David Placer (ALN).- El gobierno español usa un razonamiento idéntico para otorgar permisos de residencia a cada uno de los 11.000 venezolanos que han pedido asilo político. España ha iniciado la ‘legalización’ masiva de venezolanos por “la represión, el hambre, la violencia y la dificultad para comprar medicinas”. El Gobierno describe con detalle el modelo dictatorial de Maduro para la primera legalización masiva de venezolanos
Los 11.000 venezolanos que han recibido la residencia por motivos humanitarios en las últimas semanas cuentan con un expediente idéntico. La resolución en la que se otorga el permiso de trabajo y residencia es la misma en todos los casos. En ella, se justifican los motivos legales por los que el gobierno español ha comenzado a otorgar de forma masiva los papeles a los asilados venezolanos.
El ministerio de Interior, presidido por Fernando Grande Marlaska, repasa con detalle la situación que vivieron los venezolanos que ahora solicitan asilo político y protección internacional en España: hambre, violencia, hiperinflación, represión, dificultad para los tratamientos médicos, apertura de juicios arbitrarios, fraude electoral y hasta “usurpación de funciones” por parte del régimen.
El gobierno español utiliza amplios y variados argumentos para acoger a los venezolanos como no lo ha hecho hasta ahora con ciudadanos de ningún otro país, ni siquiera con los que sufren guerras. Desde los problemas que afectan a todos los venezolanos en la vida diaria hasta la estructura política y represiva del régimen son utilizados como argumento para acoger a los venezolanos de forma excepcional por razones humanitarias.
Los documentos que están recibiendo los venezolanos con la aprobación de su residencia citan, para hacer el diagnostico de la situación venezolana a la Organización de Estados Americanos, OEA, el Fondo Monetario Internacional y las resoluciones de la Unión Europea.
Usurpación y dictadura
Como valoración política, el gobierno español describe al régimen de Nicolás Maduro como un sistema completamente dictatorial, aunque evita calificarlo de forma abierta como dictadura.
“Venezuela se encuentra inmersa en una relación convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta todos los ámbitos. Según señala la Organización de Estados Americanos (OEA) en el informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017 sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, se ha producido un importante debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como un alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana”, explican todos los documentos de aprobación de permiso de residencia en España a venezolanos emitidos en las últimas semanas.
El ministerio de Interior también explica que las elecciones en Venezuela de mayo de 2018 han sido fraudulentas y califica al Tribunal Supremo de Justicia de usurpador.
“Las elecciones celebradas en mayo de 2018 y que le habrían dado como gobernador para este segundo mandato han sido cuestionadas por carecer de garantías democráticas, al negarse a participar en las mismas las fuerzas de la oposición, alcanzarse un nivel de abstención histórico (más del 54%) y haberse rechazado la participación de tres partidos opositores. Además, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, ha usurpado el poder de la Asamblea Nacional y ejerce funciones que le corresponden al Parlamento, como aprobar los presupuestos. Es ante dicho órgano ante el que el Presidente de la República juró el cargo, en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución”, explica el gobierno español.
El documento, con el cual se han otorgado 7.600 nacionalidades en mayo y 3.300 nacionalidades el mes pasado, también ratifica que España y la Unión Europea siguen reconociendo a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela.
El gobierno español se apoya en informes de la OEA, Naciones Unidas, el FMI para otorgar visado humanitario de forma masiva a los venezolanos y una reciente sentencia de la Audiencia Nacional. “En Venezuela existe una situación de crisis generalizada, que se centra, entre otras, en una absoluta desprotección de aquellos ciudadanos que manifiestan su disidencia, que son objeto de amenazas y sobre los que pende la posibilidad, al menos, de un arresto arbitrario sin garantía alguna”.
“Tanto la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad común de la UE como otros Estados miembros de la UE emitieron una declaración conjunta el pasado 4 de febrero de 2019, a la que se sumaron además de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Polonia, Holanda, Hungría, República Checa, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Estonia, Croacia y Finlandia. En ella se reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y democráticas”, relata el Gobierno en el documento de aprobación de nacionalidades.
El gobierno español –que no menciona el nombre de Nicolás Maduro en todo el documento, pero sí el de Juan Guaidó– también se apoya en la decisión de la Audiencia Nacional cuando decidió resolver favorablemente el caso de un venezolano que apelaba después de que el gobierno español le denegase el asilo político.
“En Venezuela existe una situación de crisis generalizada, que se centra, entre otras, en una absoluta desprotección de aquellos ciudadanos que manifiestan su disidencia, que son objeto de amenazas y sobre los que pende la posibilidad, al menos, de un arresto arbitrario sin garantía alguna. Todo ello al margen de los problemas de los derechos básicos como son la salud y la alimentación, siendo especialmente preocupante la situación de los colectivos especialmente vulnerables como ancianos, personas sometidas a tratamiento o niños”, argumentó la Audiencia Nacional en un fallo a favor de un asilado venezolano Audiencia Nacional en una sentencia de junio de 2018.
El gobierno español podría aprobar masivamente la residencia y el permiso de trabajo al menos a otros 40.000 venezolanos que solicitaron asilo político entre 2014 y 2019.
