Redacción (ALN).- La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.
Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.
LEA TAMBIÉN
Colombia suspende el control que mantenía sobre Monómeros
Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.
Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.
El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.
Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.
Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.
LEA TAMBIÉN
Oposición concluye que sí hubo irregularidades en Monómeros por directiva designada por Guaidó
Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.
La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.
Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.
Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.
Falta de dinero
El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.
Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.
¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.
Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.
“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.
La la nota íntegra en VOA
