Redacción (ALN).- La Corte Penal Internacional reclasificó como público un documento de su Fiscalía donde dice haber observado “inacción” por parte del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad desde 2017 y reivindica su competencia para investigarlos en una fase aún por definirse.
El texto, que incluye las observaciones de la fiscal saliente Fatou Bensouda ante la Sala de Prejuicio de la Corte Penal Internacional sobre el caso venezolano, precisa que existe “una base razonable” en su investigación para creer que “se han cometido crímenes en Venezuela dentro de la jurisdicción de la CPI”.
Su informe, fechado el 15 de junio pasado, es decir, un día antes de dejar su cargo en manos del nuevo fiscal Karim Khan, remarca que existen elementos para creer que, desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro “han cometido delitos contra la humanidad mediante el arresto u otra privación severa de libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual y persecución contra cualquier grupo identificable por razones políticas”.
Se trata de la versión pública de un escrito que ya había sido entregado con anterioridad, el 15 de junio, cuando Bensouda aún era fiscal jefa de la CPI. Son sus observaciones como respuesta a la exigencia de control judicial que intentó ante la Sala de Prejuicio el fiscal designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y exgobernador del partido de Maduro, Tarek William Saab.
Al referirse al principio de complementariedad, la exfiscal Bensouda precisó que su oficina concluyó que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad le llevaron a pensar que el caso venezolano sería “admisible” para investigar.
“Los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17” del Estatuto de Roma, detalla en su reporte ante la Sala de Prejuicio.
Y, sobre la responsabilidad de las autoridades venezolanas, añade: “habiendo revisado la información entregada por las autoridades domésticas, los casos potenciales que surgirían de una investigación de la situación serían admisibles en los términos de inacción” del Estado venezolano.
La decisión de definir si el expediente de presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela desde 2017 quedó, desde entonces, en manos del fiscal entrante, el británico Karim Khan. El abogado no se ha pronunciado al respecto.
