Redacción (ALN).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que suele publicar sentencias favorables al gobierno de Nicolás Maduro, ya no solo falla con tintes políticos ante los ojos de la oposición. Ahora, su misión de impartir justicia también se ha ralentizado, apuntan investigadores independientes.
“Los datos disponibles hasta principios de junio revelan que el TSJ apenas ha adoptado un 28,87% de las decisiones que tomó en 2021, y eso que ya nos encontramos a mitad del año”, aseguró la ONG Acceso a la Justicia.
Según la organización civil, la Sala de Casación Penal lidera las dependencias del Tribunal Supremo con mayor número de sentencias, con 175. Le siguen la Sala Constitucional, con 174 fallos, y la Sala de Casación Civil, con 161.
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“La Sala Político Administrativa, con 153 sentencias, estaba en el cuarto lugar, y las salas de Casación Social, Electoral y Plena con 60, 46 y 31 decisiones, respectivamente, cerraban la lista”, complementa la organización civil.
El oficialismo renovó este año el Tribunal Supremo de Justicia con una reforma de la Ley del Poder Judicial a través de la Asamblea Nacional electa en 2020. Redujo el número de magistrados por cada sala y los juristas en total.
La oposición al gobierno de Maduro y diversos organismos consideraron que la reforma violó la Constitución al elegir como magistrados a figuras con clara inclinación hacia el chavismo y otorgar nuevos períodos de 12 años a juristas que ya integraban las salas del TSJ.
Acceso a la Justicia asegura que el TSJ exhibe “una progresiva caída en el número de decisiones” en los últimos años. Cita que publicó 6.401 sentencias en 2016, es decir, casi cinco veces del promedio de fallos que lleva al momento.
Además de politización de la justicia, ahora hay “improductividad” del TSJ, añadió. Su peor año fue 2020, el de la pandemia por COVID-19, con 1.215 decisiones. El TSJ estuvo “prácticamente paralizado” por ocho meses, puntualiza la organización.
La revisión de datos disponibles en la página web del organismo rector del poder judicial permitió constatar que “algunas de sus dependencias tuvieron más de dos meses y medio sin dictar una sola decisión”. Resaltó a la Sala Plena, que, hasta mediados de junio, “acumuló tres meses sin dictar decisiones”.
La ONG adujo que la paralización de las salas judiciales ocurrió por la expectativa del nombramiento de nuevos magistrados y del sucesivo proceso de “reorganización y redistribución de expedientes” de esa elección legislativa.
Poca confianza en su rol
El Estado venezolano defiende la integridad de su sistema de justicia, ante un sinfín de reportes de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre la ausencia de independencia entre los poderes públicos del país.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, asegura que ni siquiera es necesaria ya la vigencia de una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, aseguró a la Voz de América que la falta de acuerdos políticos dentro del chavismo para las designaciones de los nuevos magistrados retrasó la productividad del TSJ. “Estos magistrados seguramente creían que se iban y decidieron no firmar nada. Luego, vinieron los nuevos y lógicamente empezaron a acostumbrarse, a enterarse”, manifestó la también abogada, que califica el hecho de imprudente.
Las cifras de productividad judicial son similares a los tiempos de la pandemia, subraya, cuando el Estado postergó por muchos meses el cierre de sus tribunales, notarías y registros, denunció Scognamiglio.
Entre 2016 y 2020, cuando la oposición ganó el Parlamento, la actividad del TSJ se disparó para hacer las veces de poder judicial y también de legislativo, dice.
“Es una práctica recurrente del chavismo. La Sala Constitucional hoy no le es útil al poder”, advierte, destacando que el oficialismo controla el Parlamento.
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