Pedro Benítez (ALN).- La intervención de Banesco, el principal banco privado de Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, a días de las elecciones presidenciales, es una táctica populista que los venezolanos ya conocen. La institución financiera fundada por Juan Carlos Escotet en 1992 es el nuevo chivo expiatorio y se suma a la lista de empresas que el chavismo ha usado con ese fin.
Cada vez que el régimen chavista-madurista se acerca a un evento político importante apela a la vieja táctica populista de Robin Hood. Quitarles a los ricos para repartir a los pobres. O al menos hacerles creer a estos últimos eso.
El populismo siempre necesita un enemigo. Unos culpables de todos los males, de la inflación, de la carestía y de los fracasos económicos. Se le suele poner una etiqueta: “la casta”, “la mafia del poder”, “las cúpulas podridas”. Allí se mete como un todo a empresarios y adversarios políticos; sin distinciones ni matices. Culpables e inocentes.
La táctica populista se aplica por igual, se esté en la oposición o en el gobierno. En este último caso el daño que provoca es, lógicamente, mucho mayor.
El populismo siempre necesita un enemigo. Unos culpables de todos los males, de la inflación, de la carestía y de los fracasos económicos
En noviembre de 2013, pocas semanas antes de las elecciones municipales de ese año el presidente Nicolás Maduro decidió que unas tiendas de electrodomésticos vendieran sus artículos a precios más bajos a los que ofrecían en ese momento. Sus palabras textuales fueron:
“Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red (Daka) y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo. Todos los productos, que no quede nada en los anaqueles”.
Lo que a continuación ocurrió fue un saqueo más o menos anárquico de esas tiendas. ¿Quién establecía “el precio justo”? El presidente como juez supremo.
La venganza económica como política pública ante la creciente inflación y dificultades económicas. Chavismo en estado puro.
Las elecciones municipales que se efectuaron a los pocos días fueron ganadas por los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). ¿En cuánto ayudó esa grotesca táctica a la victoria electoral? No quedó claro, pero el chavismo cree firmemente que funciona pues de tanto en tanto la aplica, por lo general justo ante de alguna elección importante.
De lo que no cabe duda alguna es que aquel acontecimiento precipitó la crisis de desabastecimiento de 2014. Muchos comerciantes cerraron actividades o no repusieron los inventarios. La consecuencia fue la pérdida de empleos y la carestía de bienes.
Aquella determinación de Maduro recordó otra escena de su antecesor cuando ordenó, sin fórmula de juicio y en retransmisión por el programa Aló Presidente, la expropiación de una serie de locales comerciales privados en el centro de la ciudad de Caracas. El estilo arbitrario del comandante-presidente impresionó a los observadores fuera de Venezuela; dentro del país, indignó, aunque no tanto. El entonces mandatario tenía años en guerra contra parte del sector privado venezolano llevando a cabo expropiaciones como si fueran actos supremos de justicia social.
Quedó claro entonces que en Venezuela no había Estado de derecho e invertir era una actividad de altísimo riesgo.
Siempre en vísperas de un evento electoral aparecen los funcionarios del régimen en plan de fiscalizar, acosando y cerrando pequeños o medianos negocios, por lo general propiedad de esforzados inmigrantes portugueses o sirio-libaneses, ordenando bajar los precios y la liquidación de los inventarios. Por regla general los fiscales de precios justos se hacen acompañar de una nutrida comitiva de fotógrafos y camarógrafos de la red de medios públicos y de Telesur.
La consigna es clara: hacer creer que se hace justicia. Así, por ejemplo, el exalcalde de Caracas y ahora designado “protector” del estado Táchira (en la frontera con Colombia) Freddy Bernal lleva días fiscalizando locales, confiscando mercancías y acusando a los comerciantes de esa región del delito de especulación:
Retweeted Freddy Bernal (@FreddyBernal):#EdoTachira | Hemos incautado un galpón que se encargaba de la venta clandestina de azúcar obtenida de los productos regulados para re-empacar y ser vendida a precios especulativos. pic.twitter.com/c4T4gPJd4U
— Richard Gamboa (@richardgamboa) 4 de mayo de 2018
Dado el absoluto descontrol de precios en Venezuela nadie puede saber a ciencia cierta qué valor relativo tienen las cosas. Pero como vemos esta crisis es una oportunidad para los operadores políticos oficiales.
Otro tanto ocurre en el centro de Caracas, donde la actual alcaldesa, Erika Farías, una radical de izquierda muy cercana a Maduro, ha comenzado su propia campaña de expropiaciones.
El turno de Banesco
Ahora le ha llegado el turno a Banesco, el banco fundado por el empresario hispano-venezolano Juan Carlos Escotet. Esta es la entidad financiera privada más importante de Venezuela. Algunos le atribuyen el manejo del 40% de los medios de pagos del país (Leer más: Por qué el régimen de Maduro arremete contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España).
Con el deterioro en los servicios del histórico Banco de Venezuela (el Gobierno chavista lo adquirió al Grupo Santander por un monto de 1.000 millones de dólares en 2009) muchos usuarios se han refugiado en entidades como Banesco.
Sin embargo, el régimen venezolano lo acusa de “graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención a la legitimación de capitales, ilícitos financieros, financiamiento al terrorismo y distorsión del mercado cambiario ilícito”.
Pese a que la base monetaria del país se está duplicando en cuestión de semanas, el Gobierno responsabiliza a Banesco por la especulación en el mercado cambiario paralelo. No obstante, esto es parte del relato que justifica “la guerra económica”. El guion exige ponerle rostro y nombre a los autores.
Once altos directivos, entre ellos el presidente ejecutivo del banco, Oscar Doval García, fueron arrestados y acusados de ser parte de una red financiera dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia. Habían sido convocados a una reunión en la Superintendencia de Bancos y de allí salieron detenidos. El Gobierno afirma que los arrestos forman parte de la Operación Manos de Papel, que ha llevado en las últimas semanas a más de un centenar de detenciones, allanamientos y el congelamiento de 1.380 cuentas bancarias.
Por supuesto, y como es evidente, este estilo de “gobernar” es lo que ha destruido la economía venezolana y empujado a millones de venezolanos a la emigración. La caída de varios bancos y casas de bolsa en 2010, provocada por el Gobierno, con el saldo de varios de sus ejecutivos presos, no sirvió para desaparecer el dólar negro. Hoy tampoco lo hará.
Pero lo perverso de la situación es que es útil políticamente porque hay un público en Venezuela que todavía compra ese discurso. El destinatario es la base radical chavista a la que Maduro quiere mover a su favor.
En estos momentos Maduro lucha por ganar legitimidad para otro mandato presidencial, pero no antes los ojos de la comunidad democrática internacional ni del 70% de los venezolanos que le adversan, sino ante el propio chavismo.
Sabedor de que lo único que hoy amenaza su poder es un quiebre dentro del régimen, alienta a la base radical para cohesionarla en torno a él. Esa es su jugada hoy.
Los estudios de opinión recientes indican que todavía el 30% de la población adulta venezolana se declara chavista y de ella, el 93% afirma estar segura o muy segura de darle su voto a Maduro. En condiciones normales con esas cifras el mandatario nunca podría reelegirse, pero ese no es el caso. En un proceso de destrucción nacional Maduro está llevando el populismo a extremos inéditos.
