Juan Carlos Zapata (ALN).- El chavismo no ha reculado. El intento de recapitular, “corrigiendo” a medias la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló las competencias de la Asamblea Nacional, profundiza la crisis institucional, poniendo en evidencia que el TSJ es un apéndice del Gobierno y que la actuación de los magistrados está fuera de toda norma y constituye delito de carácter penal. El chavismo no ha retrocedido por una sencilla razón: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene la noción de desacato que pesa sobre el Parlamento de Venezuela y, por tanto, nada ha cambiado, aun cuando con dos nuevas sentencias emitidas este fin de semana, se intente dar la impresión de que la revisión restituye la institucionalidad. Pero lo han dicho los especialistas. La revisión es imposible porque un juez no puede revisar lo ya juzgado. Y en todo caso, todo el entramado de 52 sentencias anteriores queda intacto, y con ellas la vigencia del llamado desacato del Parlamento. La 157, la del madrugonazo del jueves pasado, solo buscaba enfatizar la situación e investir de más poderes a Nicolás Maduro.
El chavismo no ha corregido porque si lo hace envía una señal de extrema debilidad hacia los suyos. Pero tampoco Maduro y el poder chavista se atreven al autogolpe abierto y duro porque una operación de esta naturaleza requiere épica, relato, recursos, moral, aliados y voluntad. ¿No posee el chavismo ninguno de estos elementos? ¿Tuvo miedo? ¿No midió las consecuencias?
La verdad es que no le ha funcionado la operación autogolpe al gobierno de Nicolás Maduro. No ha funcionado y no podrá funcionar. Los analistas coinciden en lo siguiente: que el chavismo persigue la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de atrincherarse en el poder y desligarse de la observación internacional.
El rey ha quedado desnudo en sus intenciones dictatoriales
Sin embargo, el historiador venezolano Pedro Benítez escribió el viernes pasado aquí en ALnavío: “Que expulsen al gobierno venezolano de la OEA (o que se vaya por sus propios pasos) para reeditar la experiencia cubana de 1962 tiene un precio: agravar el aislamiento internacional en un momento de mucha vulnerabilidad económica para Venezuela. Cuando Cuba fue expulsada de la OEA tenía quien la recibiera, el bloque soviético enviándole petróleo subsidiado y comprándole su azúcar. ¿Dónde está la Unión Soviética de Nicolás Maduro?”.
Ahora el chavismo quiere dar la impresión de corregir debido a que el rey ha quedado desnudo en sus intenciones dictatoriales. Como el chavismo no posee épica ni la mayoría popular, le resulta cuesta arriba rematar la faena, pese a que en esencia, el TSJ y el Ejecutivo siguen blindados en la ejecutoria inconstitucional.
Las sentencias 156 y 157 no parecen un paso improvisado. Hay mandatarios, Hugo Chávez, por ejemplo, que ofrecen a propósito la impresión de estar locos, lo cual en política suele ser una táctica que arroja resultados en virtud del miedo o el desconcierto que siembran en el adversario. Maduro puede estar siguiendo este mismo libreto, el de la apuesta total, o el de la crisis total. O, lo más sencillo, consideró el poder chavista que había llegado el momento del zarpazo definitivo. Solo que ni Maduro ni tampoco el TSJ han terminado de calibrar en profundidad el escenario. El de una comunidad internacional alerta ante el caso Venezuela; el de una oposición unida y con la moral en alto luego de las validaciones de los partidos políticos; y el de un chavismo que cada vez muestra más fisuras.
Y es que antes de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, admitiera que la sentencia 157 tenía elementos que rompían con el orden constitucional, ya habíamos escrito sobre ciertas contradicciones en el chavismo: “Cuando se dan estas operaciones -la sentencia del TSJ-, se tiende a pensar que todo está fríamente calculado y que el poder no tiene fisuras en las intenciones. Sin embargo, las próximas horas confirmarán esta hipótesis, pues desde antes se hablaba de factores internos inclinados a la celebración de elecciones. Elementos cercanos al alto poder chavista, manifiestan en privado su deseo de rescatar la alternabilidad democrática como fórmula para recuperar la convivencia política. De hecho, la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, no aparece firmando las dos últimas sentencias contra el Parlamento; lo hace el suplente”.
