Redacción (ALN).- En Venezuela hay candidatos opositores que están inhabilitados para ejercer cargos públicos. Si uno de ellos gana las primarias, la oposición tendrá que llegar a un acuerdo con el chavismo para participar en las elecciones presidenciales del próximo año.
La Contraloría General de la República, encabezada por funcionarios cercanos al chavismo, ha inhabilitado este siglo a múltiples dirigentes políticos y exgobernantes opositores con sanciones administrativas que les impiden ejercer cargos públicos en Venezuela.
Las inhabilitaciones son medidas “arbitrariamente impuestas” por el oficialismo durante años contra los principales líderes de la oposición, según expuso el presidente de la comisión nacional para la elección primaria y abogado constitucionalista Jesús María Casal.
La Plataforma Unitaria de partidos políticos que enfrentan al gobierno de Nicolás Maduro espera escoger a su abanderado para las presidenciales de 2024 en una votación primaria que se realizará el domingo 22 de octubre. Según sus organizadores, los políticos inhabilitados por el chavismo podrán participar sin inconvenientes en la contienda.
Algunos posibles candidatos
El reglamento de la primaria no prohíbe la postulación de un candidato inhabilitado.
María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela, que encabeza la intención de voto en ese proceso electoral del antichavismo, es una de las afectadas. Machado fue inhabilitada por parte de la Contraloría General para ejercer cargos públicos durante un año con base en la Ley contra la Corrupción. A mediados de 2016, esa restricción venció oficialmente. En 2014, el chavismo la acusó de “traición a la patria”.
Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial y potencial abanderado del partido Primero Justicia en la primaria de octubre, también fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por presuntas “irregularidades administrativas” en tres años fiscales mientras era gobernador del estado Miranda, según la Contraloría General.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela entre 2019 y 2022, potencial candidato para la primaria por parte del partido Voluntad Popular, también fue inhabilitado en 2021 por 15 años junto a otros 27 diputados tras no haber presentado una declaración jurada de patrimonio, argumentó la Contraloría.
César Pérez Vivas, un exgobernador que aspira a la primaria, también fue inhabilitado en 2015 por siete años debido a presuntas irregularidades administrativas en su gestión. En la práctica, su sanción se cumplió a cabalidad en el primer semestre del año pasado.
Estrategia riesgosa
Las inhabilitaciones condicionan las candidaturas de los aspirantes opositores de cara a 2024, opina el politólogo y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos. A su juicio, son “un peso a cuestas” de los afectados desde el inicio de la carrera electoral.
Aspirantes como Capriles Radonski buscan generar la suficiente presión al gobierno en caso de ganar la primaria para que le suspenda esa inhabilitación.
“Pero es una hipótesis y está poniendo la bola del lado del chavismo. Es una estrategia riesgosa”, remarcó Ríos.
Víctor Maldonado, politólogo y profesor universitario, dice que “el régimen no cesa en imponer unas reglas de juego que le dan ventaja”.
Para él, la primaria de octubre es solo un método de selección del candidato de los cuatro principales partidos de la oposición, “con la presencia como invitados de otros partidos”.
“No hay piso parejo. No hay nada parecido a amnistía política. Y si siguen el guion nicaragüense, tendrán como competidores candidatos a la medida de sus expectativas”, afirmó, recordando cómo el presidente Daniel Ortega anuló los derechos políticos de al menos siete candidatos opositores en las últimas presidenciales del país centroamericano.
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