José Antonio Carrero y Raquel Pestana (Carrero Abogados/ALN).- El coronavirus ha tomado a la comunidad venezolana inmigrante en España en desventaja. Sin posibilidades de regularizarse ni de documentarse. Y los que estaban a punto de hacerlo, sienten de nuevo la pérdida de todo.
Pau M., bióloga, tiene cuatro años en España. Le había sido imposible solicitar su arraigo social, y había conseguido un trabajo como Glover… Tenía cita para abril. Hasta que llegó el coronavirus. Ayer bajó al portal de su edificio, y se quedó distraída. Pasó la Policía Nacional, la sancionaron y le abrieron expediente de expulsión…
Rafael C., ingeniero, llegó a finales del año pasado. Había presentado solicitud de asilo, y tenía su entrevista en marzo. Le han llamado y le han suspendido la cita, que será reprogramada para después del Estado de Alarma…
La restricción constitucional del derecho a la libre circulación afecta igualmente a los venezolanos. Aun cuando no sea obligatorio tener un Certificado de Desplazamiento emitido por el empleador, es cierto que ahora, más que nunca, se debe poseer un documento que legitime no tan sólo la residencia, sino además la autorización de trabajo.
Casos como éstos se repiten en el éxodo de venezolanos en España. El coronavirus ha tomado a la comunidad inmigrante en España en desventaja. Sin posibilidades de regularizarse ni de documentarse. Y los que estaban a punto de hacerlo, sienten de nuevo la pérdida de todo.
Los que ya tienen autorización de trabajo ven con desespero cómo sus tarjetas caducan, y los bancos, sin piedad, les bloquean las cuentas. Los que tienen contrato, son despedidos de forma arbitraria o son un número más de un ERTE.
Y para todos, todos, la misma respuesta: Ninguna.
Las administraciones públicas están cerradas, y los funcionarios trabajan puertas adentro, sin contacto con la gente que lo necesita desesperadamente. Hierven los teléfonos, y la contestación, invariable: Vaya a nuestra página web. Que de paso, también están colapsadas.
En los últimos años, España ha dado un gran salto en lo que respecta a la informatización, intentando incrementar las relaciones de los ciudadanos con el Estado de forma electrónica. Pero hace falta un Certificado Digital, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que debe estar instalado en el ordenador del usuario, o una clave suministrada por la Seguridad Social. Y para ello es necesario tener una autorización de residencia.
No es que se requieran conocimientos avanzados de computación, pero es que muy pocos se habían encargado de eso. Y, ¿por qué hacerlo?, si bastaba con marcar un número o ir a la oficina respectiva.
La restricción constitucional del derecho a la libre circulación afecta igualmente a los venezolanos. Aun cuando no sea obligatorio tener un Certificado de Desplazamiento emitido por el empleador, es cierto que ahora, más que nunca, se debe poseer un documento que legitime no tan sólo la residencia, sino además la autorización de trabajo.
De allí que la exclusión afecta directamente a miles de venezolanos, bien irregulares, bien solicitantes de asilo que aún no tienen su tarjeta roja, bien familiares de comunitarios que aún no han presentado sus solicitudes o que se encuentran en proceso.
Vamos a estar claros. Como lo decimos siempre, nadie vive de la caza y de la pesca. El trabajo en negro, la economía sumergida, es una realidad innegable. Pero prohibida ahora. Y si no se puede salir a trabajar, no se puede traer dinero a la casa. Sin papeles o con ellos.
¿Cuáles son las armas de Alemania y Corea del Sur que no tienen España e Italia para enfrentar al coronavirus?
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, llama a la conciencia de los caseros, pero la renta hay que pagarla. No se puede iniciar un juicio por desahucio, pero cuando acabe esto, los meses impagados pueden dar lugar a una demanda, sin piedad. Igual ocurre con la luz, el agua, el gas y los servicios de telecomunicaciones. No pueden ser cortados, pero los sistemas son implacables.
Y la guinda de la tarta, los inevitables de la vida. La muerte y los impuestos. Hacienda está expresamente excluida de la suspensión general de los plazos administrativos. Así que los primeros días de abril, se deben formular las declaraciones de IVA (Península) y de IGIC (Canarias). Como si no fuera suficiente para todos los que con sangre, sudor y lágrimas han montado su negocio, forzado ahora al cierre. Y por supuesto que habrá que declarar el IRPF.
Para cerrar, un llamado de atención. España se está perdiendo un know-how importantísimo, representado en los médicos y licenciados en enfermería venezolanos que han visto sus solicitudes de homologación perdidas en la inmensa burocracia del Ministerio de Educación. Su colaboración en estos momentos críticos es más que necesaria.
Suspensión general de pagos, presidente Sánchez. Y regularización de los inmigrantes, que entre todos podemos hacer un país mejor. España cuenta con nosotros.
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