Por Zenaida Amador (ALN).- Cuando en 2016 de Nicolás Maduro habló de incorporar el gas doméstico al sistema de distribución de los CLAP quedaba claro que había un problema grave, ya que todo lo asociado a ese programa especial comunal del régimen intenta encubrir la aguda escasez que sacude a Venezuela, principalmente de alimentos, mientras eleva su control sobre la población. Cuatro años más tarde el problema no solo se ha agudizado, sino que carece de perspectivas de solución, salvo que se recurra a importaciones aunque no hay recursos para eso.
En Venezuela existen unas reservas probadas de gas que superan los 197 billones de pies cúbicos y un 85% de los hogares del país usa el gas para cocinar. No obstante, menos de 40% de la población recibe el suministro de gas doméstico con relativa regularidad, mientras que el resto debe improvisar, incluso recurriendo a la leña, para atender sus necesidades básicas.
El problema lleva años gestándose bajo la indiferencia de las autoridades. Ya al término de la primera década de este siglo el país estaba importando gas para atender sus necesidades internas, aun teniendo esos recursos disponibles y una serie de proyectos gasíferos aprobados, incluso con participación extranjera pactada. Pero tales iniciativas no terminaban de avanzar debido, principalmente, a las prioridades de inversión del gobierno de Hugo Chávez.
Cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela el problema entró en una fase más aguda, debido al desplome en los ingresos petroleros y la escasez de divisas, lo que no solo terminó por sacar de agenda cualquier inversión necesaria, sino que además limitó la capacidad financiera para seguir importando gas al ritmo requerido. Vender la idea de que bajo el “control del pueblo” mejoraría la situación, distribuyendo el gas a través de las comunas y los CLAP, fue solo una capa del discurso político usada por Maduro para encubrir los problemas de fondo, antes los que en verdad ha hecho poco o nada para resolverlos.
Un problema de larga data
En el país abunda el llamado gas asociado al petróleo, que es aquel que se extrae con la mezcla de hidrocarburos que sale de los campos petroleros. Buena parte de ese gas natural se reinyectaba a los campos petroleros para sostener su presión y otra parte terminaba en lo que llaman quema y venteo, es decir, se desaprovechaba. Y aún es así.
Aprovecharlo implica varios procesos de procesamiento y compresión para los que había toda una estrategia de reforzamiento, pues la idea era surtir a casi la totalidad de la población con gas metano directo, lo que requería de proyectos, obras de desarrollo y tuberías.
Era una estrategia integral necesaria, no solo para atender a los hogares, sino también a los diversos sectores de la economía en una nación que acusaba el agotamiento de su sistema de generación hidroeléctrica (por temas como desinversión y mala gestión), y que comenzaba a recargarse en la generación termoeléctrica como vía de compensación.
3 problemas de PDVSA que colapsan el sistema eléctrico en Venezuela
A esta iniciativa se le llamaba “Plan de Gasificación Nacional”, que prometía alcanzar a 3,2 millones de hogares para reemplazar el uso de cilindros o bombonas. Pero de inmediato comenzó a quedar en evidencia que el proyecto carecía de impulso. En 2016 el Ministerio de Petróleo informaba que el Plan había logrado beneficiar a 212.825 familias, con lo cual hacia un balance de ejecución desde 2005. Tres años después, y como un “logro”, Petróleos de Venezuela, PDVSA, anunciaba que 237.063 familias en todo el país recibían gas directo por tubería gracias al plan.
Lo insólito es que en la actualidad la producción petrolera no llega al millón de barriles diarios y no hay capacidad para aprovechar el gas que ya no se reinyecta en los pozos. Al contrario, en el sector petrolero reportan que la quema de gas ronda los 1.500 millones de pies cúbicos al día en el estado Monagas, una de las principales áreas de producción de los mejores crudos del país, y que apuntalaba al sistema gasífero.
En lo que respecta al gas no asociado al petróleo la historia no ha sido muy diferente. PDVSA tenía entre sus proyectos el desarrollo de pozos de explotación de reservas gasíferas en zonas clave del territorio. Una de esas zonas es el estado Zulia, en el occidente, donde la extracción de gas no asociado al petróleo podría abastecer a esa entidad y, a futuro, abrir margen para la exportación de gas a Colombia. En la actualidad hay localidades de Zulia que acumulan hasta cinco meses sin el gas que reciben a través de bombonas.
El colapso
Recientemente voceros sindicales de la industria petrolera informaron que estaba fallando el lugar donde se concentra el procesamiento de gas para el suministro doméstico. Se trata de la planta de fraccionamiento del criogénico de Jose, en el estado Anzoátegui, en el oriente, que sufrió un incendio a inicios de mayo, luego de otra secuencia de incidentes, que los trabajadores atribuyen a falta de mantenimiento e inversión.
En esa planta “se fraccionan o separan los líquidos provenientes de las Plantas de Extracción: San Joaquín, Santa Bárbara y Jusepín, los cuales son almacenados como productos terminados (propano, normal butano, iso butano, pentano, gasolina natural y nafta residual) para posteriormente ser despachados”, explica Pdvsa en su sitio web.
Es decir, allí se extrae el metano del gas natural asociado con el detalle de que era la única instalación que mantenía despachos de gas en el país, pues las demás están paralizadas, pero los hechos recientes han comprometido también la operatividad de la planta de fraccionamiento de Jose desde mediados de mayo, según la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Sin sus operaciones no es posible surtir las unidades de transporte que llevan el metano a los centros de distribución y, de allí, a los hogares.
En manos del Estado
PDVSA “se encarga del transporte, almacenamiento, envasado y distribución de GLP (gas licuado del petróleo) desde las plantas de llenado hasta el usuario final, incluyendo dentro de su cadena de valor la fabricación y reparación de bombonas, tanques y válvulas”. Es decir, que el Estado prácticamente centraliza toda la actividad.
Uno de los pasos determinantes en el proceso ocurrió en 2009, dentro de la ola estatizadora de Hugo Chávez, cuando el Gobierno tomó la «Planta Compresora de Gas PIGAP II», que le fue expropiada a la estadounidense Williams Companies Inc., algo que tuvo implicaciones en la propia producción petrolera. Previamente el Estado también se había reservado el manejo de empresas de gas, como Vengas y Tropigas, que terminaron alimentando la fallida red comunal de suministro de gas doméstico.
Para los expertos en el área una de las trabas para el desarrollo del sector han sido los precios, manejados bajo los mismos criterios populistas el chavismo no solo a nivel de consumidor final sino para los propios fines de la industria petrolera. Esto, que debió ocurrir mientras había margen financiero en la industria petrolero, ahora resulta cuesta arriba, en especial porque se necesitan millonarias inversiones para recuperar estructuras dañadas y un clima -inexistente por demás- para activar proyectos que se quedaron en el tintero, sin dejar de lado que sin participación privada será difícil avanzar en este sentido.
La opción de corto plazo para evitar que los venezolanos terminen cocinando con leña parece ser la importación de gas, lo que no solo se complica por la falta de recursos para hacer las compras sino por propio cerco internacional al país. Mientras tanto, el gas asociado al petróleo se sigue quemando a la vista de quienes hacen colas de días para tratar de comprar las escasas bombonas de gas que reparte el régimen de Maduro.
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