José Manuel Rotondaro (ALN).- La banca en casi todos los países enfrenta un conjunto de retos inusuales y para los que no pareciera estar preparada. Estas amenazas podemos clasificarlas en tres vías: 1-Deterioro de los activos existentes antes de la emergencia sanitaria. 2-Problemas con los créditos que concede en estos momentos bajo condiciones semi voluntarias. 3- Repercusiones en el modelo de negocio por las acciones de gobiernos y bancos centrales.
Escribo esta nota tratando de vislumbrar el impacto de la pandemia en el sector bancario mundial. Reconozco que estos pronósticos pueden caer dentro de las ‘profecías’ que nuestro editor de ALNavío recomienda archivar para que las revisemos una vez pasada la pandemia (Guarde este artículo, léalo otra vez cuando el coronavirus sea un recuerdo y vea si estas profecías se cumplieron). Está claro que las medidas de contención del Covid-19 afectarán a todos los sectores económicos y la banca no será la excepción. Veamos el impacto:
Daños en el portafolio de activos pre Covid-19
Con la actividad económica reducida a lo esencial, muchas empresas probablemente no sobrevivirán aún con las ayudas que están recibiendo de parte de algunos gobiernos. La verdadera extensión de la mortalidad empresarial no se conocerá sino varias semanas después de que se haya retornado a un nivel de actividad cercano al ‘normal’.
Negocios que durante la prolongada expansión económica lucieron exitosos, tropezarán con la prueba del ácido que significa operar en la fase recesiva del ciclo económico. Una de las reglas de la actividad financiera es que los créditos malos se conceden durante el auge económico, y esto ocurrirá igualmente en esta oportunidad.
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Una señal temprana de esta amenaza ha sido el anuncio de creación de reservas extraordinarias para créditos malos por parte de bancos estadounidenses. La duda es si los modelos que están usando el JP Morgan-Chase, Bank of America y otras instituciones, están capturando adecuadamente el nivel de morosidad que tendrán que enfrentar.
Adicionalmente, habrá que esperar malas noticias en el mercado de bonos corporativos, que afectarán a la banca tanto por pérdidas por cesación de pagos como por caídas en sus precios que obligará a las instituciones financieras a constituir más reservas. Incluso ya fue acuñado un nuevo término financiero, los “ángeles caídos” en referencia a las empresas emisoras de bonos, como Ford, cuya calificación de crédito ha descendido por debajo del grado de inversión.
Algo inédito en esta ocasión es que en varios países las autoridades están obligando a la banca a otorgar a sus deudores, moratorias para el pago de sus deudas que oscilan entre 3 y 6 meses. Esta reestructuración de créditos está ocurriendo sin que los bancos puedan considerar la capacidad real de pago de los deudores, siempre y cuando hayan estado al día antes de la emergencia sanitaria. En la mayor parte de los casos, durante la moratoria se seguirán causando intereses, con lo cual los deudores tendrán un nivel de deuda superior al que tenían antes de suspender los pagos.
Esto presagia momentos muy complejos tanto para deudores tratando de reiniciar sus actividades con incertidumbre sobre la velocidad con la que recuperarán su nivel de ingresos como para los bancos que tendrán que revisar la capacidad de pago de una proporción significativa de los deudores simultáneamente.
Mi percepción es que los gobiernos y los supervisores bancarios intervendrán para disuadir o prohibir la ejecución de deudas que resulten impagables al cesar las moratorias. Esto presagia carteras morosas con una administración complicada y un destino incierto.
Los créditos durante la emergencia
En varias economías avanzadas y unas cuantas de las emergentes, los gobiernos han implementado en forma muy rápida esquemas de garantías de crédito que buscan incentivar la concesión de préstamos por parte de la banca a empresas con un futuro incierto pero que se consideran vitales.
Favorecer el financiamiento de ciertas industrias, por ejemplo las orientadas a exportaciones, mediante garantías de pago oficiales no es algo novedoso, pero usualmente este tipo de apoyo se ha canalizado a través de organismos especializados, con capital propio y sujeto a condiciones que reduzcan los incentivos perversos.
En esta ocasión, estamos viendo esquemas que garantizan el 100% del crédito otorgado, algo inusual en los casos previos, y con una condicionalidad relajada. En varios de los países con este tipo de esquema, los empresarios aspiran recibir préstamos a las bajísimas tasas de la deuda pública, cualquiera sea el perfil de crédito del deudor, arguyendo con cierta razón que en realidad los bancos están prestando a sus gobiernos.
También ha habido oposición tanto de los potenciales receptores de créditos como de los gobiernos a que la banca evalúe la capacidad de pago futura de los solicitantes. La premisa es que en la actual emergencia lo importante es la velocidad con la que los empresarios reciban el crédito, antes que consideraciones de prudencia financiera tradicionales.
