Ernesto J. Tovar (Lima/ALN).- Los cruces de declaraciones entre el presidente peruano, Martín Vizcarra, y el partido fujimorista Fuerza Popular (mayoría en el Congreso) sugieren que el Ejecutivo presiona para imponer su agenda, amenazando con una posible disolución del Legislativo opositor, mientras que un tercio de la opinión pública cree que la oposición se alista para destituirlo.
La temperatura política en Perú aumenta tras la amenaza velada del presidente Martín Vizcarra sobre una eventual disolución del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, alegando que los congresistas se han negado a avanzar en las propuestas de reforma judicial y legislativa que se aprobarían, en última instancia, en un referendo popular anunciado por el propio Vizcarra.
Gobierno y oposición abandonaron el discurso conciliador y pasivo manifestado desde marzo, cuando el mandatario accedió al sillón presidencial, una vez que Vizcarra presentó a finales de julio una propuesta de reforma política y judicial que incluye eliminar la reelección legislativa, reformar el sistema de justicia (donde el fujimorismo tiene varias fichas de poder), y regular el financiamiento de los partidos políticos, entre otras medidas para luchar contra la corrupción y la burocracia.
“No descartamos ni una medida para lograr el objetivo de luchar y de destruir la corrupción”, dijo Martín Vizcarra sobre una eventual disolución del Congreso
El jefe de Estado, entrevistado en CNN, afirmó que si el Congreso no avanza en aprobar esas reformas podría plantear una “cuestión de confianza” ante la Cámara, que podría conducir a una disolución del Legislativo, tal y como prevé la Constitución, en una subida de la apuesta del presidente ante el fujimorismo con el argumento de la lucha contra la corrupción.
Recordó que en la Constitución peruana “está establecida la cuestión de confianza que si no se da permite el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ni una medida para lograr el objetivo de luchar y de destruir la corrupción que tanto daño le ha hecho al Perú”.
Vizcarra ha apostado a esta agenda de reformas con aprobación popular vía referendo en diciembre para imponerse al Congreso, encabezado por el fujimorismo y que ya forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ante su inminente destitución, entre acusaciones de tráfico de influencias y presunta corrupción en contrataciones públicas.
Tomando la delantera el mandatario aspira a capitalizar la pobrísima valoración del Legislativo entre los peruanos, para mejorar su propia popularidad con unas medidas que algunos analistas y políticos opositores califican como populistas (Leer más: ¿Qué busca Martín Vizcarra con la propuesta de cambiar el Poder Legislativo en Perú?).
La percepción de la opinión pública es que el objetivo de Vizcarra todavía no es disolver el Congreso, episodio vivido con el gobierno de Alberto Fujimori en 1992. Según la encuesta Pulso Perú, recogida la primera semana de septiembre, sólo 33% de los peruanos considera que Vizcarra tiene la intención de cerrar el Congreso, mientras que 54% niega esa posibilidad.
No obstante, al menos siete de cada 10 ciudadanos prevén que las relaciones entre el Ejecutivo y el fujimorismo empeorarán.
El escenario de la disolución del Legislativo no ha sido bien recibido en la esquina del fujimorismo, con algunos de sus voceros rechazando lo que calificaron como una “amenaza abierta”.
Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, dijo que la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio ha pretendido forzar a la Cámara a aprobar los proyectos presentados por Vizcarra so pena de un posible cierre del Congreso. “Pero el hecho concreto es que los proyectos están mal planteados y hay que corregirlos”, dijo Letona, negando así el supuesto retraso que Vizcarra ha denunciado un mes después de presentar la propuesta de reforma.
Cabe acotar que justamente pocas horas después de la “amenaza” de Vizcarra, una comisión del Congreso anunció un calendario de debate sobre el proyecto del Ejecutivo, que se cumpliría en la primera quincena de octubre.
¿Una nueva vacancia?
Vizcarra llegó al poder este año tras la caída de PPK, quien renunció horas antes de ser destituido tras dos procesos de vacancia ocurridos en apenas tres meses, pero luego de una confrontación con el Congreso que se intensificó desde septiembre de 2017.
