Redacción (ALN).- La Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) aplica tácticas de tortura nazis para forzar confesiones de detenidos, la mayoría de ellos considerados como presos de consciencia por la oposición del país caribeño, reveló este jueves la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU.
LEA TAMBIÉN
La Justicia de Venezuela, usada para perseguir a opositores
“El 7 de agosto de 2020, uno de los acusados en el caso Gedeón declaró ante el Cuarto Tribunal de Control con Competencia en Casos de Terrorismo durante la audiencia preliminar que, entre la fecha de su detención el 20 de abril de 2020 y la fecha de su audiencia de presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario en una ocasión que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft” (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días. En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información”, denunció la Misión de la ONU en un informe de más de 200 páginas.
EL PODER JUDICIAL, EROSIONADO
La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
«En medio de la profunda crisis de derechos humanos, la independencia del Poder Judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro la función de impartir justicia y salvaguardar los derechos fundamentales», resumió en rueda de prensa la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
El sistema de justicia de Venezuela «necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales», añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox.
Con información de EFE.
