Rogelio Núñez (ALN).- Alberto Fernández ha asumido este martes como presidente de Argentina para el periodo 2019-2023 acompañado en la vicepresidencia por Cristina Fernández de Kirchner, primera dama entre 2003 y 2007, y jefa de Estado desde ese último año hasta 2015.
El nuevo periodo de dominio kirchnerista en Argentina, tras la etapa comprendida entre 2003 y 2015, estará lastrado por la crisis económica que padece el país, la nueva etapa de inestabilidad latinoamericana y la persistente incertidumbre mundial.
Además, dos serán las principales características de esta nueva época:
En primer lugar, Alberto Fernández deberá hacer constantes equilibrios tras haber formado, en los hechos, un gobierno de coalición que reúne a las diferentes sensibilidades del peronismo-kirchnerismo.
Y en segundo término, el nuevo presidente deberá convivir con la presencia activa de la expresidenta, que parece poco dispuesta a tener un rol secundario.
Un gobierno de coalición peronista-kirchnerista
En primer lugar se trata de un gobierno de unidad peronista que reúne a las diversas familias del nuevo oficialismo que prolonga la serie de ejecutivos de tinte peronista. Los sucesores de Juan Domingo Perón habrán gobernado en 2023 durante 28 de los últimos 40 años de democracia argentina.
¿Cuál es el plan económico y social de Alberto Fernández para sacar a Argentina de la crisis?
En esta nueva etapa conviven en el Ejecutivo diferentes y, hasta hace poco, enfrentadas sensibilidades del espectro peronista. Martín Rodríguez Yebra en La Nación lo describe muy bien cuando apunta que “en ese colectivo que regresa al poder conviven dirigentes de diversas ideologías, desde un presidente que se define como ‘liberal progresista’ hasta figuras de centro como Sergio Massa; de la derecha ortodoxa del sindicalismo de Hugo Moyano al colectivismo de Juan Grabois, con infinitos matices e intenciones en medio. ¿Será capaz Fernández de dotar de un sentido integrador a ese frente político construido para sostenerlo en el gobierno? Y más allá de eso, ¿tendrá la audacia de cumplir con su promesa de terminar con la grieta y abrirse a una gestión que privilegie los consensos antes que los enfrentamientos?”.
En este gobierno existe, primero que todo, un grupo, el albertismo, que es el mayoritario y que está, sobre todo, vinculado al nuevo mandatario. Lo encabeza el alter ego y mano derecha presidencial, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Cecilia Todesca, como su segunda. Además cabe incluir en este círculo a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Marcela Losardo, ministra de Justicia, o a Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia.
Muy cercanas a este sector se hallan las figuras más claramente alejadas del kirchnerismo: Gustavo Beliz y Vilma Ibarra. El primero secretario de Planeamiento Estratégico y la segunda, secretaria legal y técnica. Ibarra, que fue su pareja sentimental hasta hace cinco años, fue muy crítica con la gestión de Cristina Kirchner. Y Beliz, a quien el nuevo mandatario ha encargado una “reforma profunda” del Estado ya dimitió como ministro de Carlos Menem por negarse a cooperar con “actos de corrupción” y como ministro de Justicia del kirchnerismo por sentirse incompatible con Antonio “Jaime” Stiuso, jefe del espionaje argentino durante 34 años.
Entre las figuras no vinculadas a ninguna familia –pero cercanas al albertismo- destaca Martín Guzmán, quien se va a convertir en el ministro más relevante. Es el nuevo zar de la economía argentina, si bien no va a asumir un rol de “superministro” con capacidad absoluta sí va a centralizar toda el área.
Luego se encuentra la familia kirchnerista que reúne la influencia de Cristina Kirchner. El ministro clave de este sector es Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien estará en el Ministerio del Interior, cartera con enormes competencias políticas. Se le considera la “pata” cristinista en el gobierno pero con perfil dialogante y centrado, muy diferente a la antigua gobernante. Wado de Pedro es miembro de La Cámpora (el núcleo de los más fieles a Cristina Fernández de Kirchner). También destacan en ese espectro figuras como Mercedes Marcó del Pont o Alejandro Vanoli y, sobre todo, Carlos Zannini como jefe de los abogados del Estado.