La duda es si esos gobiernos estarán en capacidad de honrar esas garantías si ocurre una mora masiva de los deudores. Si ello ocurre, no debe sorprender que los gobiernos decidan convertir las garantías que deben ser honradas en bonos de muy largo plazo y tasas de interés por debajo de la inflación.
Este escenario coincide con lo que en ocasiones previas hicieron los países desarrollados para reducir los niveles de deuda respecto al PIB: aplicar la llamada ‘represión financiera’ mediante la cual los inversionistas financian al gobierno con tasas de interés reales negativas. La diferencia en esta ocasión será que el grueso de la deuda pública la tendrá que absorber la banca en forma compulsiva.
Por supuesto, la banca buscará trasladar la carga que signifiquen esos activos ilíquidos y de bajo rendimiento, mediante un incremento en el margen financiero entre la tasa de interés que pague por depósitos y la que cobre por los créditos que otorgue una vez superada la epidemia. Pero ampliar ese margen será difícil inicialmente.
Cambios en el modelo de negocio
Quizás el ‘pronóstico’ más repetido en estos momentos es que nada volverá a ser como era antes. Esto abarca también al modelo de negocios tradicional de la banca. En el corto plazo es evidente que la generación de beneficios mediante el diferencial que una institución financiera obtiene entre los ingresos por créditos y lo que paga por depósitos está resultando insuficiente para mantener los niveles de rentabilidad que obtenía hasta el año pasado.
Algo inédito en esta ocasión es que en varios países las autoridades están obligando a la banca a otorgar a sus deudores, moratorias para el pago de sus deudas que oscilan entre 3 y 6 meses. Esta reestructuración de créditos está ocurriendo sin que los bancos puedan considerar la capacidad real de pago de los deudores.
Por un lado la reducción a mínimos históricos de las tasas de interés marcadoras por parte de los bancos centrales ha comprimido el denominado spread bancario. Como reflejo de esas reducciones, los ingresos por créditos y bonos han descendido, a lo cual se agregan las medidas de protección a deudores establecidas por los gobiernos, que en algunos casos ha suspendido la causación de intereses sobre deudas incluidas en esquemas de moratoria general. Esta caída en sus ingresos no ha podido ser compensada con reducciones de gastos financieros pues difícilmente las instituciones financieras pueden aplicar tasas de interés negativas a sus depositantes.
Este panorama de menor rentabilidad en el sector bancario se ha reflejado en la caída en el valor de las acciones bancarias más que proporcional a la de otros sectores. También esta percepción está detrás de la prohibición (‘recomendación’) de pago de dividendos y bonos a sus ejecutivos que han establecido autoridades en Europa y otras regiones.
La otra amenaza al modelo de negocio tradicional a la banca proviene de la forma como los gobiernos están utilizando a las instituciones financieras para canalizar la ayuda a las empresas afectadas. El uso de los bancos como un ejecutor de políticas gubernamentales los expone a riesgos reputacionales, exacerbados por la forma precipitada con la que han sido aprobados los esquemas oficiales, no exentos de errores de diseño.
Por ejemplo, el “Programa de Protección de Salarios” implementado en los Estados Unidos para proveer financiamiento en condiciones preferenciales a pequeños negocios afectados por el Covid-19 y que está siendo distribuido por la banca de ese país, fue absorbido en tiempo récord fundamentalmente por grandes empresas. Esto obligó al Congreso a ampliar los fondos asignados. Pero a la vez las pequeñas empresas que quedaron sin acceso a la ayuda official y créditos han introducido demandas contra los bancos, acusándolos de preferir a grandes empresas porque eso les permite cobrar comisiones más altas.
De prolongarse la “Gran Encerrona” como ha denominado el FMI las restricciones a la actividad de personas y empresas, el peso de los gobiernos en la actividad financiera necesariamente se incrementará, con lo que a la postre, tendremos una banca dependiente como nunca (al menos en países desarrollados) de las decisiones del sector oficial.
Ya el Banco Central Europeo ha anunciado que espera un proceso de consolidación del sector bancario en la eurozona. Las primeras cifras de la caída de la actividad económica y desempleo en los Estados Unidos ya superan en severidad el peor escenario de los ejercicios de stress tests anunciados en febrero por la Reserva Federal -los llamados Análisis y revisión integral de capital- y que los bancos debieron haber presentado este mes.
Todo esto presagia una mayor injerencia oficial en la gestión bancaria, acompañada de demandas del sector no financiero de mayor control sobre esa actividad.
Al igual que los lectores, espero que la epidemia sea abatida rápidamente y que no hayan olas sucesivas. Espero además equivocarme en el análisis anterior y que la evolución del Covid-19 no obligue al sector bancario a surfear esas olas en condiciones inciertas. Esto no sólo beneficiará a los banqueros sino a toda la sociedad.
