes de los partidos políticos opositores, presos de su propia desorientación y de la histeria de las redes sociales. La carreta delante de los bueyes. Si algún error ha habido, es ese. Si alguna explicación hay que dar es esa.
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