Juan Lozano (ALN).- La explosión de una bomba el pasado 17 de junio en Bogotá siembra el luto entre los colombianos. Pero al mismo tiempo, en un país altamente polarizado por las negociaciones del Gobierno con las FARC y donde se acercan las elecciones presidenciales, la perplejidad frente al atentado rápidamente se convirtió en una guerra sucia entre los distintos sectores políticos.
El exclusivo Centro Andino, en el norte de Bogotá, Colombia, estaba atiborrado de clientes el sábado 17 de junio por la tarde, víspera del día del padre. En sus elegantes tiendas, muchas de ellas de marcas internacionales de élite, un público mayoritariamente femenino escogía los mejores regalos en medio de las comodidades propias de los comercios de estrato seis.
De pronto una explosión sacudió la zona. Para muchos resultaba difícil imaginar que un artefacto letal se había activado en ese centro comercial. Muy rápido, sin embargo, se corrió la voz. Se trataba de una explosión y había por lo menos una mujer muerta y varias heridas de gravedad. Y se supo que la explosión había ocurrido en el baño de mujeres.
En cuestión de media hora la zona estaba acordonada y entre sirenas de ambulancias y vehículos de organismos de seguridad y rescate los medios de comunicación informaban al país que no se había tratado de ninguna explosión accidental de una tubería, ni de un corto eléctrico, sino que era producto de un acto terrorista.
Los colombianos mayores de 25 años estamos marcados por los recuerdos angustiosos del narcoterrorismo que cobró miles de muertos en nuestro país
Los colombianos mayores de 25 años estamos marcados por los recuerdos angustiosos del narcoterrorismo que cobró miles de muertos en nuestro país al final de la década de los 80 y comienzos de los 90, cuando Pablo Escobar y los mafiosos de diferentes carteles conformaron un grupo denominado “Los Extraditables” cuyo lema era “Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.
En esos años de terror, Los Extraditables asesinaron varios candidatos presidenciales, policías, soldados, periodistas, jueces, maestros, líderes sociales, dirigentes políticos, empresarios, ganaderos, industriales, comerciantes y miles de personas del común. Su propósito, complementado con secuestros de personas influyentes, era manifiesto: arrodillar al país a punta de muertos y miedo para que se abortara cualquier intento de revivir la extradición de nacionales colombianos a Estados Unidos, condenados por narcotráfico.
Explotaron aviones en vuelo llenos de pasajeros. Volaron infraestructura nacional y local. Pusieron bombas en instalaciones de los cuerpos de inteligencia y seguridad. Estallaron artefactos de distintos calibres en varios centros comerciales. Había por entonces una situación de pánico generalizado. La entrada a cada centro comercial se convertía en una odisea de requisas, olfateos caninos, escaneos antimetales y cada retorno al hogar, sanos y salvos, era correspondido por muchos en un país piadoso, con oraciones de gratitud al Altísimo.
En ese momento, cada bomba colocada tenía la firma de Los Extraditables. Se sabía quiénes eran, por qué habían puesto la bomba y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para alcanzar sus propósitos. Ahora ocurrió precisamente lo contrario. No fue posible establecer en primer término quiénes eran los responsables de la explosión del Andino, que a la postre cobró tres vidas de mujeres jóvenes, una de ellas francesa que se encontraba en Colombia vinculada al trabajo social de una ONG.
La perplejidad aumentó cuando cerca de la media noche del sábado en una improvisada rueda de prensa convocada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras su retorno a la capital, en conjunto con el director de la Policía y el Alcalde Mayor, se dijo que no existía ningún indicio concluyente sobre la autoría del atentado y que, por el contrario, se estaban manejando tres hipótesis diferentes.
En un país altamente polarizado por cuenta de las negociaciones del Gobierno con las FARC, donde se acercan las elecciones presidenciales y con una crisis de respaldo ciudadano al presidente de la República, cuya aceptación ha llegado hasta un precario 12% en encuestas recientes, esta perplejidad frente al atentado rápidamente se convirtió en una espesa guerra sucia entre los distintos sectores políticos a través de las redes sociales.
¿Quién es el culpable?
Sectores de izquierda radical empezaron a atribuir culpas a lo que llaman la ultraderecha y a los aliados y amigos del expresidente Álvaro Uribe. Sectores de derecha radical hicieron lo propio culpando al presidente Santos y a su gobierno. Algunos acusaban a las FARC, otros al ELN, organización guerrillera que tiene otra compleja mesa de negociación con el Gobierno. Y otros más a nuevas estructuras paramilitares, bandas criminales, milicias o a nuevos extraditables preocupados por el endurecimiento de la era Trump contra el narcotráfico.
El periódico El Tiempo publicó una nota señalando que una de las hipótesis apuntaba a un grupo nuevo denominado MRP, con vínculos con el ELN y con cuadros de extremistas que se mueven en ambientes universitarios, lo que motivó una airada reacción del rector de la Universidad Nacional de Colombia. En fin…
Cuando más se necesita una única voz firme, erguida, valiente, esperanzadora y patriótica para enfrentar el terrorismo, el país vuelve a perder el foco de sus prioridades en este complejo escenario
El balance resultaba muy dramático, no solamente por lo que implica una acción terrorista sino porque puso en evidencia la profundidad de las divisiones que hoy existen entre los colombianos, así como los odios y los rencores. A pesar de que los valientes comerciantes abrieron sus puertas al día siguiente y de que el presidente del gremio que los agrupa, Guillermo Botero, dio un testimonio de esperanza y fortaleza que nos confirmó al ser consultado por ALnavío, el estallido y las muertes no generaron un consenso nacional para enfrentar el terrorismo, ni una voz unificada para rechazar a los violentos.
Lo anterior resulta especialmente inquietante si se tiene en cuenta lo que confirmó el general Humberto Guatibonza, hasta hace poco tiempo director de la Policía Metropolitana de Bogotá, al ser consultado por ALnavío: que hay explosivos en Bogotá, que hay explosivistas preparados en Bogotá, que se han generado más de una decena de atentados con explosivos en la ciudad, registrados con un perfil más bajo aunque han involucrado instituciones de salud, instituciones del Gobierno, la Dirección de Aduanas, comercios y hasta la propia policía de Bogotá.
Al finalizar la semana enmarcada entre dos puentes festivos sucesivos, varios sectores empezaron a levantar la voz reclamando eficacia en las investigaciones pues muy poco se había avanzado en resultados y en la información suministrada a la opinión pública. A pesar de tratarse de una zona altamente vigilada y monitoreada por muchas cámaras no se han divulgado vídeos para buscar a los responsables y se generó un confuso episodio con unos retratos hablados que fueron desconocidos por las propias instituciones públicas. Se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos (menos de 35.000 euros).
Tanta confusión, deplorablemente, implica un doble triunfo para los asesinos terroristas. Por una parte logran perpetrar el atentado cobarde, y por la otra, que el propio establecimiento colombiano se enfrasque en agrias polémicas políticas que impiden la cohesión nacional para enfrentar a los violentos. Así, cuando más se necesita una única voz firme, erguida, valiente, esperanzadora y patriótica para enfrentar el terrorismo, el país vuelve a perder el foco de sus prioridades en este complejo escenario. He aquí la tarea pendiente.
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