Deslindes en el chavismo
La fiscal Ortega Díaz puede ubicarse en un rol de peso en el rescate de la institucionalidad / Foto: Twitter @lortegadiaz
Se puede hablar, entonces, de dos deslindes de primera en la línea del poder chavista. La fiscal señaló que consideraba un deber histórico referirse a las dos polémicas sentencias. Por ello dijo lo que dijo, y después de ella, se sumaron en fila voces del chavismo disidente. La posición de la fiscal, aunque parezca un contrasentido, le evita de momento a Maduro el abismo, cogiéndolo del brazo al borde de la caída. De inmediato, el Gobierno se montó en la posición de corregir las sentencias, en tanto que Maduro señalaba que -la mentira la lleva pegada en el rostro- no tenía conocimiento del contenido de aquellas. Luego intentaba restarle importancia al terremoto generado por la fiscal, calificando de “impasse” entre el TSJ y la Fiscalía, la opinión del Ministerio Público sobre el fondo del asunto. Pese a que en las horas siguientes, el Presidente y la fiscal se reunieron en el Palacio de Miraflores, Maduro ya no puede evitar el costo político de la operación.
Ahora, Ortega Díaz puede ubicarse en un rol de peso en el rescate de la institucionalidad -rol que debe ser reconocido por la oposición y la comunidad internacional-, aunque está por verse si se atreverá a dar el paso de actuar en contra de los magistrados que, primero, violentaron la Constitución y, más tarde, admitieron la orden gubernamental de revisar las sentencias, confirmando que no son jueces independientes. Pero, revisando para no alterar lo sustancial. Pues, repetimos, la figura de desacato que resta los poderes a la Asamblea Nacional, sigue vigente.
En el espectro político venezolano persiste la interrogante de por qué Maduro y el poder chavista arriesgaron tanto en un escenario que no tienen a su favor.
Primero. La operación del autogolpe se produce en el momento que los partidos opositores han alcanzado la validación que les permite reinscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones vienen de movilizar maquinarias y militantes. Tienen la moral en alto por haber superado ese obstáculo con que el poder chavista intentaba dejarlos fuera de juego para presentarse solo a elecciones, tal como fue el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. El escenario partidista opositor se ha decantado en cuatro organizaciones, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Por otro lado, el filtro de las validaciones afectó al universo chavista aliado o periférico al gobierno de Maduro. La maniobra ha terminado de sembrar el descontento en un conjunto de grupos y organizaciones -el Partido Comunista y Marea Socialista, por ejemplo- en las que el Ejecutivo y el TSJ no encontrarán apoyo para el propósito golpista. Maduro, que había terminado 2016 en una posición más cómoda que la oposición, hoy luce debilitado, y cuidado si hasta el desespero. Los partidos nucleados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con las validaciones tomaron un nuevo aire en cuanto a estructura y capacidad movilizadora. Y con las sentencias golpistas del TSJ se han afirmado en el relato que buena parte de la comunidad internacional hasta el jueves no se creía. El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, lo ha dicho tajante: Este es un golpe continuado. El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, escribió en El País, que “la sentencia de la Corte Suprema anulando todos los poderes de la Asamblea Nacional es el paso definitivo que completa la estrategia de la trama totalitaria que desgobierna Venezuela”. Quizá el Gobierno seguía considerando que las validaciones no fortalecieron a los partidos y de allí que se apresurara en la operación golpista.
