Juan Lozano (ALN).- Los habitantes de Ibagué exigen responsabilidades penales y patrimoniales para los culpables del descalabro de los últimos Juegos Deportivos Nacionales por hechos de corrupción. Las acciones de las distintas entidades públicas que tienen competencias en este asunto se han intensificado.
La Alcaldía de Ibagué, en Colombia, tal como lo informó la semana pasada ALnavío, tomó la decisión de formular denuncia penal para que se imputen cargos a cuatro de los ejecutivos de la empresa Typsa en España. Además, pidió a la Fiscalía colombiana que se dicten medidas cautelares sobre los activos de la compañía en Europa, a partir de la colaboración formal entre la entidad investigadora del país latinoamericano y el Ministerio Fiscal español.
Los delitos de los que señala la ciudad de Ibagué, a través de su apoderado, a los altos ejecutivos de Typsa son ni más ni menos que los de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento, cohecho y concierto para delinquir, soportados, al decir de la jefe jurídica de Ibagué, en un amplio acopio de confesiones, testimonios y material probatorio.
El asunto marcha rápido. Tal como también se informó en ALnavío, en días pasados la Contraloría General de la República abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal y asumió por una vía legal especial -denominada el control excepcional- la apertura y trámite de los procesos en la máxima entidad rectora del control fiscal, es decir, la propia Contraloría General de la República, aunque la vigencia de tales recursos correspondía tanto a la Contraloría Departamental del Tolima como a la Contraloría Municipal de Ibagué. Los efectos están a la vista.
Typsa ha negado su responsabilidad y ha acusado a su antiguo gerente de ser el responsable de estos hechos
El contralor general, Edgardo Maya, le dijo al diario colombiano El Espectador que estas acciones constituyen el ejercicio auditor más importante en toda la historia de Ibagué y del Tolima. Se refiere directamente a las indagaciones que vinculan, con nombre propio, a la española Typsa. La periodista Claudia Morales, autora del informe, concluye:
“Mintieron todos: el director de Coldeportes, Andrés Botero, los contratistas y el abogado Arciniegas porque hasta el último momento engañaron al país entero diciendo que las obras cumplirían los cronogramas y al final no hubo un solo escenario nuevo para los juegos. Ojalá no le tiemble la mano a Maya para sustentar lo que ya se sabe y en muchos casos está probado, y exponga finalmente a todos los ladrones de cuello blanco”.
Y no le ha temblado la mano. Informó esta semana el periódico local El Nuevo Día que el contralor general ya solicitó formalmente dictar medidas cautelares sobre los bienes de los involucrados en el escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales.
En particular, pidió a la gerencia de la Contraloría General en el Tolima y a la Contraloría Municipal que adelanten en forma inmediata las diligencias concernientes para rastrear los bienes de los involucrados en los 11 procesos de responsabilidad fiscal, lo que implicará que una vez se identifiquen se dicten medidas de embargo y secuestro.
El contralor fue más allá y para resaltar la trascendencia que este asunto ha adquirido para su gestión advirtió:
“Debo precisar que entendiendo que ya están aperturados los 11 procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el tema, a los mismos debe dárseles el impulso y la celeridad procesal en términos de entender la prioridad de mi administración en cuanto a ser este el tema más importante en los cuatro años de mi gestión, en materia de escenarios deportivos contratados”.
Indignación y ruinas en Ibagué
Mientras esto ocurre, la ciudadanía colombiana se torna cada vez más exigente a la hora de demandar resultados prontos, pues las obras inconclusas y las ruinas de las demoliciones de los escenarios deportivos que nunca se terminaron constituyen fuente cotidiana de indignación contra todos los nacionales y extranjeros, funcionarios públicos o de empresas privadas, que participaron de este tenebroso aparato para defraudar a la ciudad de Ibagué, a los deportistas y al país.
Que el contralor general de la República tenga en su entidad los expedientes y que el propio fiscal general de la Nación se refiera a la cooperación con el Ministerio Fiscal español indica que estos procesos se están moviendo aceleradamente.
En Colombia no había antecedente análogo de una denuncia de alcance transnacional por hechos de corrupción
Se espera, para la próxima semana, un reporte sobre el estado de la cooperación judicial colombo-española en función de la cual la empresa Typsa (que ha negado su responsabilidad y ha acusado a su antiguo gerente de ser el responsable de estos hechos) deberá responder formalmente por las acusaciones que se le han formulado.
No había antecedente análogo de una denuncia de alcance transnacional por hechos de corrupción como la que formuló el municipio de Ibagué contra los ejecutivos de Typsa. Así, se ha dado inicio a un proceso inédito en Colombia en el que Typsa y los denunciados habrán de aportar sus respuestas y explicaciones. Si no resultan satisfactorias y se prueba su responsabilidad, después de lo ocurrido esta semana en Colombia no hay duda: buscarán que a todo costo reparen los daños y se pueda indemnizar a las víctimas.
