Patricia J. Garcinuño (ALN).- Dos años después de la polvareda que levantó la liquidación de la filial madrileña de Banca Privada de Andorra por presunto blanqueo de capitales, no se ha demostrado la responsabilidad de gran parte de los que fueron señalados. Desde el pasado 23 de abril, su sede está okupada por un grupo ultraderechista.
Plaza de Margaret Thacher, junto al Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid. Allí, flanqueado por el histórico hotel Grand Meliá Fénix y el NH Colón, se encuentra un edificio de cuatro plantas con formas redondeadas y cristaleras tintadas de color cobrizo. Los transeúntes dirigen su mirada curiosa a las marcas que dejó el ya inexistente logo en piedra que delata la identidad del antiguo dueño del inmueble: Banco Madrid (BM), la filial española de Banca Privada de Andorra. El que fue, según los expertos, uno de los bancos más solventes del mercado financiero, fue declarado en concurso de acreedores en marzo de 2015, después de que la Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), el organismo dependiente del Tesoro de Estados Unidos, acusara a la entidad andorrana de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales. Los que por allí pasan muestran ahora una expresión aún más curiosa cuando levantan la cabeza y ven ondear en la azotea tres banderas: dos españolas y una azul serigrafiada con el dibujo de un castillo con tres torres, el logo de Hogar Social, grupo de ultraderecha que okupó el inmueble el pasado 23 de abril.
“Nosotros okupamos edificios de titularidad pública, pertenecientes a la banca o fruto de algún tipo de especulación”, señala Melisa Domínguez.
Al llamar al timbre del edificio, una joven se acerca y abre los dos cerrojos y la cerradura que blindan la entrada. En el vestíbulo ya se aprecia el relativo buen estado del inmueble. Las paredes tienen algún que otro desconchón de pintura, pero la moqueta se conserva bien. Hay carteles con el logo de Hogar Social en cada rincón: unos anunciando actividades como el reparto de comida solo “para familias españolas” y otros prometiendo que buscarán trabajo “para los tuyos”. Pocos minutos después aparece Melisa Domínguez Ruiz, la líder de la organización.
“Nosotros okupamos edificios con ciertas características: que sean de titularidad pública, pertenecientes a la banca o fruto de algún tipo de especulación, como es este caso”, señala con energía y tono ensayado la portavoz ultra, de 29 años, al diario ALnavío. Estos rasgos son compartidos, según Hogar Social, por los cinco inmuebles que la agrupación tomó desde que se fundó en agosto de 2014. Primero se instalaron en el barrio de Tetuán, luego eligieron la antigua sede del Ministerio de Trabajo, más tarde fue el edificio del Forum Filatélico, después el del No-Do (noticiero de la dictadura franquista) y finalmente, la antigua sede de la Dirección General de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. De todos ellos fueron desalojados por la policía. La última vez fue el pasado 28 de marzo.
En este sentido, Domínguez detalla el simbolismo de okupar un inmueble como el de Banco Madrid: “Fue intervenido por colaboración con organizaciones criminales y con blanqueo de capital. En el momento en el que vivimos, en el que los españoles somos cada vez más pobres, con o sin trabajo, y donde nos levantamos todos los días con nuevos casos de corrupción”. “Creemos que es de justicia poética devolver a los españoles aquello que políticos corruptos les robaron sirviéndose de instituciones de un modo completamente permitido, como sucedió con Banco Madrid y Banca Privada de Andorra”, argumenta.
La líder del colectivo de ultraderecha hace de guía por las distintas zonas de las cuatro plantas que pertenecían a la entidad: un salón de conferencias para las futuras charlas que pretende dar el colectivo, una habitación en la planta baja que ahora es almacén de comida y despachos en los pisos más altos con camas donde, según cuenta, ahora duermen 10 personas que estaban viviendo en la calle. Al subir a la azotea, la líder de la organización señala al suelo: “Esto no lo grabéis. Es por si nos vuelven a atacar”, dice, en referencia a varios ladrillos partidos por la mitad y puestos en fila. El ataque al que se refieren fue denunciado el pasado 30 de abril ante la policía, y en él presuntamente 30 personas accedieron al edificio para amedrentarlos.
La antigua sede de BM pertenece hoy a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el organismo que asumió la tutela de BPA tras su intervención
La antigua sede de BM pertenece hoy a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el organismo que asumió la tutela de BPA tras su intervención, equivalente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) español. De momento, según explica Domínguez, no han contactado formalmente con ellos. “Nos consta que están tramitando las gestiones, pero de momento no se han puesto en contacto con nosotros. La policía ha venido varias veces cada vez que alguien les llama porque se entera de que estamos aquí, simplemente para dar parte de que esto es así”, señala.
Caso Banco Madrid: mucho ruido y pocas nueces
Caminando por aquellas estancias sin gente y llenas de cajas resulta extraño pensar que algún día aquella fuese una de las entidades privadas más solventes, con un ratio cercano al 30%, frente al 12% de media del sector. Aunque lo cierto es que todo lo que ha envuelto a Banco Madrid y a la Banca Privada de Andorra ha sido algo confuso. En su momento, se filtró a la prensa un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales español (Sepblac) en el que se señalaba a 12 clientes de BM -de un total de 16.000- por pertenecer a estructuras relacionadas con el blanqueo de capitales de origen venezolano, ruso, mexicano y chino.