Y tras casi seis meses en el cargo, desde el fujimorismo se asegura que las amenazas de Vizcarra pretenden desviar la atención de las “ineficiencias” de su gobierno. Y al menos la mayoría de la población también lo considera así, puesto que, según Pulso Perú, 54% de los peruanos cree que al momento de plantear las reformas el presidente Vizcarra dejó de lado los problemas del país.
Keiko Fujimori: “Con referencia a la vacancia, quiero señalar claramente que nadie ha hablado de esa posibilidad. Yo la descarto”
La valoración se percibe aún peor si se considera que 79% de los encuestados manifestó que el país va “por el rumbo equivocado”.
En este contexto Fuerza Popular, en un momento difícil en las encuestas para el Congreso, con menos de 15% de aprobación popular, también ha comenzado a intensificar la artillería contra Vizcarra, algo que para 70% de los peruanos tiene el objetivo de someterlo a un proceso de destitución en el Legislativo.
Los ataques vienen por la contratación de José Cavassa -un exfuncionario electoral de la época de Alberto Fujimori investigado por irregularidades en la recolección de firmas en 2000, y que pertenecería al grupo cercano del encarcelado Vladimiro Montesinos– para la campaña electoral de Kuczynski en 2016, con el supuesto conocimiento de Vizcarra, Kuczynski y la vicepresidenta, Mercedes Araoz.
Cavassa actualmente está detenido por pertenecer a la red de corrupción denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde se traficaban decisiones y nombramientos en el sistema de justicia, y que provocó la crisis del sistema judicial peruano (Leer más: Un escándalo de corrupción arrasa con las cabezas del Poder Judicial peruano).
Fue el propio expresidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien dijo que “hay que preguntarle al presidente Vizcarra” si conocía la contratación de Cavassa. “Y ojalá que no mienta, porque ya mintió un par de veces”, añadió.
En estas acusaciones intervino el investigado expresidente Kuczynski, quien manifestó en su cuenta de Twitter que “la mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi Gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta!”.
La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi Gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta! pic.twitter.com/QiHca49ynT
— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 9 de septiembre de 2018
La propia jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, desestimó esta versión, declarando a periodistas desde el Congreso peruano que “con referencia a la vacancia, quiero señalar claramente que nadie ha hablado de esa posibilidad. Yo la descarto. Pero el tema de fondo es que la población y las autoridades requieren saber por qué se contrató al señor Cavassa y los responsables de la campaña del señor Kuczynski tienen que contestar sobre estos hechos”.
Aunque sea la propia excandidata presidencial -derrotada por PPK en segunda vuelta en 2016- la que asegura que no quieren destituir a Vizcarra, cabe recordar que en septiembre de 2017 Galarreta manifestó que su partido no buscaba destituir a Kuczynski y que debía cumplir su mandato constitucional de cinco años. Seis meses después PPK ya había sido echado del cargo.
Las palabras del presidente del Congreso en ese entonces vinieron luego de que fuera censurado el gabinete ministerial de PPK.
Algunas voces han subrayado que Vizcarra, con una agenda difusa, se aferra al discurso anticorrupción y reivindicativo ante una clase política señalada por corrupción, como estrategia para consolidar su popularidad, que cayó a 39% en julio pero que en septiembre se ubica en 47%, según Pulso Perú.
Las intenciones de Vizcarra con las reformas serían, en opinión de 45% de los encuestados, tan sólo medidas populistas, mientras que 44% piensa que el presidente peruano sí está interesado en promover cambios que mejoren la institucionalidad.
Sin embargo, los roces del Ejecutivo con Fuerza Popular ya hacen mella en su imagen ante los peruanos. Tras la filtración a la prensa de un par de reuniones secretas que tuvo Vizcarra con Keiko Fujimori, jefa de Fuerza Popular, y que el propio mandatario negó, creció su desaprobación de un mínimo de 19% en mayo a 47% en septiembre. Estas reuniones, de las cuales se rumoró que fueron un intento de Fujimori de influir en algunas decisiones del Ejecutivo, significaron un golpe de imagen para Vizcarra, percibidas como negativas por tres de cada cuatro peruanos.
Sobre esto el jefe de Estado peruano dijo que “aprendí la lección, ahora sí absoluta transparencia en todos los actos de gobierno”.
