Valentina Álvarez (ALN).- Apenas 50 de los 194 países miembros de la ONU prohíben los juegos de azar y Brasil es uno de ellos. Pero este año un grupo de empresarios y legisladores apuestan a que salga de la lista impulsando leyes para legalizarlos. La medida podría generar una importante fuente de ingresos. Por los pasillos del Congreso, en Brasilia, ya se han hecho rutinarias las visitas de empresarios del juego oriundos de Macao, o los portugueses de Estoril Casinos. También de los estadounidenses de Fertita Entertainment, Las Vegas Sand Corporation y del estudio de abogados Lewis, Roca Rothgerber. Todos han enviado a sus ejecutivos y representantes a hacer lobby ante los legisladores brasileños en audiencias abiertas, reseñadas en los órganos informativos oficiales. Los “bingueros” argentinos también están indagando sus opciones en una eventual apertura del negocio en Brasil, animados por las facilidades que podría darles la cercanía y preocupados por la presión fiscal a la cual se les somete en casa.
Dos proyectos de ley están activos en el Congreso, con defensores de peso, detractores irreductibles y mucha atención mediática. La normalización del estamento político tras el trauma del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff en mayo del año pasado, podría hacer de 2017 el año decisivo.
En medio de su peor crisis económica de los últimos 70 años, el gobierno de Michel Temer sufre para administrar una severa sequía fiscal. Temer y su partido prevén que la legalización de los juegos de azar podría aliviar el agujero fiscal federal, que en 2016 superó largamente los 50.000 millones de dólares, un 2,47% del PIB brasileño y el mayor medido hasta ahora en un año por el Banco Central.
Figuras del oficialista PMDB -el partido de Temer- apoyan abiertamente la iniciativa
Instituto Juego Legal, una ONG que aboga por una ley de apertura de la actividad, asegura que las apuestas ilegales como el “jogo do bicho” (lotería de animalitos) mueve 3.750 millones de dólares por año sin pagar un solo centavo de impuestos.
Según el presidente del Consejo de la Asociación de Bingos, Casinos y Similares, Olavo Sales da Silveira, el juego legal podría generar ingresos anuales de 6.000 millones de dólares, y de ese total la industria del juego tributa un mínimo de 30%.
En el Congreso avanzan -con discreción, pero sin pausa- dos proyectos de ley para levantar el veto al juego. En el Senado Federal reposa el proyecto 186/2014, ya aprobado en la Comisión Especial de Desarrollo Nacional. En Diputados cursa el proyecto de ley 442/1991, que aguarda ser votado en comisión, pero tiene menos opciones de avanzar -según fuentes parlamentarias- que su par en el Senado.
A favor y en contra
Ante la opinión pública, figuras del oficialista PMDB -el partido de Temer-, apoyan abiertamente la iniciativa. “Estoy a favor de que el juego forme parte de la cadena de entretenimiento, a favor de los casinos y resorts con inversión en la red hotelera, de eventos y también de juego. Esa secuencia traerá billones y billones a Brasil”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Cesar Maia, en un evento de su partido (DEM) en Río de Janeiro. Según Maia, en el país funcionan miles de máquinas clandestinas y “nadie hace nada” para controlar el lavado de dinero que se genera, a su juicio, con la actividad ilegal.
La causa no reconoce melindres ideológicos ni partidarios: ya desde 2015 y en pleno gobierno de Rousseff, diputados y senadores del Partido de los Trabajadores se habían sumado a las huestes de la legalización. Ese mismo año el Ministerio de Turismo encargó un estudio del impacto que podría tener la actividad en la economía, y recibió con interés a empresarios uruguayos y estadounidenses que llegaban con proyectos de inversión.
Algunos legisladores y líderes de opinión se oponen a un cambio en la legislación vigente
“La legalización del juego en Brasil es una realidad inminente”, dice la analista política Eliane Cantanhede, aunque aclara que el horizonte de tiempo no parece definido. Hay quienes estiman que pasada la racha del impeachment y estabilizada la gestión de Temer, la legalización de los bingos y casinos avanzará con más fluidez en la agenda parlamentaria.
En la vereda de enfrente, algunos legisladores y líderes de opinión se oponen a un cambio en la legislación vigente. “La liberación del juego es un caballo de Troya; incluso si hubiera beneficios fiscales en la iniciativa (y no los hay) el costo social y el contencioso criminal que traen consigo serían enormes”, editorializó hace poco el diario O Globo, vocero de los intereses de la influyente familia Marinho, cuyos negocios se ramifican en el sector de telecomunicaciones.
La Asociación Nacional de los Fiscales de la República expresó, en una audiencia parlamentaria, que antes deben establecerse mecanismos institucionales de fiscalización, o el juego será la puerta de entrada para el crimen organizado.
La explotación de juegos de azar en Brasil está prohibida por la ley 3688/1941, que en sus artículos 50 y 58 establece como contravención la práctica de juegos de azar, loterías sin autorización legal y quinielas.
En los últimos años hubo diversos intentos legislativos para autorizar la explotación de los juegos de azar. Uno de ellos fue la ley 8672/1993, que permitió en 1990 y a comienzos de la década del 2000 la explotación de los juegos de bingo en todo Brasil. Pero el experimento duró poco: en 2004 un asesor del Palacio de Planalto fue descubierto en grabaciones reclamando a un empresario del juego ilegal que le diera dinero para las campañas electorales del Partido de los Trabajadores, a cambio de que el Congreso legalizara los juegos de azar. Para frenar el escándalo que lo salpicaba, el entonces presidente Lula da Silva prohibió el funcionamiento de los bingos en todo el país, hasta nuevo aviso.
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