Zenaida Amador.- Que Nicolás Maduro haya acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar 5.000 millones de dólares en financiamiento es sólo una muestra de la gravedad del cuadro que enfrenta Venezuela, cuyas dimensiones reales son difíciles de precisar en medio de la opacidad y de la incertidumbre que sume a los venezolanos mientras el Covid-19 se expande por el territorio nacional.
En Venezuela está en vigor una medida de cuarentena total para tratar de contener la velocidad de propagación del Covid-19, que en tan sólo cinco días pasó de dos a 36 casos confirmados por las autoridades. El aislamiento incluye la suspensión general de clases y de actividades laborales, salvo en sectores estratégicos, una acción que si bien intenta disminuir el contagio hace que crezcan las dudas sobre la capacidad de mantener abastecida a una nación que se sostiene en un precario equilibrio.
En Caracas, por ejemplo, la medida no ha impedido que muchos salgan a las calles. Es menor la afluencia de transporte colectivo y es baja la circulación de autos particulares en un entorno donde el grueso de los comercios formales permanece con las puertas cerradas; pero eso no frena el paso frecuente de transeúntes, muchos de ellos con mascarillas improvisadas o reutilizadas sin ningún control sanitario.
La organización Médicos por la Salud denunciaba a inicios de año que la carencia de equipos, insumos y medicamentos juega en contra de la población que acude al sistema público de salud, donde las fallas comienzan desde lo más básico: 78% de los hospitales nacionales registra suministro irregular de agua y 73%, fallas de electricidad.
Y es que la crisis de salud que arropa al mundo entero toma a Venezuela por asalto en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, tras dos años continuos de recesión y dos de hiperinflación, en situación de impago de sus acreencias, con las finanzas de la nación agotadas y el aparato productivo destruido luego de dos décadas bajo un modelo fracasado.
El mismo FMI estimó en 2019 el desempleo en Venezuela en 44,3%. La economía formal ha reducido su capacidad empleadora y la mayoría sobrevive en la informalidad, con dos o tres “trabajos” que desempeñan a la vez. Así que muchos de los que salen a las calles lo hacen porque viven al día, desempeñando oficios que les permiten subsistir, por lo que “quedarse en casa” no es una opción.
Por eso todavía prevalecen las ventas callejeras de frutas y diversos alimentos ante la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad, que desde los parlantes de sus vehículos se limitan a exhortar al uso de mascarillas. “Nadie debe estar en las calles sin tapabocas”, alertan en sus rondas por la zona centro-norte de Caracas. Pero se trata de un contrasentido en relación con las palabras de Nicolás Maduro, quien ordenó que la población permanezca en aislamiento total, porque “o vamos a cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro país”.
Sin embargo, la necesidad y el pragmatismo parecen haberse impuesto en las primeras 48 horas del aislamiento masivo.
Alimentos… por ahora
Venezuela carece de recursos para atender sus necesidades básicas. Las reservas internacionales tan sólo llegan a 6.952 millones de dólares, cuando en 2008 sumaban 43.000 millones de dólares, y las proyecciones de ingresos petroleros para este año se estiman en cerca de 5.000 millones de dólares, cuando percibió cerca de 70.000 millones de dólares en 2012.
Para un país que depende de las importaciones es agobiante esta pronunciada caída de los ingresos, fruto de años de desinversión en la industria petrolera y de las recientes sanciones internacionales en contra del régimen de Maduro. Además, buena parte de las compras externas que mantiene la nación son para adquirir alimentos y combustibles, debido a la incapacidad interna de producirlos.
De allí que una de las primeras acciones de las autoridades fue reunirse con empresarios del sector alimentos y, según trascendió de tales encuentros, el objetivo era tratar de definir esquemas que garanticen el abastecimiento para los próximos 45 días.
El bajo consumo que impera en el país por el poco poder de compra, debido a la pobreza en la que está sumida la mayoría de la población, es uno de los factores por los que pudieran existir inventarios que ayuden a mitigar una primera etapa de la crisis; pero eso no se puede prolongar. Muchas de las industrias del país están paralizadas u operando en mínimos, además dependen en buena medida de materia prima importada para procesar, lo que constituye una limitante.
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El fin de semana pasado, cuando recién se anunciaron los primeros casos de infectados en el país, la ciudadanía se agolpó en los mercados privados para abastecerse ante la inminencia de un aislamiento. Sin embargo, no se han registrado escenas de desesperación ni de agotamiento de existencias como en otros países.