Fuera de estos círculos se hallan figuras históricas del peronismo, con experiencia en la administración. En ese rol sobresale Felipe Solá, el nuevo canciller, con una gran relación personal con Alberto Fernández. La lista la completan Ginés González García en Salud, y Agustín Rossi en Defensa.
El regreso de Cristina
Otra de las grandes incógnitas es cuál será el papel de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el gobierno de Alberto Fernández. Durante la campaña ocupó un papel muy secundario caracterizado por un perfil muy bajo y prudencia en sus palabras. Todo indicaba que la expresidenta iba a dejar mucho margen de acción a su elegido y se iba a preocupar por su flanco débil, el judicial, donde le esperan nueve causas.
Pero pensar en una Cristina Fernández gris y de perfil bajo era no conocer al personaje. En las últimas semanas ha vuelto a aparecer y ha hecho un despliegue de poder y fortaleza. Ha gestado y construido un gran frente político en el Senado y en la Cámara de Representantes que fortalece al kirchnerismo y, paralelamente, ha pasado a la ofensiva contra sus enemigos.
Gracias a ella la mayoría del kirchnerismo en el Senado aún es más amplia. El peronismo selló la unidad en la Cámara Alta y funcionará como un único bloque conducido por José Mayans, senador vinculado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Fue propuesto por Cristina Kirchner como nexo de unión entre el peronismo federal, el de los gobernadores del interior, y el kirchnerismo, tradicionalmente distantes y con agendas encontradas. Las gestiones de Cristina Kirchner han ampliado la mayoría de su fuerza al unir a Adolfo Rodríguez Saá, por lo que la exmandataria dispondrá de 42 de los 72 senadores, número que les garantiza quórum propio y una amplia mayoría. De hecho, quedaron a seis miembros de conseguir los dos tercios. Además de su control sobre el Senado cabe señalar que su hijo, el diputado Máximo Kirchner, liderará el bloque oficialista en la Cámara de Representantes.
Asimismo, la expresidenta se ha lanzado a la ofensiva contra sus enemigos. Aprovechó su comparecencia ante el Tribunal Oral Federal número 2, como imputada en una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública, para lanzar una dura crítica a los magistrados que la escuchaban y al conjunto del Poder Judicial. Llamó “corsarios” a los fiscales y proclamó que el sumario no era más que “un expediente mediático”. El tono amenazante llegó a su culmen cuando dijo que “este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.
El frente económico
Más allá de lo puramente político, el gobierno de Alberto Fernández será juzgado por su éxito o fracaso en el terreno económico y en el social, donde un 40% de la población se encuentra en situación de pobreza. Por delante tiene una ardua tarea: debe derrotar una inflación de más del 50%; un dólar sobrevalorado que, pese a al cepo cambiario, deteriora el nivel de vida y provoca subidas en el coste de la vida; un alto endeudamiento –superior al 80% del PIB-; una recesión de dos años que superará el 3% en 2019 y un gasto social que se lleva el 75% del presupuesto.
Frente a la senda de ajuste duro que emprendió Mauricio Macri en 2018-2019, Alberto Fernández no desea imponer un shock (“Vamos a salir adelante sin ajustar a los que menos tienen”, es el lema del nuevo mandatario) ni dejar de pagar la deuda. La clave para cuadrar ese círculo pasa por renegociar el pago de ese endeudamiento y, sobre todo, volver a crecer con medidas de corte heterodoxo y de estímulo al consumo (“La primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar”), poniendo dinero en el bolsillo de la gente.
Eludir el ajuste y reprogramar el pago de la deuda son sólo soluciones coyunturales a la espera de las reformas estructurales que tendrán que llegar a medio plazo, las cuales no sólo causarán un inevitable malestar social sino que provocarán tensiones en la heterogénea alianza oficialista.