Uno de los nombres más pronunciados en aquellos días fue el de Gabino Antonio Fraga Peña, abogado mexicano que hizo, según sus propias palabras, de “enlace regional” en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, presidente de México. Según apuntó el diario El Mundo en su momento, el Sepblac señaló a Fraga por haber recibido una transferencia de México de 445.000 euros (485.000 dólares) que podría corresponder a la financiación ilegal de partidos. El abogado admitió la transferencia, pero insistió en que ese dinero provenía de “recursos propios producto del trabajo, de los honorarios y de ahorros”. Posteriormente no se llevaron a cabo acciones judiciales contra él.
Banco Madrid llegó a ser uno de los más solventes, con un ratio cercano al 30%, frente al 12% de media del sector
Sí pasaron por sede judicial Nervis Gerardo Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, exviceministros venezolanos de Desarrollo Eléctrico durante el gobierno de Hugo Chávez. Según recogía el supuesto informe, Alvarado Ochoa poseía una cuenta en Banco Madrid con 4.678 euros (5.107 dólares) y aparecía “vinculado en los medios de comunicación con Nervis Gerardo Villalobos”, el único exfuncionario venezolano que seguía moviendo su dinero en el momento de la intervención a la entidad, según Vozpópuli. El diario El Mundo publicó varias informaciones que relacionaban a “jerarcas del chavismo” con actividades fraudulentas, entre los que citó a Villalobos y Alvarado, y en las que se basó la acusación.
Ambos exfuncionarios chavistas presentaron una demanda de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid en la que requerían a Unidad Editorial, a su Consejo de Administración y a los redactores de dichas informaciones que se avinieran a reconocer “errores e inexactitudes” que a punto estuvieron de enviarles a prisión. El 28 de septiembre, El Mundo reconoció que “no existe constancia de que la Fiscalía española ni ningún otro medio judicial esté acusando a Alvarado o a Nervis Villalobos de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales, ya que de cualquier investigación rutinaria que pudiera haber llevado a cabo el Sepblac sobre Banco Madrid o sobre sus clientes a día de hoy no ha derivado en imputación alguna contra ambos ciudadanos venezolanos de la que la editora tenga constancia”. Aunque la Fiscalía de Venezuela ordenó prisión preventiva contra Villalobos en abril de 2015, posteriormente la anuló y en diciembre de 2016 fue absuelto.
Otros nombres que también salieron a la palestra por estar supuestamente vinculados a este informe sobre blanqueo de capitales pero sobre los cuales posteriormente no se llevaron a cabo acciones judiciales fueron Carlos Luis Aguilera, antiguo capitán del ejército venezolano, que contaba con más de tres millones (2,74 millones de dólares) depositados en Banco Madrid; Omar Jesús Farías, de quien supuestamente el Banco Madrid rechazó un ingreso de 13,8 millones de dólares (12,6 millones de euros), aunque se desconocen los motivos; la sociedad panameña Green Trail Int., cuyo titular real presuntamente es José Luis Zabala, ciudadano venezolano relacionado con Omar Jesús Farías, a quien Banco Madrid le canceló las relaciones de negocio y transfirió los 2,28 millones de dólares (2,08 millones de euros) que tenía en la cuenta a BPA; o Era Trading, empresa panameña de la que presuntamente faltaba información sobre el titular real y el origen de los fondos.
El grupo ultraderechista Hogar Social ha okupado seis inmuebles desde su fundación en agosto de 2014 / Foto: Malala Sansur
Liquidación de la filial en Panamá
El 30 de enero de 2017, Panamá decidió liquidar la filial que tenía allí BPA. El país centroamericano señaló que optó por esa vía ante el silencio administrativo de las autoridades andorranas, responsables de la entidad tras la intervención en marzo de 2015, después de que un comprador pusiera una oferta sobre la mesa y no obtuviera respuesta.
La AREB informó que el proceso de traslado de activos líquidos de la filial transatlántica de BPA “que estaban colocados en una institución bancaria en Suiza” exigiría un plazo adicional. Esto fue visto por Panamá como un elemento que restaría opciones para llevar a cabo un proceso ordenado, así que decidieron iniciar la liquidación forzosa de la filial y mantener suspendidas todas las operaciones bancarias de la firma.
Juicios a la cúpula
En poco más de dos años se ha pasado del aluvión de informaciones señalando a todo tipo de personalidades del mundo empresarial y político a una cascada de rectificaciones, empezando por la FiCEN, la red de control del crimen financiero del Tesoro de EEUU, que el 19 de febrero de 2016 retiró inesperadamente la denuncia. Pero ya el mal estaba hecho.
La red de control del crimen financiero del Tesoro de EEUU retiró inesperadamente la denuncia contra BPA en febrero de 2016
Según la Administración Concursal de Banco Madrid con la que se ha puesto en contacto este diario, que ejercen las empresas Legal y Económico y Data Concursal, actualmente se ha pagado “el 100% de los créditos privilegiados, es decir, los que corresponden a administraciones públicas y trabajadores; y un 50% de los créditos ordinarios”. También señalan que han conseguido vender la gestora de Banco Madrid el pasado 20 de febrero.
En el plano judicial, los altos cargos de la entidad mantienen su pulso con los juzgados andorranos. Hoy existen 11 causas judiciales en torno al escándalo de BPA, que incluyen investigaciones sobre las mafias de Gao Ping, Andrei Petrov y conexiones con el cartel de la droga de Sinaloa, según apunta Cinco Días. Entre los encauzados se encuentran los hermanos Higini y Ramón Cierco, y el consejero delegado de BPA y Banco Madrid, Joan Pau Miquel, que fue puesto en libertad el pasado 16 de enero después de pasar casi dos años en prisión provisional.
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