Pero los segmentos más pobres de la población quedan excluidos de estas compras masivas. En ellos hay una alta dependencia de los planes de asistencia que brinda el Estado, incluyendo el programa de distribución de alimentos subsidiados CLAP, que ha venido decayendo por la merma de ingresos de la nación, pues se nutre esencialmente de productos traídos del exterior. El sistema en sus inicios entregaba a cada familia beneficiaria cerca de 19 productos, con un peso promedio de 16 kilos, pero actualmente reparte 10 kilos con la mitad o menos de los rubros. Además, las cajas o bolsas CLAP que alguna vez Maduro prometió entregar cada 15 días llegan en promedio cada 48 días y hay muchas localidades a las que ya no les son entregadas.
Por esto la insistencia del régimen de Maduro de avanzar en una inmediata reorganización de los CLAP para intentar garantizar el abastecimiento a sus beneficiarios, pues el riesgo social el elevado.
Más problemas
Desde 2013, debido a las políticas desarrolladas por el gobierno, muchos laboratorios farmacéuticos cerraron, lo que condujo a una aguda escasez de medicinas e insumos médicos que recién comenzó a amainar en 2019 con la flexibilización de los controles cambiarios y de precios y que permitió que el sector privado importara algunos productos para atender las necesidades del mercado.
Actualmente las cadenas farmacéuticas todavía están abastecidas, pero con un cierre de fronteras que restrinja las importaciones todo se complicará. Lo que han comenzado a hacer algunas farmacias es limitar el ingreso a sus establecimientos, para evitar aglomeraciones y riesgo de contagio, pero falta muy poco para que activen limitaciones en el número de artículos que se pueden adquirir.
Un cuadro crítico es el de la gasolina. Desde hace más de un año la escasez es una constante en Venezuela -el país con las mayores reservas petroleras del mundo- y esa situación se agudiza ahora. Con las medidas de aislamiento la decisión de las autoridades ha sido suspender el surtido de combustible en algunos estados, como Zulia, Táchira y Barinas, bajo el argumento de que los ciudadanos deben permanecer en sus hogares y no exponerse al contagio en las colas de las gasolineras, que en algunas localidades podían durar más de un día. La orden en esas regiones es restringir la venta masiva y limitarla a quienes tienen salvoconductos de circulación, es decir, al personal que labora en los sectores de transporte, salud, alimentos, seguridad y de servicios públicos.
De alguna manera la circunstancia ayuda al régimen de Maduro a encubrir las agudas deficiencias, pero se trata de una situación insostenible, pues la oferta de combustibles depende totalmente de las importaciones, que ya estaban limitadas por las sanciones internacionales.
El grito de ayuda
Los datos sobre los enfermos por el coronavirus los suministran los altos funcionarios del régimen, incluyendo al propio Maduro, quienes hasta ahora han asegurado tener capacidad para responder a la crisis con apoyo de Cuba y China. Son los mismos voceros que por años han negado reiteradamente las fallas del sistema de salud al punto de rechazar la ayuda humanitaria internacional en contra de lo constatado por instancias como la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“El sistema público de salud está en ruinas. Hay que admitirlo y es el momento de actuar buscando recursos y ayuda internacional”, señaló recientemente el economista Leonardo Vera anticipándose a la etapa hospitalaria de esta crisis del Covid-19, algo para lo que el país no está preparado.
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La organización Médicos por la Salud denunciaba a inicios de año que la carencia de equipos, insumos y medicamentos juega en contra de la población que acude al sistema público de salud, donde las fallas comienzan desde lo más básico: 78% de los hospitales nacionales registra suministro irregular de agua y 73%, fallas de electricidad.
Pero este martes, en contra de lo que ha sido históricamente su postura, el régimen venezolano envió una carta al FMI solicitando recursos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud venezolano. “Acudimos a su honorable organismo” para solicitar se evalúe la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), reza la carta suscrita por el propio Maduro y que dirigió a la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.
Maduro solicitó recursos del IFR, que en efecto brinda financiamiento rápido para atender urgencias, pero que, como estipula el FMI, “está diseñado para situaciones en las que un programa económico completo no es necesario ni factible”. Este mismo martes el FMI negó la solicitud de Maduro.
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