Maduro ya no puede evitar el costo político de la operación
Segundo. Se produce en el momento que el propio Gobierno anunciaba medidas económicas y convocaba a la empresa privada a montarse en el tren de las exportaciones. Si los anuncios no despejaron las dudas en torno a un verdadero plan para la superación de la crisis, con la sentencia, o con las dos últimas sentencias, la administración Maduro y el TSJ no hicieron más que profundizar la desconfianza y la incertidumbre en los actores económicos nacionales e internacionales. De hecho, los bonos de Venezuela se derrumbaron al día siguiente de conocerse la sentencia. ¿Midió el Gobierno las consecuencias? Porque también hay que sumar este aspecto: Maduro le ha solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF), un préstamo de 400 millones de dólares, y si ya la entidad manejaba dudas en cuanto a la legalidad de la operación -la Constitución dice que debe contar con el visto bueno de la Asamblea Nacional-, es de suponer que aquellas son más notorias a raíz de lo que la opinión pública mundial ha señalado como un golpe de Estado. Se sabe de instituciones que han alertado que sin Asamblea no hay dinero. Está por verse la reacción de socios como China y Rusia, los cuales cada vez son más cautos a la hora de extender créditos a Venezuela. De modo que si la economía sufre una crisis de profundas dimensiones, el daño será mayor -¿cuánto más?- por el impacto de la sentencia en los ya bajos niveles de confianza. Por ejemplo, la crisis del pan se profundizó en el último mes debido a que cada vez son menos los operadores aliados al Gobierno con capacidad y maniobra para importar trigo y otras materias primas, alimentos e insumos que, por cierto, en buena parte van dirigidos a sostener el programa electoral bandera del Gobierno: los CLAP. Y ello no es todo: el país tiene que abordar ahora en abril el pago de 2.000 millones de dólares en bonos de deuda. El autogolpe, como dice una fuente, ha terminado de cerrarle al Gobierno el crédito internacional y quién sabe si hará desistir a la petrolera rusa Rosneft de poner sobre la mesa entre 3.000 y 4.000 millones de dólares a cambio de más participación en dos empresas mixtas de la Faja Petrolífera de Orinoco. Porque, de la polémica sentencia, sigue en pie el aspecto de que el Ejecutivo pueda celebrar contratos públicos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, lo cual confirma que la llamada corrección es a medias.
La figura de desacato que resta los poderes a la Asamblea Nacional sigue vigente
Tercero. Se produce inmediatamente después de un incidente en la frontera con Colombia. Como se sabe, un grupo de 60 militares venezolanos montó un campamento en lo que Colombia señala como territorio propio. El impasse no llegó a más gracias a la manera como el presidente Juan Manuel Santos manejó la situación, y gracias a la mediación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Pero qué buscaban la Fuerza Armada y el gobierno de Maduro? ¿Provocar? ¿Provocar a Colombia, a la comunidad internacional y a la OEA? ¿Para qué? No hay otra explicación que la de crear un clima de tensión con el fin de justificar el estado de conmoción nacional y con ello aumentar el control y el poder interno. ¿Es el autogolpe una consecuencia del fracaso de aquella operación en la frontera?
Cuarto. Se produce en el momento que la comunidad internacional estaba con las alertas encendidas. Se había producido el debate en la OEA. El secretario general, Luis Almagro, venía insistiendo en la naturaleza antidemocrática del régimen. Varios países de la región y la oposición venezolana pedían la aplicación de la Carta Democrática y el llamado a elecciones. En América Latina ha cambiado la correlación de fuerzas y al chavismo solo le quedan aliados incondicionales como Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. En Mercosur, el cuestionamiento viene de más atrás. La administración Donald Trump mantiene una línea de confrontación directa, de donde destacan las consultas que el propio mandatario de
los Estados Unidos ha hecho a los presidentes más importantes de la región. España también ha sido coherente en la forma de abordar la situación venezolana. La crisis, y los riesgos de que ésta estalle, ha activado a los gobiernos de Suramérica, en el entendido de que el caso Venezuela es un problema regional, un caso de contagio regional. 
¿Midió el escenario Maduro? ¿Midió cuál podía ser la reacción internacional? Hay que recordar que antes de Presidente, Maduro fue canciller y en el cargo contó con la ayuda cubana. Como experiencia no le falta, no se explica el paso dado, a menos que se quiera dar la impresión de que se está dispuesto a todo, a que el país estalle y que la región cargue con las consecuencias. ¿Es la desmesura del poder?
