Zenaida Amador (ALN).- Nicolás Maduro se resiste a abandonar el poder, pero la presión internacional y el rechazo interno lo dejan sin opciones financieras y sin margen para tratar de articular su sostenimiento. A Juan Guaidó, por su lado, la necesidad de minimizar los daños al país, humanos y patrimoniales, lo empuja a acelerar el paso en la estrategia para impulsar la transición política en Venezuela.

El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela implica para muchos países el compromiso de preservar para los venezolanos los fondos y los activos de la nación que están en sus territorios. Y es que el mundo le sigue los pasos al dinero venezolano y vela por que sus activos no terminen como parte de las milmillonarias cifras de la malversación asociada a dos décadas de gestión del chavismo.

Nicolás Maduro sabía que este sería el precio a pagar cuando decidió continuar en el poder de manera ilegítima. Por eso ante la cercanía del 10 de enero, fecha que marcaba el fin de su mandato constitucional como presidente de Venezuela, desplegó una apretada agenda diplomática, con viajes y visitas estratégicas a sus socios y aliados, buscando apoyo para resistir lo que estaba por venir. Aun así, no logró contener la oleada de rechazo internacional ni pudo terminar de tejer las redes financieras necesarias para evadir las sanciones que le han impuesto.

Con el cerco que la mayor parte de la comunidad internacional le aplica, son muy pocos los espacios que le restan a Maduro para operar en medio de la bancarrota a la que condujo las finanzas de Venezuela. Está prácticamente imposibilitado para vender activos de la nación, pactar acuerdos que comprometan al país a cambio de financiamiento o hacer cualquier transacción abierta en el mercado

Desde agosto de 2017 -cuando Estados Unidos aplicó las primeras sanciones- Maduro intentó sin éxito construir nuevas conexiones internacionales para garantizar los flujos financieros con los cuales sostenerse. Los señalamientos de Washington a sus funcionarios y figuras de su entorno vinculadas con corrupción y narcotráfico le hicieron más compleja esta tarea.

Ahora, con el cerco que la mayor parte de la comunidad internacional le aplica, son muy pocos los espacios que le restan para operar en medio de la bancarrota a la que condujo las finanzas de Venezuela. Está prácticamente imposibilitado para vender activos de la nación, pactar acuerdos que comprometan al país a cambio de financiamiento o hacer cualquier transacción abierta en el mercado.

¿Qué le queda?

Esta semana Maduro intentó mover dinero desde Portugal a Uruguay para financiarse, pero las acciones de protección de activos desplegadas por Guaidó y la Asamblea Nacional (AN) lo impidieron.

“El representante de Nicolás Maduro en Portugal, Lucas Rincón, y el directivo de PDVSA, Iván Orellana, intentaron hacer un movimiento financiero de 1.200 millones de dólares desde una cuenta en el Novo Banco de Portugal hacia Uruguay a través de los bancos República y Bandes Uruguay y no lo lograron”, aseguró Carlos Paparoni, diputado de la AN, quien afirmó que “se logró la protección de activos de nuestra nación en Portugal.

También se paralizó una de venta de oro a la firma Noor Capital de Emiratos Árabes Unidos por 29 toneladas de oro de las reservas venezolanas, de las que Maduro sólo pudo transar tres toneladas. Su expectativa con la operación era levantar euros en efectivo como pago, según trascendió en fuentes ligadas al trato citadas por Reuters.

Previamente el Banco de Inglaterra rechazó la petición de Maduro de repatriar 1.200 millones de dólares en reservas de oro venezolano que estaban allí en custodia, atendiendo así al pedido de Guaidó.

Dado el cerco parece que las vías ilícitas son las que quedan al alcance del régimen. “Maduro no sólo requiere el apoyo de los paramilitares extranjeros para mantener los hilos restantes de una dictadura fallida, sino que los informes muestran que está sacando los activos venezolanos en un avión lleno. ¿Está robando recursos de la gente para pagar la intervención rusa?”, denunció el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Contrarreloj

En todo caso la asfixia financiera al régimen de Maduro también golpea al país. Este es un factor que le añade presión al proceso de transición, ya que todos los países que se han involucrado están conscientes del costo social de las medidas, de las consecuencias que un estallido popular puede generar, y del deterioro adicional que sufrirán la infraestructura y el aparato productivo nacional. Acelerar la salida de Maduro por una vía pacífica es el objetivo para la mayoría.

A lo largo de 2018 Maduro incumplió de forma sistemática los pagos programados de deuda a tenedores de bonos y en la actualidad, sin recursos, nada indica que los cumplirá. Guaidó, por su parte, sigue sin formar una estructura con la cual manejar cuentas públicas ni ha terminado de afinar los aspectos legales que le permitan gestionar la situación

En este sentido pesan algunas fechas que están sobre la mesa. En primer término, las sanciones petroleras aplicadas por EEUU hace una semana restringen las compras a ese país de lo que Venezuela necesita para atender el mercado interno de combustibles. Aunque PDVSA aseguró que tiene “suficiente inventario de combustibles líquidos en sus 19 plantas de distribución, para abastecer a más de 1.800 estaciones de servicio en toda la geografía nacional”, se sabe que la industria sólo podrá mantener el suministro “normal” por un par de semanas más.

Por otra parte, ya Maduro y sus funcionarios le informaron al sector privado que no están en capacidad de seguir centralizando la importación de materias primas e insumos, que por años fue una práctica más de su sistema de control de la economía. Esas compras quedan ahora en manos de los empresarios, a quienes las autoridades recién les abrieron algunas opciones para acceder a divisas con el fin de que puedan importar. Es decir, que el país experimentará un bache en el ya menguado flujo de importaciones mientras los privados logran hacer las gestiones del caso, lo que agravará no sólo la escasez de productos básicos, sino que acentuará la parálisis productiva.

Pero hay otros elementos en juego, que son estratégicos en las filas de Guaidó de cara a una transición política que conduzca a elecciones libres y a un nuevo Gobierno. En este horizonte es crucial el pago -programado para finales de abril- del cupón del bono PDVSA 2020, por 72 millones de dólares, que compromete a Citgo como garantía.

Si bien la Administración Trump en sus sanciones bloqueó todas las propiedades e intereses en propiedades de PDVSA sujetas a la jurisdicción estadounidense, como Citgo, aún no termina de formalizarse el esquema de control de la petrolera y se abre la incógnita sobre quién asumirá la responsabilidad del pago de la deuda.

A lo largo de 2018 Maduro incumplió de forma sistemática los pagos programados de deuda a tenedores de bonos y en la actualidad, sin recursos, nada indica que los cumplirá. Guaidó, por su parte, sigue sin formar una estructura con la cual manejar cuentas públicas ni ha terminado de afinar los aspectos legales que le permitan gestionar la situación.

De allí que muchos estimen que para minimizar los daños a la nación, en términos humanos y patrimoniales, es preciso aumentar la presión para que la salida de Maduro se produzca antes de que termine el primer trimestre.