Ysrrael Camero (ALN).- Se cumplen 42 años de la aprobación, por referéndum, de la Constitución que inauguró el período más dilatado de convivencia democrática, libertad y prosperidad en la historia de España. Es la primera carta magna española aprobada con un amplio consenso. Tras más de cuatro décadas, hay voces que hoy revisan críticamente, tanto su contenido, como el proceso que la hizo posible.
Al repasar las dificultades de la sociedad española para estructurarse como un Estado liberal y democrático, se reconoce el logro histórico que representó la aprobación consensual de esta Constitución, que completó el tránsito del autoritarismo franquista a la democracia parlamentaria.
La Transición Española se convirtió, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, en un modelo de democratización. El tránsito fue impulsado desde dentro del régimen autoritario, por sectores interesados en incorporar España a Europa. El franquismo dominaba desde 1939, y la muerte de Francisco Franco en 1975 los enfrentó a una crisis sucesoral. A pesar de que existía un gobierno republicano en el exilio no tuvo incidencia significativa, aunque sí la tuvo la oposición que hacía vida internamente.
Un contexto hostil, una prueba de liderazgo
El impacto de la crisis petrolera de 1973 coincidió con la decadencia final y muerte del dictador. Las convulsiones sociales estaban a la orden del día, y a pesar de que el proceso se desarrolló en términos pacíficos, no fue ajeno a episodios de violencia, de distinto signo, desde los asesinatos de ETA y Grapo, hasta los atentados de la ultraderecha. Esta violencia hizo temer que una intervención militar detuviera la democratización.
Varios liderazgos fueron puestos a prueba: primero, el del joven rey Juan Carlos I, en segundo lugar, el de Adolfo Suárez, jefe de gobierno desde el 3 de julio de 1976, quien venía de ser gobernador de provincia y jefe del Movimiento Nacional. En la oposición despuntaron el comunista Santiago Carrillo y los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra.
Una Reforma Política del autoritarismo a la democracia
La capacidad para construir acuerdos e impulsar medidas audaces, caracterizó a Adolfo Suárez, quien, con el apoyo del Rey, impulsó la Ley de Reforma Política que inició la democratización, haciéndola aprobar en las cortes franquistas en 1976. Esta aprobación reforzó el liderazgo de Suárez, quien inició, el 11 de enero de 1977, negociaciones con la oposición.
Al mismo tiempo se desarrollaban movilizaciones de las izquierdas exigiendo democracia, respondidas con represión policial. Ante la liberalización política, algunos sectores ortodoxos del régimen reaccionaron con violencia, como lo muestra la matanza de los abogados en Atocha el 24 de enero de ese año. La escalada de violencia amenazó a la transición, el asesinato de dos policías y un guardia civil provocó insubordinación de los ultras de las Fuerzas Armadas.
Siendo consciente Suárez de que el tránsito no sería creíble sin el Partido Comunista tomó otra decisión audaz, anunció su legalización en la Semana Santa de 1977, sabiendo que generaría resistencia militar. No sin antes mantener comunicación con el mismo Santiago Carrillo. Para hacer posible la democracia, las izquierdas cedieron, renunciando a la República y aceptando a la monarquía parlamentaria.
El 15 de junio se realizaron las primeras elecciones democráticas desde 1936. La victoria de UCD ratificó el liderazgo de Suárez, al tiempo que el PSOE, liderado por Felipe González, se convirtió en el principal partido de oposición.
Una Constitución para la Democracia
El 22 de julio se inició la legislatura, con una misión, aprobar una Constitución que consolidara la democracia en España, buscando el máximo acuerdo posible. Cuatro días después se creó la Comisión de Asuntos Constitucionales, que designó a siete diputados para que redactaran el anteproyecto constitucional.
Este grupo, cuyos miembros son considerados los padres de la Constitución, estaba conformado por tres diputados de la gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD), Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca; por un diputado del PSOE, Gregorio Peces-Barba; un diputado del PCE, Jordi Solé Tura. También formaba parte, por Alianza Popular (AP), Manuel Fraga, quien era destacado reformista del franquismo tardío. Completa el grupo, por la minoría catalana, Miquel Roca. Superar tanto el drama de la guerra civil como la separación sectaria, construyendo acuerdos, caracterizó su trabajo.
El 5 de enero de 1978 se hace la publicación oficial del proyecto, para iniciar la discusión. Se generaron varios episodios críticos, la derecha rechazó el término “nacionalidades”, así como el hecho de que los socialistas estuvieran dispuestos a discutir la forma republicana. La Iglesia Católica rechazaba que el Estado no fuera confesional, y que se abriera la posibilidad de legalizar el divorcio y el aborto. Sectores empresariales rechazaron que el Estado pudiera intervenir las empresas en nombre el interés general. Mientras algunos monárquicos rechazaban el lugar simbólico, no Ejecutivo, en que el Rey era colocado.
Tras dilatadas polémicas, se va abriendo paso nuevamente la idea de propiciar que la nueva Constitución sea aprobada a través de amplios consensos. El 31 de octubre de 1978, Congreso y Senado aprueban el texto final, con 325 votos a favor. 14 parlamentarios se abstuvieron, siete del PNV, tres de AP, uno de ERC, uno de UCD y dos del grupo mixto. Tuvo seis votos en contra, uno de Euskadiko Ezkerra y cinco de AP.
El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue aprobada en referéndum con 88,5% de los votos, siendo sancionada por el Rey el 27 de diciembre, y entrando en vigor dos días después.
Como Constitución redactada por consenso todos los grupos estuvieron dispuestos a hacer concesiones para ampliar la base de apoyo de la nueva democracia. La izquierda cedió la República a cambio de la democracia pactada, y la derecha aceptó la intervención estatal en la economía y una amplia carta de derechos, incluyendo los sindicales, también se reconoció tanto la unidad de España como las nacionalidades históricas. Como texto jurídico es perfectible, como consenso político fue una victoria para el pueblo español, en términos de libertades, democracia y progreso. Hace 42 años España dejó atrás el autoritarismo, y avanzó hacia Europa y hacia el mundo libre.
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