Pedro Benítez (ALN).- En la actualidad hay 18 expresidentes latinoamericanos condenados o sometidos a algún tipo de proceso judicial. Dos son prófugos de la justicia y uno se suicidó. En lo que va del siglo XXI cinco no pudieron terminar sus mandatos en medio de acusaciones de corrupción. Los afectados han sido de derecha, centro e izquierda. Aliados de Estados Unidos, o miembros del club de amigos de los expresidentes Fidel Castro y Hugo Chávez. No es cierta la afirmación según la cual hay un lawfer contra ciertos mandatarios por razones ideológicas.
La decisión del juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil, anulando el pasado lunes todas las sentencias contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso Lava Jato, y restituyendo todos sus derechos políticos, levantó un enorme, y lógico, revuelo dentro y fuera de ese país. Para los simpatizantes de su causa política a los dos lados del Atlántico es una prueba de la inocencia de Lula y una ratificación de que contra él hubo siempre una persecución judicial para sacarlo de la carrera electoral. Una continuación del supuesto golpe de Estado que hacia su sucesora Dilma Rousseff se consumó en 2016.
En esta valoración han coincidido desde el actual mandatario argentino Alberto Fernández, hasta el dirigente del partido Podemos de España, Juan Carlos Monedero, pasando por los expresidentes Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner.
En resumidas cuentas, en esa versión de los hechos, como ha explicado muy bien Monedero en un video que ha difundido a propósito de este fallo de la justicia brasileña, se evidenciaría de manera irrefutable la guerra judicial (lawfer) que las fuerzas de la “derecha” han declarado contra los gobiernos progresistas de América Latina y de la cual todos ellos (por supuesto) han sido víctimas.
Sin embargo, en ese razonamiento hay una contradicción que salta a la vista. La justicia que condenó a Lula en dos casos distintos, que lo juzgaba por otro, que lo privó de libertad y lo inhabilitó políticamente, es exactamente la misma justicia que ahora anuló todas las condenas, y el juicio en curso en su contra (aunque no decide sobre el fondo de las acusaciones), que lo pone en libertad y le restituye todos sus derechos políticos.
La pregunta inevitable es: ¿Cuando la justicia brasileña lo condenó era mala y ahora es buena, o viceversa?
Un enredo similar se da en Colombia con otro expresidente aunque sin la misma repercusión internacional. Tres días antes de la medida que favoreció al expresidente Lula, el fiscal encargado del caso que por manipulación de testigos se le sigue a Álvaro Uribe, ha solicitado la “preclusión” de ese proceso, alegando que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.
En 2014 el senador de izquierda Iván Cepeda acusó públicamente a Uribe por su presunta participación en la creación de grupos ilegales paramilitares en los años 90 (antes de ser presidente) en el departamento de Antioquia.
En esa ocasión Uribe acusó a Cepeda ante la Corte por manipulación de testigos. Pero cuatro años después, en un giro inesperado, la Corte absolvió a Cepeda y acusó al expresidente por el mismo delito de manipulación de testigos.
En agosto del año pasado Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano privado de libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Inmediatamente se declaró víctima de una persecución política, y en una maniobra renunció al Senado (la Corte Suprema investigaba su caso dada su condición de senador) para así ser juzgado por la Fiscalía, que según la oposición colombiana está en manos de un aliado del Centro Democrático, partido del expresidente Uribe.
A la izquierda y a la derecha
Como se podrá apreciar, cuestionar al árbitro es una práctica que trasciende las líneas ideológicas. Cada quien se declara perseguido. En los dos casos citados los procesos judiciales contra estos expresidentes han polarizado enormemente a los dos países. En Brasil y Colombia hay dos bandos enfrentados. No importa qué resuelvan los fiscales y jueces, unos absuelven por adelantado a Lula y a Uribe, mientras otros los condenan. Sin mirar pruebas ni escuchar testigos.
No se puede decir que el tribunal de la opinión pública condene, puesto que también está dividido, aunque en ninguno de los casos citados por la mitad. También aquí hay sus simpatías.
En el medio, un sistema judicial sometido a todo tipo de presiones. Unos tribunales que tampoco son inmaculadamente imparciales porque también están compuestos por seres humanos. Que la oposición antiuribista sospeche de las íntimas simpatías del fiscal que solicita la preclusión del caso del expresidente es razonable.
Pero también lo es en el caso de los adversarios de Lula. Después de todo Edson Fachin fue un jurista amigo del Partido de los Trabajadores (PT), y ocho de los 11 magistrados del actual Supremo Tribunal Federal de Brasil fueron nominados por Lula y Dilma Rousseff cuando ocuparon la presidencia del país. Esas son las reglas del sistema.
¿Quiere esto decir que la justicia latinoamericana está totalmente corrompida y parcializada? En lo absoluto. Es elegida políticamente, pero tiene sus contrapesos internos, sus normas escritas, procede de acuerdo a una lógica y tiene una gran cantidad de jueces y fiscales que resisten las presiones del poder político y económico.
Observarse que en el caso de Brasil, y Argentina es otro ejemplo, fiscales y jueces han actuado contra los intereses de los que están en el poder. Lo más cómodo es hacerlo cuando pierdan el poder.
De modo que no es cierta la afirmación de Juan Carlos Monedero y compañía, según la cual hay un lawfer de parte de la derecha imperial contra los líderes progresistas.
Expresidentes en problemas
En la actualidad hay 18 expresidentes latinoamericanos condenados o sometidos a algún tipo de proceso judicial. En Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia y Argentina, uno por cada país, en Brasil dos, en El Salvador tres, y Perú se lleva el campeonato absoluto con cinco.
Hay dos expresidentes prófugos de la justicia, el peruano Alejandro Toledo y el salvadoreño Mauricio Funes. El expresidente de Perú Alan García se suicidó cuando un tribunal procedió en su contra.
Además, hay cinco presidentes en lo que va del siglo XXI que no pudieron terminar sus mandatos en medio de acusaciones de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Dilma Rousseff (Brasil), Otto Pérez Molina (Guatemala), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia). Aunque en estos dos últimos casos salieron expelidos del poder en medio de insurrecciones con olor a golpe de Estado, y no por procedimientos constitucionales.
Los afectados han sido de derecha, centro e izquierda. Aliados de Estados Unidos, o miembros del club de amigos de los expresidentes Fidel Castro y Hugo Chávez.
En 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas se declaró culpable de participar en una trama de sobornos cuando dirigía el fútbol de su país. El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos en 2018 por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno.
De modo que no es cierta la coartada de Rafael Correa y Cristina Kirchner según la cual son víctimas de una persecución política de carácter continental. Tampoco la insistente campaña que califica la destitución de Dilma Rousseff en 2016 como un golpe de Estado: 25 años antes el Congreso de Brasil hizo lo mismo con Fernando Collor de Mello y nadie habló de golpe de Estado en ese entonces.
Tampoco ha habido una persecución exclusiva contra el PT y Lula. El sucesor de Rousseff, Michel Temer, cumple arresto domiciliario y está sometido a juicio. El caso Lava Jato sacudió todo el sistema político brasileño.
Lo que hay en América Latina es el fin de la era en la cual los expresidentes eran intocables y no se les podía investigar. Es, sin duda, lamentable este espectáculo de mandatarios entrando y saliendo de tribunales. Pero también lo es la reacción contra el cáncer que ha afectado a la región por décadas: la impunidad.
