Antonio José Chinchetru (ALN).- Pedro Sánchez defendió desde Canadá “dejar de lado la vía judicial” para hacer frente al independentismo catalán. Puso al país norteamericano como ejemplo de encontrar “soluciones políticas” a un “problema político” como el independentismo. La provincia canadiense de Quebec celebró en las últimas décadas del siglo pasado dos referendos de independencia. Este modelo es inviable en España con la actual composición del Parlamento si no se quiere violar la Constitución.
Tras la reunión que mantuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso al país norteamericano y a la provincia de Quebec como ejemplo de cómo se puede hacer frente a un desafío separatista mediante “soluciones políticas”. Sin embargo, Sánchez no tiene margen de maniobra legal para convocar un referéndum de independencia como el que se celebró, en dos ocasiones, en la zona francófona canadiense, en 1980 y 1995. Ni tan siquiera cuenta con la fuerza parlamentaria como para propugnar un cambio constitucional que lo hiciera posible.
Para convocar un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña sería necesario modificar el Artículo 2 de la Constitución
Para convocar un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña sería necesario modificar el Artículo 2 del Título Preliminar de la Constitución española, que establece: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
El artículo 167 de la Carta Magna vigente en España establece que los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por al menos tres quintos de los votos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Esto significa que al menos 210 diputados y 160 senadores deben estar a favor. Ni tan siquiera con el apoyo de todas las formaciones que votaron a favor de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa se alcanzarían esas cifras. El PP y Ciudadanos suman 169 de 350 diputados, por lo que ambos partidos pueden bloquear en la Cámara Baja cualquier reforma que ponga en entredicho a la unidad de España. En el Senado la cosa está todavía más clara, puesto que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.
Pero esto es más complejo aún. Al afectar al Título Preliminar de la Constitución, esta reforma debería hacerse mediante un procedimiento más difícil todavía. En este caso se requeriría que el proyecto fuera aprobado por dos tercios de cada una de las Cámaras (233 diputados y 178 senadores). Esta mayoría es aún más complicada. Los trámites no terminarían ahí. Una vez logradas esas, en estos momentos, mayorías cualificadas, se disolverían las Cortes Generales y se convocaría elecciones. El Parlamento resultante debería aprobar el nuevo texto constitucional y someterlo a referéndum.
Efectos económicos de los referendos en Quebec
Al margen de la imposibilidad parlamentaria, si quiere respetar la Constitución, de seguir el modelo de Canadá, Pedro Sánchez no habló de las consecuencias económicas que para Quebec tuvieron los referendos de 1980 y 1995. En la región francófona se produjo una fuga de empresas que comenzó incluso antes de que se convocaran esos plebiscitos. Arrancó tras la victoria del separatista Partido Quebequés en las elecciones de 1976 y tuvo como efecto que la capital económica de la provincia, Montreal, dejara de ser la capital financiera canadiense.
La fuga de bancos y grandes empresas arrancó en 1978, dos años antes de la celebración del primero de los dos referendos de independencia pactados con el Gobierno central (el segundo fue en 1995).
Sólo en las dos últimas décadas Quebec ha perdido el 30% de su tejido empresarial
Las primeras en marcharse fueron las grandes entidades bancarias, que se trasladaron a Toronto (capital de Ontario y actualmente primera plaza financiera de Canadá). Es el caso del Bank of Montreal (que sigue teniendo su centro de operaciones en Toronto a pesar de mantener su nombre) y el Royal Bank of Canadá. La principal ciudad quebequesa pasó de ser la sede de los ocho mayores bancos canadienses a acoger sólo a uno de ellos, la National Bank o Banque Nationale du Canadá. Casi 40 años después, la situación sigue siendo la misma que tras la fuga bancaria.
A los bancos les siguieron muchas compañías del sector financiero y otros. Es el caso de la aseguradora Sun Life y la aerolínea Air Canada. En tres años se marcharon casi 300 empresas, pero el proceso se prolongó en el tiempo y, hasta 1995, sumaron casi 700. Casi ninguna ha vuelto. Sin contar los 20 primeros años de este proceso, sólo en las dos últimas décadas Quebec ha perdido el 30% de su tejido empresarial, según los datos del Fraser Institute y el Instituto Económico de Quebec. Tras el referéndum independentista de 1995, Calgary y Vancouver tomaron el relevo de Ontario como territorios de destino.
Polémica por declaraciones del Gobierno
En la misma rueda de prensa en la que Sánchez dijo que “la lección que se puede sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas”, a Sánchez le preguntaron por las declaraciones de altos cargos del Gobierno sobre el juicio a los políticos independentistas presos mientras se les juzga por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El jefe del Ejecutivo dijo: “Lo que está proponiendo este Gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política”.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió en una entrevista concedida a La Vanguardia que no deberían estar en prisión preventiva. En concreto, afirmó: “Alargar tanto una preventiva, si se va a alargar la vista oral… parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones. Evidentemente no en libertad, porque están siendo parte importante de un procedimiento, pero si se alarga tanto en el tiempo como se está diciendo, para el año que viene o para después de las elecciones, parecería razonable que tuvieran otras medidas distintas”.
Poco antes la polémica saltó cuando la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró favorable a que el Ejecutivo indulte a esos políticos si son condenados por alguno de los delitos que se les imputan. Tan sólo puso una condición muy fácil de cumplir: “Tienen que pedirlo”. Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Cunillera y Calvo, Sánchez evitó dar una respuesta clara más allá de apelar al diálogo y buscar soluciones políticas.
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