Redacción (ALN).- El empresario colombiano Álex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos, donde afronta un proceso legal por supuesto blanqueo de dinero, afirmó que no ha colaborado con las autoridades de este país, aunque no negó haber sostenido reuniones con emisarios de la Justicia norteamericana.
A través de un comunicado divulgado por el abogado David B. Rivkin, jefe de su defensa en Estados Unidos, Saab señaló lo siguiente:
“Mi cliente, Alex Saab, afirma que nunca ha conocido a Bruce Bagley y que Bruce Bagley nunca ha trabajado para él de ninguna manera. Alex Saab también declara que cualquier reclamo que haya cooperado con las autoridades estadounidenses en contra de los intereses de Venezuela y ha llevado a cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del Gobierno de Venezuela”.
Ayer, la agencia de noticias AP afirmó que Saab se reunió en secreto con las autoridades de Estados Unidos para ofrecer información en un caso contra el profesor Bruce Bagley, a quien se acusa de haber lavado millones de dólares para el propio empresario colombiano.
Este encuentro se habría producido en 2019, justo antes de las acusaciones contra Saab.
No está claro qué se discutió en las reuniones, que no se habían informado previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para tantear la investigación estadounidense sobre sus propias actividades.
Saab, de 49 años y nacido en Barranquilla, Colombia, fue apresado el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EE.UU. a través de la Interpol.
¿Un diplomático de Venezuela?
Tras su detención, Venezuela aseveró que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente diplomático» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
Fue extraditado a Estados Unidos a mediados de octubre pasado y ya tuvo sus primeros encuentros con la Justicia de ese país, que le negó la libertad bajo fianza y le ratificó una acusación por presunto lavado de dinero.
Juristas con conocieminto del caso han dicho que el empresario podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.
