Leticia Núñez (ALN).- La empresa española no ha llegado a comenzar las obras de una carretera que se adjudicó en 2015, tras identificar problemas técnicos que generarían sobrecostos. Mientras, la Vicepresidencia colombiana considera que es una infraestructura clave para “conseguir un futuro próspero”.
Colombia empieza a ser un quebradero de cabeza para algunas empresas españolas. Si el pasado 14 de marzo, el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó liquidar Electricaribe, la filial colombiana de Gas Natural Fenosa, ahora Sacyr tiene paralizado el proyecto de construcción de la primera de las cuatro autopistas cuya contratación logró en el país en los dos últimos años. El estancamiento de las obras se produjo después de que la compañía española encontrara en la zona “arcillas expansivas”, que encarecían el proyecto y no hacían viable acometerlo con el presupuesto que le fue adjudicado en julio de 2015: 275 millones de dólares (aproximadamente 245 millones de euros).
Se trata del contrato de remodelación, ampliación y posterior explotación durante 25 años del Corredor 5, un proyecto enmarcado en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, al norte del país, y que tiene 202 kilómetros de longitud, entre Puerta de Hierro y Cruz del Vizo. En 2015, la Vicepresidencia de Colombia, el Ministerio de Transportes y la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), el organismo estatal encargado de la contratación de obras públicas, calificaron la ubicación de estos departamentos como “estratégica”.
En su opinión, la autopista no solo mejoraría la seguridad vial y la conectividad, sino que también facilitaría el acercamiento de los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos ubicados en la costa Caribe, algo clave para “competir en mejores condiciones frente al mercado globalizado”. En definitiva, el Gobierno de Colombia veía en el Corredor 5 una buena forma de conseguir “un futuro próspero para la costa atlántica y para todo el país”. Según sus cálculos, se generarían más de 14.500 puestos de trabajo.
La vía se divide en dos tramos. El primero, entre Puerta de Hierro y Palmar de Varela, de 170 kilómetros, incluye la variante Carmen de Bolívar, que servirá para potenciar la conexión terrestre entre el interior y las poblaciones portuarias del Caribe. Precisamente, esta variante conectará con la Ruta del Sol, uno de los corredores más importantes del país, ya que permite la comunicación terrestre entre Bogotá y otras localidades del interior y ciudades portuarias como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Riohacha. El segundo tramo, de 25 kilómetros, entre Carreto y Cruz del Vizo, “blindaría una mejor conexión del occidente del país con la costa atlántica”, según la Vicepresidencia y el Ministerio de Transportes. De hecho, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, aseguró que «entre Sincelejo y Barranquila un camión ahorraría en tiempo de viaje aproximadamente 1 hora y 40 minutos, mientras que un automóvil ganaría 50 minutos».
Fuentes de Sacyr aseguran que “no se ha producido la caducidad del contrato”
Por ahora, ninguno de esos dos tramos es una realidad por “las arcillas expansivas” que Sacyr ha encontrado. Tras detectar estas dificultades con el terreno, la firma comenzó a negociar con la Agencia de Infraestructuras. Sin embargo, al no prosperar tales negociaciones, llevó el caso ante un “Amigable Componedor”, una especie de árbitro, que acaba de fallar en contra de Sacyr y a favor de la ANI.
“Las negociaciones siguen abiertas”
Después de este fallo, fuentes de Sacyr consultadas por el diario ALnavío, indican que “no se ha producido la caducidad del contrato y las negociaciones siguen abiertas”. En este sentido, añaden que llevan “dos años negociando adaptar el proyecto de construcción a la realidad del terreno que hemos encontrado, que tiene problemas técnicos no detectados en el proyecto de licitación entregado por la ANI”.
Una versión que choca con la aportada por el organismo colombiano. En un comunicado, éste asegura que, como todas las empresas que participaron en el proceso de licitación de la carretera, Sacyr recibió un informe técnico que incluía detalles sobre “aspectos técnicos, prediales y ambientales, entre otros, necesarios para la elaboración de la respectiva propuesta”. En este concurso, en el que hubo cuatro propuestas, Sacyr hizo la de menor valor y le fue adjudicada la concesión a través de la empresa Concesionaria Vial Montes de María S.A.S, recordó la ANI. “El proceso de licitación fue competitivo”, sostiene el comunicado.
Asimismo, la ANI destacó que el contrato de concesión “se encuentra vigente y en etapa de preconstrucción”, a pesar de que acumula un atraso de nueve meses en relación con lo inicialmente previsto para el inicio de esta obra. Por ello, advierten que “actualmente se adelanta un proceso sancionatorio acumulado por cinco incumplimientos al contrato de concesión”. “La Agencia emitió en enero de este año una resolución que declara el incumplimiento de cinco obligaciones del contratista e interpuso cinco multas por un valor total aproximado de 11.000 millones de pesos (unos 3,78 millones de dólares / 3,36 millones de euros)”, subrayó al respecto.
Sacyr mantiene su apuesta por Colombia
A pesar de ello, el grupo español niega que este conflicto, calificado como “puntual y técnico”, ponga en peligro su presencia en Colombia, un país que considera estratégico y en el que continúa analizando oportunidades tras haberse adjudicado la construcción de cuatro autopistas. De hecho, lidera el consorcio constructor (con el 60%) de la carretera Pasto-Rumichaca, con una inversión prevista de 1.073 millones de dólares (955 millones de euros), y la autopista Mar 1, de unos 1.000 millones de dólares (890 millones de euros), en el que posee el 37,5%. Asimismo, fuentes de Sacyr manifestaron que este contratiempo no les impedirá acudir a nuevas licitaciones en el país.
“Todas las empresas recibieron un informe que incluía aspectos técnicos”, dice la ANI
Al margen de Colombia, la empresa también se encuentra inmersa en negociaciones con Panamá para avanzar en la resolución de todas las reclamaciones por sobrecostos y modificaciones surgidas en las obras de ampliación del Canal, que ascienden a unos 3.700 millones de euros (4.152 millones de dólares). De este importe, la firma española espera cobrar unos 630 millones de euros (707 millones de dólares), según las últimas estimaciones de la compañía.
Dos casos que contrastan con la situación que Sacyr vive en Chile, donde se ha convertido en el mayor inversor privado de infraestructuras del país. Lleva más de 20 años y se ha adjudicado 13 proyectos con una inversión de 6.100 millones de euros (6.500 millones de dólares) y la construcción de más de 1.300 kilómetros de autopistas.
El 84% de su cartera actual, de 4.131 millones de euros (4.338 millones de dólares), está en el exterior. Un mercado internacional en el que Latinoamérica tiene mucho peso. De hecho, la importancia de algunos países de la región es similar a la de España, que supone un 17%. Chile representa el 15%, igual que Colombia; mientras que Brasil, México y Perú suponen un 3% cada uno.
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