Pedro Benítez (ALN).- Esta semana un tribunal de Estados Unidos condenó al Estado argentino a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares por la expropiación efectuada en 2012 del 51% de las acciones de la compañía de energía, gas y petróleo YPF, por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para que nos demos una idea, ese monto es casi la mitad de lo que se estima necesitaría Argentina para dolarizar su economía. La decisión llega en el peor momento para el país austral, pues constituye un golpe adicional en medio de la rápida devaluación de su moneda, el incesante crecimiento de los precios (12% de inflación el mes pasado) y la salida de divisas por la desconfianza generalizada.
De modo que, por lo visto, se están juntando todas las consecuencias de las malas decisiones, tomadas por los peores motivos, por parte de la pareja presidencial Kirchner. Una de ellas, la arbitraria estatización de YPF. Creada por el Estado en 1922, fue parcialmente privatizada por el presidente Carlos Menem en 1992, colocando la mayoría de sus acciones en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York. Esa decisión fue todo un símbolo de hasta donde estaba dispuesto a llegar Menem en su campaña de desregulación y privatizaciones que llevaba adelante en aquella época.
Reacción contra la “década neoliberal”
Así como revertirla fue otro mensaje, en ese caso por parte de la señora Kirchner (aliada junto con su marido de Menem en los años noventa) en su reacción contra la “década neoliberal”, con el objetivo declarado de que el Estado garantizará la autosuficiencia energética del país y la soberanía nacional sobre sus recursos naturales.
Resulta que, en 2012, la compañía española de energía Repsol poseía el 57% de las acciones de YPF, mientras que el resto estaba en manos de accionistas argentinos; pero el gobierno de la presidenta Kirchner, de la mano de su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió por decreto/ley declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación sólo el 51% de la propiedad a fin de tomar el control total de la compañía, pero violando en el procedimiento lo establecido en los estatutos de la empresa que habían sido registrados en Estados Unidos.
Estos señalaban que, si un inversor compraba más del 15% de las acciones, estaba obligado a efectuar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas; pero eso no se hizo porque, ante las críticas y advertencia efectuadas, Kicillof razonó que: “…tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”.
En 2014 el gobierno de Kirchner llegó a un arregló de indemnización con Repsol por 5 mil millones de dólares, pero al año siguiente un fondo de inversionistas demandó la expropiación ante un tribunal de Nueva York, que ahora decidió en contra del Estado argentino usando precisamente como alegato la imprudente frase del ex ministro. Según esta decisión judicial, Argentina tiene que pagar el triple del valor actual en Bolsa de YPF que se cotiza en 5 mil millones de dólares.
Grave error
Sin embargo, ese es solamente una parte del costo del error garrafal de Kicillof. Aunque el Estado argentino puede apelar el fallo judicial, y en el supuesto de que lo ganase, parte del mal ya está hecho, puesto que aquella expropiación fue un demoledor golpe a la confianza de la inversión extranjera en Argentina y una de las razones de la crisis que lleva una década arrastrando.
Cristina Kirchner se empeñó en aquella decisión cuatro años después del conflicto con los productores agro-ganaderos, sector que aporta la mayoría de las divisas que ingresan al país, por el asunto de las retenciones (impuestos) a las exportaciones. Esa cuestión fue el inicio de la creciente polarización política de la sociedad argentina en la cual el kirchnerismo recurrió a la vieja táctica de apuntar sus tiros contra los empresarios (“los ricos”). Expropiar YPF fue el siguiente golpe propagandístico que le permitió ondear la bandera de la soberanía nacional contra una empresa extranjera que “explotaba” un recurso nacional en su beneficio. Para esto último contó con el respaldo solidario de los gobiernos Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Nicaragua que, como sabemos, tienen por costumbre invocar la no injerencia en los asuntos internos de otros países solo cuando les conviene.
Se dijo, además, que las inversiones de Repsol, por medio de YPF, iban disminuyendo, lo que afectaba el autoabastecimiento de combustibles. Al parecer eso era verdad, pero no toda la verdad. Una de las políticas preferidas del kirchnerismo desde que llegó al poder en 2003 fue la de congelar el precio al público de las tarifas de la energía, o retrasar su ajuste por detrás de la inflación, lo que a su vez desestimuló la inversión privada en el sector. Tomar YPF consistió en tapar un error con otro error.
Las pérdidas de YPF
No obstante, en abril de este año, el columnista político del diario La Nación de Buenos Aires, Carlos Pagni, reveló la trama oculta detrás de la operación. Entre 2007 y 2008 el presidente Néstor Kirchner presionó a Repsol para que vendiera a crédito el 25% de sus acciones en YPF a Enrique Eskenazi, su principal operador financiero desde que era gobernador de Santa Cruz. Según una versión que maneja Pagni, la verdadera motivación de la sucesora y viuda para estatizar la compañía fue el incumplimiento de los Eskenazi con los Kirchner una vez que falleció el expresidente. Luego, son los Eskenazi, que como “afectados”, demandan a la Argentina, y al final del proceso podrían quedarse con 650 millones de dólares de un negocio en el cual nunca pusieron ni un peso.
No es de sorprender que en 2016 YPF empezará a dar pérdidas, y sus utilidades e inversiones se desplomaran. Su valor es hoy una fracción de 2012, con deudas que le superan largamente. Argentina sigue siendo un importador neto de gasoil, gas natural y gas licuado por el orden de los casi 13 mil millones de dólares en 2022, y con un déficit en su balanza comercial de energía de 5 mil millones. Así que ninguna, absolutamente ninguna de las promesas formuladas hace 11 años para expropiar la compañía se han cumplido.
De modo que ese es otro caso de un país latinoamericano incapaz de aprovechar sus abundantes recursos naturales como consecuencia de un marco regulatorio hostil a la inversión privada, y de un gobierno inepto y rapaz.
Un caso similar al de YPF
Si el amable lector ha tenido la paciencia de llegar a esta parte del relato, y conoce el caso de Venezuela, lo anterior seguramente le suena parecido a lo que el gobierno chavista le ha hecho sistemáticamente a la industria petrolera de otrora principal exportador de petróleo del hemisferio occidental (concretamente a PDVSA y socios como Exxon, Conoco y Chevron en las empresas mixtas) y no por casualidad. El kirchnerismo y el chavismo parecen dos hermanos siameses separados al nacer y que, por un azar, el destino volvió a reunir.
A los autodenominados gobiernos progresistas de América Latina les encanta citar los ejemplos de las socialdemocracias del norte de Europa, pero hacen todo lo contrario de esos países donde se respetan escrupulosamente los derechos de propiedad, se manejan exitosas economías de mercado y se administra con mucha disciplina el gasto público.
El chavismo le ha hecho un mayor daño a Venezuela porque, para suerte de los argentinos, el kirchnerismo no ha tenido el mismo poder allá. De lo contrario, estaríamos viendo ríos de gente cruzando hacia los vecinos de Argentina. Con todo y eso véase los resultados de dos décadas de hegemonía kirchnerista.
Ubicados en los extremos geográficos de Sudamérica, los dos movimientos populistas tienen el mismo estilo gamberro y divisivo; igual desprecio por el conocimiento y el trabajo de los demás; similar desordenada avaricia; e idéntica irrefrenable vocación por el robo. En las nefastas consecuencias de las políticas inspiradas en esas actitudes reside la raíz de la reacción que anida en el corazón de la mayoría de argentinos y venezolanos que esperan la oportunidad para castigarlos con su voto.
